Los abogados de la coalición política Acuerdo para el Bicentenario realizaron una presentación en la Justicia Federal, imputando al Secretario de la Junta Electoral, Darío Almaraz, a miembros de la Gendarmería Nacional y del Correo Argentino, por formar parte de una “asociación criminosa” y por “cohecho”.
Asociación Ilícita, Asociación Ilícita Calificada, Atentados al orden constitucional y a la vida Democrática; Delitos contra la Administración y la Fe Pública; Violación de los Deberes de un Funcionario Público; y Violación a la ley de Defensa de la Democracia, son los delitos que desde el Acuerdo Para el Bicentenario imputan a los miembros jerárquicos de Gendarmería Nacional, a las autoridades del Correo Argentino -a cargo del traslado de urnas y conteo provisorio-, y a los secretarios de la Junta Electoral Provincial, Darío Almaraz y Alfredo Iramain; y de Francisco Jiménez, propietario de Info Foj, servicio que se contrató la JEP para controlar la actividad el movimiento de las urnas en la sede de Mendoza 1.050
La presentación judicial surge luego que desde Gendarmería se informase a la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tribunal en el que ingresaron las distintas acciones iniciadas por la oposición ya sea para lograr la apertura de todas las urnas o la nulidad de los comicios, y el llamado a nuevas elecciones, que muchos de los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en la sede donde la Junta Electoral Tucumana (JEP) resguarda las urnas con las que se votó el 23 de agosto se encuentran inutilizables.
Esto fundamentó la sospecha de los referentes de la oposición que las irregularidades que vienen denunciando desde el día de los comicios son un claro intento de “encubrimiento” de los delitos presuntamente cometidos antes, durante y después del 23 de agosto, para intentar torcer los resultados de la voluntad popular, y cuya responsabilidad material recaería sobre el Correo y Gendarmería pero con la participación necesaria de la JEP.
Según el documento que ingresó esta mañana en los despacho del Juez Fernando Poviña, titular del Juzgado Federal Número II, y del Fiscal Federal Pablo Camuñas, los miembros de Gendarmería Nacional y del Correo Argentino señalados, y los secretarios de la Junta (Almaraz y Iramain) formarían parte de un organización “criminosa” destinada “a violentar la voluntad de los ciudadanos”.
Los vocales de la Junta Electoral (miembros de la Corte y de Ministerio Público Fiscal) por tener privilegios constitucionales no fueron incluidos en la denuncia, puesto que los mecanismos legales para una acusación son diferentes. No obstante, desde el Acuerdo exigirán que sean citados por la Justicia Federal. “Fue un plan pergeñado donde nadie puede ignorar lo que estaba ocurriendo, ni los miembros de la JEP ni el personal de seguridad”, agregó Robles.
Por el carácter de los cargos denunciados y la importancia de las figuras involucradas, la parte demandante entienden que el pedido de detención e incomunicación debe cumplirse en forma inmediata. “Con todas las pruebas que hay se deberían detener en el acto a los imputados. La detención e incomunicación de los acusados resulta indispensable a fin de preservar las pruebas. Teniendo en cuenta la impunidad que le garantiza el gobierno provincial, nos hace sospechar fundadamente que las pruebas van a desaparecer”, explicó Juan Roberto Robles, representante de la querella. (PrimeraFuente)
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