Un mes después. Bullrich y la represión en Congreso: del armado de causas truchas a su responsabilidad criminal

El 12 de marzo, además de herir a Pablo Grillo y a Jonathan Navarro, el Gobierno “cazó” al voleo a 114 personas. Fueron liberadas, pero sigue abierto un expediente armado por la ministra en el que las pruebas brillan por su ausencia. En otras dos causas, ella está entre los acusados. Los vaivenes judiciales a un mes de la brutal represión.

Se cumple un mes de los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la relación del gobierno de Javier Milei con la protesta obrera y popular. El miércoles 12 de marzo debería quedar marcado en el almanaque como el día en que “la calle” le terminó de enrostrar a los estrategas de La Libertad Avanza lo limitado de sus aspiraciones. El día en que parte del pueblo se le plantó a un gobierno en crisis (por sus límites y sus errores no forzados), resistió con coraje la represión y desmontó las mentiras lanzadas coordinadamente por usinas oficiales y paraestatales.

Los hechos alcanzaron repercusión internacional. Entre otras cosas, por el accionar homicida de las fuerzas de “seguridad”, que casi termina con la vida de un trabajador de prensa. Buenos resúmenes de lo acontecido podés ver acá, acá o acá. Pero muchas cosas no terminaron ese día, sino que continúan. Empezando por la movilización de jubiladas y jubilados que crece cada semana frente al Congreso, acompañados por hinchas de fútbol, laburantes, estudiantes y la izquierda.

Pero también esa represión tuvo derivaciones judiciales, con al menos tres causas penales abiertas. Una por el ataque letal de Gendarmería al fotógrafo Pablo Grillo, quien afronta valientemente una compleja recuperación. Otra por el disparo, también de parte de fuerzas federales, que le cegó el ojo izquierdo al hincha de Chacarita Jonathan Navarro. Y una tercera, endeblemente armada por Patricia Bullrich, en la que 116 personas están acusadas de “atentado y resistencia a la autoridad”.

Los casos de Grillo y Navarro muestran la brutalidad criminal de las fuerzas al mando de la ministra de Seguridad Nacional cuando tratan de intentar someter a quienes protestan en las calles. Brutalidad que se vio en varias manifestaciones a lo largo de 2024 y en los recientes crímenes de Fernando Gómez en Salta e Ivo Torres en Jujuy, pero que el 12 de marzo cobró más notoriedad.

Lo sufrido por el fotógrafo de 35 años es lo más conocido, al punto que la propia ministra creyó tambalear en el cargo a medida que iban saliendo a la luz las pruebas del ataque homicida de Gendarmería. De Navarro, trabajador municipal de 33 años que vive en San Martín, se sabe menos. Pese a haber perdido la visión de su ojo izquierdo por un balazo de goma, las empresas periodísticas no cubren su caso.

“¡Disparen al lente!”
La causa por el intento de homicidio de Grillo recayó originalmente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de María Servini. Lo primero que intentó la jueza fue sacársela de encima, derivándola al Juzgado Federal 12, que no tiene titular y es subrogado por Ariel Lijo. El “casi juez” de la Corte (el Senado rechazó su pliego) se declaró incompetente y la Cámara Federal ordenó a Servini retener el expediente. Allí interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano.

Como se recordará, a través de una reconstrucción basada en el aporte colectivo de imágenes (del que La Izquierda Diario fue parte), el Mapa de la Policía logró determinar que el ejecutante del disparo de gas lacrimógeno, fuera de todo protocolo y con claras intenciones criminales, fue el cabo primero Héctor Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional.

Guerrero no tuvo un “rapto de locura”. Su accionar fue parte de una planificación. Por eso la familia Grillo reclama que se investigue a Bullrich, al director nacional de Gendarmería Claudio Brilloni, al jefe de la Unidad 6 Héctor Ferreira y al jefe del Comando Región I Marcelo Porra Melconian, entre otros. La cadena de mandos debe responder por sus responsabilidades penales.

En el expediente ya se ordenó el pedido de información tanto a Gendarmería como a los ministerios de Seguridad nacional y porteño. Entre otras cosas, se solicitaron la remisión de filmaciones de cámaras de seguridad (tanto públicas como privadas), los listados del personal desplegado esa tarde, el detalle de armas, gases y municiones usadas, los “protocolos” de actuación aplicados y el registro de las comunicaciones internas.

La familia Grillo, a su vez, pide que se incorporen al expediente todo lo que registraron durante esas horas decenas de medios de comunicación, gráficos, radiales y audiovisuales. Y que Bullrich entregue el listado completo de quienes se encontraban en la Sala de Situación de la Dirección de General de Operaciones del Ministerio. Allí, además de múltiples testigos, podría haber nuevos imputados.

