¿Una defensora de la tortura a la Procuración Penitenciaria?

El gobierno argentino no deja de sorprendernos cada día. Ahora impulsa a Silvia Martínez como titular de la Procuración, quien desmintió un informe sobre torturas en cárceles federales, defendió al Servicio Penitenciario y es puntual amiga de la "Familia Judicial", proveedora de cómplices para perpetrar los suplicios cuando cualquier hijo de vecino va a parar tras las rejas. Las impugnaciones que recibió Martínez van desde Pérez Esquivel hasta nuestra Agencia. ¿Se hará justicia?

Una comisión bicameral del Congreso iniciaba la elección de quien estará al frente de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) en los próximos cuatro años. El dato saliente es que la candidata del gobierno nacional, Silvia Martínez, no es tan conocida por su actuación en defensa de los derechos humanos sino que, por el contrario, debe cierta celebridad a sus acciones y omisiones que encubren la tortura sistemática en la cárceles argentinas, a su falta de independencia -por decirlo de modo elegante- del Servicio Penitenciario Federal, (organismo que debería controlar); y por sus buenas migas con la llamada "Familia Judicial", proveedora de los cómplices necesarios del escarnio cotidiano que viven los detenidos y sus familiares.

De ese modo, diversas organizaciones y personalidades impugnaron la postulación Martínez. Entre ellas, Adolfo Pérez Esquivel, Comité Provincial de la Memoria, Instituto de Investigaciones Gino Germani dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Centro de Estudios Legales y Sociales, Casa del Liberado (Córdoba) Grupo Universitario Devoto, ONG Rompiendo Muros y la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh.

Cómo se sabe, el Procurador es quien velar por las condiciones de detención, los derechos humanos y las garantías de las personas detenidas en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Los hechos

En noviembre de 2007 la PPN presentó el informe preliminar de una investigación de malos tratos físicos en cárceles federales, que realizó en el transcurso de ese año. Meses más tarde, lo haría en forma completa: con fotos, testimonios, testigos y textos que dan cuenta de modo contundente de golpes, cortes, balazos de goma efectuados a corta distancia por miembros del SPF contra los presos y presas, además del verdugueo cotidiano.

Como se recordará, la Agencia Walsh sintetizó y difundió el Informe Sobre Malos Tratos Físicos y Tortura: Un Estudio sobre Procedimientos de Requisa, Sanción de Aislamiento y Agresiones Físicas, producido, entre otros, por Alcira Daroqui, reconocida investigadora y Carlos Motto, sociólogo y ex preso político de La Tablada, quienes condujeron el meticuloso estudio que da cuenta de la férrea Paloterapia que se descarga sobre los cuerpos y las almas de quienes habitan del otro lado de las rejas.

Lo cierto es que a raíz de la difusión preliminar del informe, en Página 12, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, integrada por Silvia Martínez, emitió un comunicado en el cual "desmentía" los datos dados a conocer por la investigación de la PPN, y expresaba: "De resultar cierto, hablaría de una práctica sistemática de tortura. La descripción no se ajusta a la realidad y por otra parte, no sería posible sin el conocimiento de los jueces, fiscales y defensores que gestionan el sistema judicial". Luego, el escrito elogiaba la actual gestión el SPF conducida por Alejandro Marambio.

Queda a la vista como son las cosas en el mundo del revés: una abogada, miembro de la Defensoría General y nada menos de la Comisión de Cárceles, defiende a lo indefendible y, tal cual viviera en en otra galaxia, manifiesta desconocimiento y asombro sobre lo que es palpable urbi et orbi. ¿Puede esta señora realmente amparar los derechos de los detenidos? ¿Lo quiere?

Pena corporal: sistemática e institucional

Vale recordar algunos elementos sintetizados por la Walsh sobre el Informe en cuestión en su momento: "La "bienvenida", el "pata-pata", el "puente chino" o "la pirámide", no son los nuevos ritmos de la noche. Se trata solo de algunas de las prácticas violentas de la política penitenciaria destinada al aniquilamiento de los presos y presas. Por caso, uno de los testimonios es categórico en referencia a "la bienvenida": "Los penitenciarios casi me matan, estuve a punto de desmayarme, me daban la cara contra la pared, me cortaron la oreja y me decían: ’viniste al infierno".

Además, En el Informe se detalla que la requisa personal constituye uno de los aspectos del trato que han designado como maltrato físico vejatorio y degradante. Registra la peculiaridad más gravosa, el desnudo total y flexiones que da cuenta de la exposición del cuerpo totalmente desguarnecido con el agravante de realizar esas flexiones a efectos de "agudizar" la inspección por parte del personal del servicio penitenciario de la zona genital-anal.

Otra de las voces, afirmó en la investigación: "Cuando entra la requisa, depende de cual te toque ese día, te hacen desnudar y hacer varias flexiones para ver si se te cae algo de la vagina, pero no lo hacen por eso, lo hacen para que te sientas mal, no respetan si sos una mujer grande, hasta lo han hecho con embarazadas".

Para Martínez, estas afirmaciones y lo investigado son invenciones.

La Constitución Nacional asegura en su artículo 18 que: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".

Sin embargo, el Informe demostró que el gobierno nacional y sus hombres del SPF se pasan este contenido bien por el cuerpo del olvido. Porque con toda certeza la tortura en las cárceles es una política, es el cotidiano padecer de quienes fueron depositados tras las rejas, luego de ser marginados de la sociedad. Y en tal sentido la investigación sostiene que "la regularidad y sistematicidad de las prácticas violentas institucionales por parte del personal penitenciario le "imprimen" a la cárcel el atributo de pena corporal. Se consideró entonces, el maltrato físico como castigo reflejado en el cuerpo del detenido/a, el cuerpo como medio y fin de aquellos ejercicios regulares y sistemáticos de soberanía, disciplina y control, que en tanto dispositivos desplegados y articulados se constituyen en estrategias de gobernabilidad en el marco de las relaciones sociales carcelarias".

Como se sabe, la Argentina es sólo uno de los cinco países del planeta que tiene un servicio penitenciario militarizado, a la vez que se halla altamente especializado en una diversidad de suplicios que no son letra, pero si hechos rotundos que acuden presurosos ni bien cualquier hijo de vecino ingresa a un penal. Si Martínez es elegida procurada habremos dado un gran paso en esta dirección y mil pasos atrás en la defensa de los sectores más desprotegidos por un orden injusto hasta la médula que mata de marginación, hambre, balas, humillación y tortura tras las rejas.