Tras conocerse la inflación de julio, los haberes jubilatorios aumentarán apenas el 1,9%. Milei vetó las leyes que establecían aumentos mayores.
Un nuevo aumento de las jubilaciones llega en septiembre de 2025, pero lejos de ser una buena noticia, confirma la línea de ajuste brutal que el gobierno de Javier Milei descarga sobre quienes más lo necesitan. De acuerdo a la última actualización, la mínima pasa de $314.305 a $320.277 brutos (sin descuentos de PAMI), calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 1,9%.
Otro escándalo: el bono sigue clavado en $70.000, sin moverse desde hace 18 meses. Así, los jubilados que cobran la mínima recibirán en septiembre $380.669 de bolsillo, un aumento real de apenas 1,55%. Para quienes cobran más de la mínima, el bono solo sirve para llegar a ese piso, pero no lo supera. Queda claro que la lógica es el ajuste y la licuación de los haberes, y no una recuperación del poder adquisitivo perdido.
La fórmula "mágica" del ajuste
Este mecanismo de actualización atado al IPC no es casualidad. Fue impuesto por Milei vía Decreto de Necesidad y Urgencia en abril de 2024, luego de la salvaje licuación sufrida por las jubilaciones a principio de año. ¿El resultado? La actualización llega tarde y nunca alcanza: si los precios suben hoy, el jubilado lo siente en el bolsillo recién dos meses después, y siempre por detrás de la inflación real. Mientras tanto, el Estado de Milei y Caputo festeja el superávit fiscal, pero a costa de sumergir en la pobreza a millones de jubiladas y jubilados.
El bono de $70.000 es otro símbolo del desprecio oficial. Está congelado desde hace año y medio, pese a la escalada de los precios. Si en septiembre no se mueve, será el mes número 18 seguido sin actualización, una muestra clara de que el ajuste es una decisión política, no una fatalidad. El Gobierno ni siquiera disimula: el aumento "real" del ingreso total es de apenas 1,55%, y la brecha con la canasta del jubilado (estimada en más de $1,2 millón) es obscena.
Veto presidencial: Milei, contra los jubilados
Hace apenas dos semanas, el Congreso había aprobado un aumento del 7,2% para las jubilaciones de agosto y una suba del bono a $110.000, ajustable por inflación. También se incluía el pago de deudas a las cajas provinciales, una prórroga del Plan de Pago de Deuda Previsional (la moratoria) y mejoras para la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM). ¿La respuesta de Milei? Veto inmediato, con la excusa de que el aumento ponía en riesgo el superávit fiscal. Un superávit que no duda en gastar en el pago de deuda externa: solo el 9 de julio giró U$S 4.200 millones a los acreedores, pero niega un aumento mínimo a los jubilados. Como siempre, el ajuste recae en los que menos tienen, mientras los especuladores financieros siguen de fiesta.
Los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) son elocuentes: el costo fiscal del aumento vetado era de sólo 0,68% del PBI en 2026, mientras que el pago de intereses de deuda supera el 2,2% del PBI cada año, y el total de pago de deuda (capital e intereses) ronda el 12% del PBI. La "austeridad" es solo para los jubilados, nunca para los grandes empresarios ni para los acreedores internacionales.
¿Qué debe suceder para que las leyes queden vigentes y rechacen el veto? Que la Cámara de origen, en este caso Diputados, vuelva a discutirlo y confirme la ley con dos tercios de los votos. Entonces pasará a “la cámara de revisión”, el Senado, que también deberá confirmarlas por el mismo porcentaje. No se puede confiar en Diputados ni el Senado. Los radicales y peronistas “con peluca” ya son parte de la rosca política. Pero además los gobernadores están dispuestos a negociar leyes a cambio de que les sostengan otras. Así ajustan en sus provincias. (LID)
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