Una misión auditora del FMI llegó al país para evaluar el crédito a Macri

Un equipo de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) se reunirá con ex funcionarios que negociaron ese acuerdo. Buscan determinar si el directorio actuó de acuerdo al estatuto para darle USD 45.000 millones al gobierno de Mauricio Macri.

Dos semanas después de que la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional Gita Gopinath pasara dos días en Buenos Aires para supervisar la marcha del plan económico y el acuerdo vigente con el FMI, de manera silenciosa una comitiva de tres funcionarios de la oficina auditora del organismo comenzaron un raid de reuniones en esta ciudad.

Los auditores preguntan a funcionarios actuales y pasados sobre uno de los temas más espinosos en la relación entre la Argentina y el FMI: si el mega préstamo de USD 45.000 millones en 2018 estuvo debidamente justificado según el estatuto del propio organismo.

Un grupo de integrantes de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) arribó a Buenos Aires en los últimos días y mantuvo una serie de reuniones. Aunque no hubo confirmación oficial sobre la concreción de esos encuentros, la comitiva de la OEI buscaba reunirse con funcionarios que hayan tenido involucramiento directo con el préstamo en aquel momento. Uno de ellos es el ministro de Economía, Luis Caputo.

El presidente del Banco Central en ese entonces es hoy asesor presidencial, Federico Sturzenegger.

El jefe de evaluación de esa oficina Miguel de las Casas, no brindó detalles sobre el listado de reuniones que tendrán en Buenos Aires por tratarse de información confidencial de la OEI.

En términos concretos, la misión de la oficina evaluadora independiente tiene como objetivo consultar a hacedores de política económica durante los meses de negociación de aquel Stand By Agreement (SBA), el tipo de préstamo firmado en 2018, sobre si creen que el país cumplía con los cuatro requisitos para que el directorio del Fondo Monetario pueda otorgar un crédito a la Argentina por un monto superior a la cuota que le corresponde por ser miembro del organismo.

En el caso argentino, con los USD 45.000 millones acordadas esa cuota fue superada en más de 1.200 por ciento. Esos cuatro criterios -que el staff técnico evalúa en cada examen trimestral de revisión de los programas- son: que el país solicitante experimente o pueda experimentar una crisis de balanza de pagos; que la deuda pública del país sea considerada “sostenible” en el mediano plazo; que la economía en cuestión tenga perspectivas de retorno a los mercados de capitales para hacer frente al repago del préstamo y, en cuarto lugar, que el programa tenga posibilidades ciertas de éxito, por la implementación ejecutiva pero también por la existencia de un contexto político que lo sustente.

La misión de la OEI quiere pasar en limpio, entonces, si la Argentina cumplía con esos cuatro filtros en el momento en que se otorgó el megapréstamo.

Este tipo de criterios son los que debe cumplir cualquier país que pida un crédito que exceda su cuenta, y son los que también debería aprobar la Argentina nuevamente si, por ejemplo, apareciera sobre la mesa la chance de un programa nuevo, una posibilidad que comenzó a ser estudiada técnicamente en Buenos Aires y en Washington.

El funcionario de la OEI aseguró que el trabajo de examen que hará junto a su equipo sobre las condiciones en las que se dio el crédito SBA a la Argentina se extenderá durante todo el 2024.

El programa Extended Fund Facility (EFF) actual no está en examen ya que, aseguró De las Casas, la OEI solo tiene potestad para auditar programas completados, no aquellos que estén en marcha.

“La evaluación examinará la aplicación de esta política en programas con acceso excepcional completados, incluido el Stand By con Argentina de 2018. La evaluación analizará el diseño y la aplicación de los principales elementos de la política de acceso excepcional, que incluyen los cuatro criterios de acceso excepcional (que se centran en las necesidades de balanza de pagos del país, la sostenibilidad de su deuda, su acceso a los mercados y las perspectivas de éxito del programa), los procedimientos reforzados para la toma de decisiones, y las evaluaciones a posteriori”, dijo el funcionario.