En las últimas semanas Servini se tomó licencia. Hasta este jueves la subrogó su colega Sebastián Ramos. Recién este viernes, a un día de cumplirse el mes, la jueza aceptó como querellantes a los padres del fotógrafo. Una dilación que, durante semanas, impidió actuar normalmente en el expediente a las abogadas del CELS y la LADH que los patrocinan. Para aceptar a los abogados defensores del cabo Guerrero la jueza fue más expeditiva.

Los Grillo están convencidos, e irán por ello, de que Guerrero debe ser acusado de autor material de “tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Algo que también debería alcanzar a sus superiores, quizás a la propia Bullrich.

Y a las camisetas!”
El caso de Jonathan Navarro también impacta y conmueve. El 12 de marzo su vida pegó un vuelco inesperado al perder la visión de su ojo izquierdo por un balazo de goma lanzado a corta distancia desde un grupo de prefectos y policías federales. Hincha de Chacarita, en una detallada conversación con este diario, en su casa de San Martín, Navarro contó por qué fue al Congreso, cómo recibió el impacto y qué piensa de la avanzada represiva oficial.

Mientras sigue una recuperación médica que le llevará varios meses, el albañil y empleado municipal ya denunció penalmente al Estado nacional por la grave herida recibida. Junto a su abogado Pablo Zapulla, acusan directamente a Bullrich y sus subalternos. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcciona N° 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, e interviene la Fisacalía Nacional N° 55 que subroga el fiscal César Troncoso.

El último miércoles Navarro no pudo ir a la plaza, pero no quiso estar ausente. “Les envío mi apoyo a los jubilados, Bullrich actúa de esta forma para que la gente tenga miedo, pero no hay que aflojar aunque la lucha sea larga”, dijo en la previa a la movilización a través de un video filmado desde su casa

Presos sin pruebas
La primera causa derivada de la represión del miércoles 12 se abrió por decisión del propio Gobierno. Allí están acusadas de “atentado y resistencia a la autoridad” 116 personas. Se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce la jueza Karina Andrade. Primero intervino la Fiscalía de Flagrancia y hoy lo hace la Fiscalía N° 14 a cargo de Pablo Gaspani.

Como informamos a horas de desatada la represión, ese expediente tiene un sin fin de irregularidades de origen. Empezando por la supuesta “flagrancia” que habría motivado a la Policía Federal y la de la Ciudad a detener a 114 personas en las inmediaciones del Congreso. Las acusaciones vagas, así como las imprecisiones de tiempo y lugar de cada detención, superaron a cualquier “prueba”. Tan flojo de papeles fue el accionar del Ministerio de Seguridad que, en cuestión de horas, la jueza Andrade no tuvo más remedio que liberar a todas y todos.

Enardecida, Bullrich acusó a la jueza de no cumplir con su deber y decidió meter mano. Atrincherada en su relato contra supuestos “barrabravas” que habrían copado salvajemente la Plaza Congreso, publicó un listado de 26 personas a las que se les aplicaría el “derecho de admisión” a estadios de fútbol, veinte de las cuáles son parte de aquellas 114. Tan burdo es todo que allí hay gente a la que ni le gusta el fútbol ni fue nunca a la cancha.

Una semana después de la represión, la ministra quiso sumar otros 29 imputados. Con anuencia de la Fiscalía, a dos de ellos los acusa de haber sido quienes incendiaron el patrullero de la Policía de la Ciudad que fue sospechosamente abandonado, con las puertas abiertas, en medio de la manifestación. La jueza Andrade ordenó la prisión preventiva de estos últimos, pero rechazó el pedido por los otros 27.

De la lista original de 114 personas imputadas, siete son patrocinadas por un equipo de abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) encabezado por Matías Aufieri, quien a su vez es otra víctima de la represión de Bullrich. Al igual que Navarro, el letrado perdió la visión de su ojo izquierdo en febrero de 2024 por un balazo de goma disparado por la Policía Federal. Por eso es querellante en otra causa en la que también se investiga el accionar de policías y funcionarios nacionales.

El año pasado, junto a Myriam Bregman, Aufieri también tomó la defensa de varias de las 33 personas detenidas el 12 de junio, otra vez en redadas irregulares a varias cuadras del Congreso. Causa en la que casi todos terminaron sobreseídos por la jueza Servini (la misma del caso Grillo), ante la endeblez de las acusaciones del fiscal Carlos Stornelli y su amiga Bullrich.(L.I.D)