Tucumán. Operativo Independencia: confirman condenas y anulan tres de nueve absoluciones

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó una serie de condenas a acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucuman desde febrero de 1975. También anuló la absolución a tres represores.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas por crímenes de lesa humanidad juzgados en la “Megacausa 14”, que englobó los hechos cometidos durante el Operativo Independencia en Tucumán a partir de febrero de 1975, cuando el gobierno de Isabel Martínez de Perón ordenó que el Ejército ocupe militarmente la provincia, hasta el 24 de marzo de 1976.

La Sala III del máximo tribunal penal del país, con los votos concurrentes de los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, revisó la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, donde se definió la responsabilidad penal de los encausados por múltiples violaciones a los derechos humanos. El tribunal confirmó las diversas condenas y anuló 3 de las 9 absoluciones que en 2020 habían resuelto los jueces federales Gabriel Eduardo Casas, Carlos Jiménez Montilla y José Camilo Quiroga Uriburu.

Así, los camaristas confirmaron las condenas por crímenes de lesa humanidad a Fernando Torres (condenado a prisión perpetua), Luis Orlando Varela (condenado a prisión perpetua, fallecido en octubre de 2022), Adolfo Ernesto Moore (condenado a prisión perpetua), Alberto Héctor Rafael Montes de Oca (18 años de prisión), José Carlos Sowinski (18 años de prisión), Benito Palomo (16 años de prisión), Carlos Alberto Lafuente (16 años de prisión), Rolando Reyes Quintana (14 años de prisión), Félix Insaurralde (14 años de prisión), Hugo Javier Figueroa (14 años de prisión), Guillermo Agustín Ugarte (14 años de prisión), Ricardo Oscar Sánchez (14 años de prisión), Juan Francisco Nougués (10 años de prisión), Ernesto Rivero (10 años de prisión).

A la vez, la Cámara anuló por arbitrarias y carentes de fundamentación las absoluciones de Ernesto Alejandro Repossi, Julio Luis Teodomiro Bidone (fallecido en junio de 2021) y Juan Antonio Garibotte, exsegundos jefes de unidades militares de Tartagal, Jujuy y Mendoza, respectivamente, que tuvieron a su cargo bases instaladas en Tucumán.

En el juicio que inició en 2019 también había sido absueltos el miembro retirado del Ejército Ramón Alfredo Ojeda Fuentes, el gendarme Celso Alberto Barraza (el Ministerio Público Fiscal había pedido prisión perpetua para ellos), Hugo Enzo Soto (se había solicitado 15 años de prisión), Pedro Osvaldo Caballero (se había solicitado 11 años de prisión); los policías retirados Miguel Ángel Orlando Chaile (se había pedido prisión perpetua) y María Luisa Acosta de Barraza (se había solicitado 10 años de prisión).

Este 24 de Marzo marchemos contra la impunidad
La “Megacausa 14” estuvo integrada por la causa Operativo I y II ( 266 víctimas), la causa Tártalo (47 víctimas), Causa Palomo (20 víctimas) y las causas por Dardo Molina y Osbaldo Muñoz. Este proceso iniciado en diciembre de 2019 reunió cinco causas que comprendieron a 335 víctimas y a 25 imputados. 9 de los 25 acusados fueron absueltos y ahora solo se anularon 3 de esas 9 absoluciones, mientras que la mayoría del resto fueron condenados en penas menores a las solicitadas.

Este fallo también estuvo antecedido por el juicio de la megacausa Operativo Independencia (finalizado en septiembre de 2017), que abarcó a más de 400 testigos y 266 víctimas y donde 7 represores fueron absueltos, 6 condenados a perpetua y otros 4 condenados entre 4 y 18 años. En ambas megacausa se ven los contornos de la impunidad para los genocidas, ya que las prisiones perpetuas son para quienes ya recibieron la misma condena en otros procesos, mientras que el resto de las penas son bajas y las absoluciones son fundamentadas en un espíritu de obediencia debida. Además, los “tiempos de la Justicia” llevan a que se imponga el “punto final biológico”, por ejemplo en esta causa Bidone fue absuelto y falleció en junio de 2021.

Los testimonios de sobrevivientes, familiares y testigos dan cuenta de la participación de los empresarios que apuntaron contra la organización obrera, como un verdadero objetivo del Operativo Independencia. La participación empresarial abarcó desde el señalamiento de obreros para su secuestro hasta ceder ingenios azucareros para instalar centros clandestinos de detención. La participación del clero también fue mostrada pero junto a la participación empresaria no fueron juzgadas. Tampoco se juzgan ni responden por su responsabilidad los actores políticos fue también fueron parte del Operativo Independencia.

Este 24 de marzo es necesario movilizarse y seguir impulsando la lucha independiente por memoria, verdad y justicia, exigiendo la apertura de los archivos de inteligencia que se encuentran en manos del Estado y la pelea por lograr cárcel común, perpetua y efectiva para todos los responsables de las torturas y desapariciones del Operativo Independencia y de la dictadura cívico militar eclesiástica. (LID) Por Maximiliano Olivera