“En el curso de las evaluaciones de la IEO, es práctica habitual visitar los países relevantes para recabar las opiniones de los actores clave a nivel nacional sobre los temas evaluados. En este contexto, se está desarrollando ahora la visita a Argentina”, concluyó.

Ante una consulta la portavoz del Fondo Monetario Julie Kozack aseguró este jueves que la OEI realiza “evaluaciones objetivas” que son “relevantes para el mandato del FMI”.

“El de Argentina es uno de los programas pero no el único que será examinado”, detalló. En rigor, también estarán en ese estudio los casos recientes de Ecuador y Egipto.

Las críticas de Guzmán

La única reunión de la comitiva en Buenos Aires que tomó estado público fue la que sostuvo este miércoles el ex ministro de Economía Martín Guzmán, que en un posteo de X, aseveró que el préstamo “se usó para evitar reestructurar deuda externa insostenible y financiar la salida de Argentina de los capitales que vinieron a especular en la era Macri-Caputo-Sturzenegger (2015-2018)”.

E hizo referencia a la evalución Ex Post que realizó el propio organismo en 2021, un examen de autocrítica que, a diferencia de la OEI, fue elaborada por el propio staff técnico.

Para Guzmán, de los cuatro criterios de acceso excepcional hubo tres que no fueron cumplidos al momento de otorgar el préstamo.

El único que sí cuadraba era, en su visión, el de la posibilidad de una crisis de balanza de pagos.

Sobre la sostenibilidad de la deuda, Guzmán aseguró ante la OEI que el argumento del gobierno macrista era de liquidez y no de sostenibilidad y que la traducción política era que “el problema de liquidez era el temor del mercado al kirchnerismo”, por lo que admitir ese argumento implicaría, para el ex ministro, “prestar para favorecer las chances del gobierno de Macri”.

Respecto a las chances de acceder al mercado de crédito, Guzmán les planteó que la postura oficial aceptada por el FMI fue que en ese entonces “hubo financiamiento de híper corto plazo en pesos y con fondos que habían venido a especular a la Argentina”.

Y sobre el plafón político para aprobarlo, el ex ministro señaló a la misión de la OEI que deberían consultarle ese punto a la ex presidenta Cristina Kirchner, en ese momento la principal figura opositora.

Otras opiniones

Según pudo saber de otros economistas que tuvieron reuniones con la delegación de la OEI en las últimas horas, el punto más sensible y discutible de los cuatro criterios es el de las perspectivas de retorno al mercado de crédito que tenía la Argentina cuando se aprobó el préstamo.

“Las revisiones mostraban cómo el gobierno iba cruzando semáforos en rojo y no solo eso sino que aceleraba cada vez más”, graficó un economista con paso por el sector público y que se reunió el miércoles con los enviados de la oficina.

El inicio de esta misión estaba previsto, originalmente, para noviembre del año pasado, pero las elecciones presidenciales y las negociaciones renovadas entre el nuevo gobierno y el Fondo Monetario lo demoraron.

A mediados de año pasado, había anticiado que la OEI, que cambió sus autoridades en octubre de 2022 y que es dirigido por el economista español Pablo Moreno, había ubicado al Stand By de 2018 como uno de los préstamos del FMI que apuntaba a evaluar en lo sucesivo.

Según los datos recopilados por la Oficina de Evaluación Independiente, más de la mitad de los programas financieros que tuvieron estas características fallaron o, como se suele nominar en la jerga del organismo, devinieron off-track (descarrilar).

De 134 programas implementados por el FMI entre 2002 y 2022, 96 tuvieron acceso a fondos “normal” y 38 implicaron desembolsos “excepcionales” en su nivel de cuantía.

De esos 38, hay 11 que siguen vigentes, entre ellos el de la Argentina. Ahora bien, respecto a su efectividad, hay una diferencia clara entre un tipo de programa y otro.

De los 138 programas totales, unos 54 descarrilaron. De ese total, 21 fueron acuerdos con acceso excepcional. Así, el 55% de los programas de estas características pueden ser considerados fallidos bajo este criterio, contra 33% de los programas con acceso “normal” a fondos.