Atención a personas en situación de calle: Nación cedió el control a las provincias

El Gobierno nacional oficializó por decreto cambios en la asistencia social.

El Gobierno nacional oficializó este lunes, a travé del decreto 373/2025, la transferencia de la responsabilidad de la asistencia a las personas en situación de calle y el acceso a la vivienda a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. La medida modifica la ley nacional N° 27.654 y busca que la atención se gestione de manera más cercana y eficiente por parte de los gobiernos locales.

La decisión, anticipada el viernes pasado por el Ministerio de Capital Humano, responde a la primera ola polar que afectó al AMBA y otras regiones del país, que puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes viven en la calle frente a las bajas temperaturas.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la Nación mantendrá un rol de rectoría coordinación de las políticas, pero la ejecución efectiva quedará a cargo de cada provincia y municipio.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, será la autoridad de aplicación y deberá supervisar que se cumplan los lineamientos generales, además de garantizar la transparenci en el uso de los recursos transferidos.

La nueva redacción de la ley establece que las jurisdicciones locales son "responsables inmediatos" de la elaboración e implementación de políticas públicas para personas en situación de calle y en riesgo, y deberán diseñar planes propios para abordar esta problemática.

Además, el decreto modifica el artículo que regula el derecho al acceso a una vivienda digna señalando que serán las provincias y la Ciudad las encargadas de garantizar este derecho mediante políticas inclusivas e integrales.

Desde el Gobierno destacan que la reforma busca una mayor eficacia en la asistencia social local, tras una aplicación discrecional y limitada de la ley anterior, y que la intervención nacional será subsidiaria solo cuando las jurisdicciones no cuenten con recursos suficientes.