Victoria Donda, involucrada en una denuncia por fraude laboral a una empleada

La denuncia judicial la realizó una mujer que trabajó durante años para la actual titular del Inadi. Hay versiones contrapuestas sobre si hubo trabajo informal y una oferta de “contrato” en el Estado para resolver el fin del vínculo laboral o todo se trata de una campaña en contra de la funcionaria.

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) fue denunciada la semana pasada ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de una presunta “defraudación contra la Administración Pública en grado de tentativa”.

La denuncia se presentó en nombre de una exempleada que trabajó muchos años en su casa, cuyos abogados acusan a Donda de haberle ofrecido “resarcir” a la mujer con un contrato en el mismo Inadi, en la parte de Maestranza.

La noticia la dio a conocer este lunes el periodista Hugo Alconada Mon de La Nación, quien habría accedido a la denuncia penal realizada por Arminda Banda Oxa, quien trabajó para Donda hasta noviembre pasado. Según la versión de la querella, Banda Oxa le habría planteado a la funcionaria nacional la necesidad de “regularizar su situación previsional para acceder a una jubilación” y Donda le habría respondido con un pedido de renuncia al empleo y la oferta de un cargo en el Inadi “y un plan social”.

La misma Donda demintió la acusación ante Alconada Mon. Confirmó que la mujer, de nacionalidad boliviana, trabajó durante años para su madre y luego para ella, pero desmintió la versión de los abogados de Banda Oxa, ya que según ella en realidad la mujer le planteó que quería dejar de trabajar por problemas de salud de una hermana.

Según dijo Donda a La Nación, le propuso a su empleada que presentara la renuncia “para que no quedara desamparada por completo” y que la podía ayudar a acceder a un plan social o “un puesto como personal de maestranza en el Inadi”.

Los abogados de Banda Oxa, Fernando Zarabozo y Osvaldo Barsanti, consideran que esa oferta de Donda significaría una conducta delictiva. Entre los elementos que consideran probatorios de esa conducta incorporaron a la denuncia copias de los mensajes de texto y de voz que intercambiaron ambas por WhatsApp.

Según transcribe Alconada Mon en La Nación, Donda le habría dicho a Banda Oxa: “yo, por ahí, te puedo anotar en un plan, en algo por ahí podemos anotarte. Necesito que vos me digas eso: si renunciás porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso”. En otro mensaje de la titular del Inadi se leería “entiendo también que necesites la plata. En los planes están cobrando, más o menos, unos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”.

Donda acusa a quienes le realizaron la denuncia de formar parte de una campaña contra ella y afirma que el sentido de sus palabras fue tergiversado, tanto para sacarle una indemnización como para pegarle políticamente. “La están usando para molestar”, dijo la funcionaria a La Nación.

Donda agregó que Banda Oxa, quien trabajó durante años para ella, “no tiene ni siquiera una cuenta bancaria, pero durante toda la pandemia le seguí pagando su salario sin trabajar, como correspondía, por lo que le pedí que viniera a buscar su salario y, en ese momento, fue firmando cada uno de los recibos de sueldo. De hecho, nunca presentó su renuncia, por lo que le sigo pagando su salario”.

Por su parte los abogados de la exempleada dicen que “para no hacerse cargo del monto indemnizatorio ha forzado/inducido a que renunciara de manera unilateral sin recibir suma alguna, ofreciéndole la posibilidad de contar con un subsidio o un cargo en el Inadi si le enviaba la renuncia”.

“La señora Victoria Donda utiliza la influencia y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función para resolver sus cuestiones particulares de su esfera privada para tratar de resolver sus incumplimientos personales como empleadora”, dijeron los abogados.

Donda también decidió hacer su descargo en sus redes sociales. Ahora todo se dirimirá en sede judicial.

Un problema estructural que ningún gobierno quiere resolver

En septiembre pasado, cuando aún la cuarentena era obligatoria y se sentían fuerte los efectos de la falta de un plan serio de contención económica para los sectores de la clase trabajadora más vulnerables, la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) relevó más de 370.000 casos de trabajadoras de casas particulares que fueron suspendidas o cesanteadas en todo el país.

De la encuesta realizada por UTDA surgió que el 22,9 % de las trabajadoras percibía al momento del inicio de la cuarentena una remuneración mensual inferior a $ 10.000, el 25,1 % inferior a $ 15.000, el 36,1 % inferior a $ 20.000 y el 14,4 % inferior a $ 30.000”. A lo que sumaba que el 48 % percibía un salario inferior a la jubilación mínima y ni siquiera ganaba lo suficiente para cubrir la denominada Canasta Básica Alimentaria (en ese momento de $ 14.586) que marca la línea debajo de la cual se cae en la indigencia.

A su vez, durante las medidas de aislamiento por covid-19, muchas trabajadoras de casas particulares denunciaron que sus empleadores no les pagaron con el argumento de que podrían cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el mismo que se les negó a muchas por ser inmigrantes o por falta de actualizaciones registrales.

Mientras el Gobierno, del que Victoria Donda es parte, les brindó a los empresarios el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para el pago de salarios (ATP), a las trabajadoras de casas particulares se las excluyó sin otorgar una medida concreta para paliar la falta de ingresos.(LID)