Así lo afirmó el docente Jorge Ramírez, integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, ante la decisión del Rector de la UNSa de firmar un convenio de selección de policías con el Ministerio de seguridad de esta provincia.
Para Jorge Ramírez: “La universidad tiene otras prioridades, tiene otros deberes para con la sociedad, que el aporte que puede hacer en la formación del personal policial es bastante limitado, claro desde una perspectiva ideológica, y en ese sentido no parece favorable firmar un convenio de esta naturaleza. Si bien no conozco la letra del convenio, entiendo que hay muchos deberes que tiene descuidada la Universidad de Salta, que en todo caso serian de carácter más importante”.
“Mientras yo estuve como consejero” dice Ramírez, agregando “este convenio no se discutió en el Consejo Superior, el convenio podría haber sido aprobado por una resolución del Rector o una comisión, durante mi presencia en el Consejo no se trato este tema. Si bien había un proyecto que incluía una carrera para personal de las fuerzas de seguridad, junto a otros docentes y trabajadores de la universidad presentamos nuestro desacuerdo, nuestra oposición a ese tipo de prácticas, entendiendo que se estaba priorizando la factibilidad de un ingreso económico a cambio de tener personal policial dentro del limite de la universidad que para nosotros y por la historia misma de la universidad argentina es algo extremadamente delicado”.
“La Ley Superior de Educación instituyo la contraprestación a terceros y desfinanciación de la universidad publica, aunque haya habido un aumento nominal en cuanto al poder adquisitivo de la universidad, tal vez pueda estar un poco mejor que hace unos años, indudablemente hoy sigue siendo un nivel de financiamiento del presupuesto que lleva a que se sigan atendiendo los negocios a través de los convenios con terceros, sigue siendo un factor de resorte demasiado fundamental de la política académica la posibilidad de establecer acuerdos con sectores que puedan financiarlos, como el caso de recibir dineros de la Lumbrera, si bien no es un convenio en particular de la Universidad, implica que ante la falta de presupuesto se acepten ese tipo de ingresos, que de hecho se usan muchas veces para cubrir necesidades de la universidad y eso demuestra que falta más presupuesto, no que este bien hacer este tipo de acuerdos o aceptar compartir ganancias con un emprendimiento tan cuestionado como la mega minería”. Afirma Jorge Ramírez a La Agencia de Noticias Copenoa.
“Uniendo las dos cosas, es decir dinero recibido por la mega minería y selección de personal policial, la realidad ideológica de la Universidad Nacional de Salta es preocupante al no ser situaciones aisladas, uno advierte que en definitiva el modelo de universidad que comenzó a forjarse en los años 90, sigue siendo predominante, sigue el modelo que se impuso , que se bosquejo durante el menemismo, que quizás no llego a todo lo que se planteo en ese momento, pero que hoy se mantiene en líneas generales. Esta pareja de acuerdos, más las debilidades de la universidad en el papel relacionado con la mega causa, por ejemplo, que esta pendiente que se nos aclare a los consejeros superiores porque se llego a la grave situación de perder el carácter de querellante. Lo que es muy indicativo de cuales son las prioridades reales, más haya de los diferentes discursos que puede haber, que en definitiva están guiando a la universidad en estos tiempos” Dice finalmente a Copenoa Jorge Ramírez, integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta.
Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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