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Las pericias demuestran que las balas que asesinaron a Barrios y Santillán durante la represión ordenada por el juez federal Abel Cornejo el 17 de junio del 2001 fueron producidas por una misma arma de un integrante del cuerpo especial de Gendarmería Nacional. El magistrado había ordenado el cambio de postas de gomas por balas de plomo.
Del análisis de los fragmentos de balas extraídos a los cadáveres de Oscar Barrios y Carlos Santillán la pericia balística realizada concluyo que corresponden a dos o más proyectiles disparados por una misma arma de fuego, que se encuentra dentro de los parámetros del calibre utilizados por parte de Gendarmería Nacional de armas que guardan relación con el resultado de la pericia médica y las filmaciones aportadas durante los incidentes y del informe de Gendarmería Nacional donde se da cuenta que el personal a cargo de la recuperación de la ruta estuvo asistido el 17 de junio del 2001 por un grupo que poseía mayor capacidad de maniobra e instrucción, y provisto de armas especiales.
El juez ordena reprimir con balas de plomo
17 de junio el juez federal Abel Cornejo ordena reprimir a los manifestantes que se encontraban protestando sobre la ruta nacional 34 en frente de Gral. Mosconi con balas de plomo. En el lugar son asesinados Omar Barrios y Carlos Santillán, cuyos familiares y testigos aseguran que fueron asesinados por francotiradores encapuchados de gendarmería nacional que se encontraban apostados sobre los tanques de combustibles de las empresas petroleras de la zona.
La imagen que delata a los francotiradores encapuchados
La presencia de los francotiradores pertenecientes al grupo de elite de gendarmería fue negado por autoridades del estado provincial como federal y por las fuerzas intervinientes (gendarmería), hecho desmentido por las imágenes tomadas por el periodistas Marco Díaz Muñoz que luego serán emitidas por los canales América, CVN y Canal 9 de TV, en donde se ve claramente a los francotiradores con sus rostros encapuchados disparándole a los pobladores desde los tanques de combustibles.
El operativo "recuperación de la 34" según propia denominación de la gendarmería, fueron heridos mas de 80 civiles, el joven Iban Dorado quedo parapléjico por un disparo que residió en su espalda, según informe de las fuerzas de seguridad fueron heridos 25 uniformados.
En el operativo recuperación fueron detenidos mas de 40 ciudadanos, la mayoría de ellos fueron golpeados y torturados registrándose un caso de violación de un mayor de edad que sufrió la penetración de un bastón antidisturbios, el joven discapacitado Edgar Cabrera a través de tortura fue obligado a testimonial que los lideres de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi portaban armas.
El camillero Espinosa del hospital de Mosconi junto a su compañero de trabajo, fueron golpeados por efectivos de gendarmería nacional. Espinosa reconoce a uno de sus golpeadores en la televisión como el comandante La Colina, segundo jefe del escuadrón de Tartagal.
El camarógrafo del canal Videotar Dady Arias es golpeado por efectivos de gendarmería, las imágenes son registradas por la periodista Mabel Carrizo. El camarógrafo es encapuchado y amenazado de muerte si rebela la golpiza. Arias debe ser internado en una clínica de la ciudad de Tartagal.
El juez federal Miguel Medina, ordenaría decomisar los equipos de transmisión de la radio FM Del Sol de la ciudad de Tartagal, aduciendo que la misma generaba interferencias en la comunicación del aeropuerto de Mosconi. La radio transmitía desde el lugar de los hechos lo que acontecía en Mosconi.
El gobierno del peronista Juan Carlos Romero inicia una campaña maccartista y persecutoria en contra de Pablo Kirschbaum secretario de ADIUNSa y referente Salteño del Partido de la Liberación al igual que Sergio Ortiz secretario Gral. nacional del PL. El gobernador Romero utiliza su diario "El Tribuno" para descalificar la presencia en Mosconi de estos dirigentes, el secretario de seguridad Nallar, los vincula con la extrema izquierda y la violencia.
El juez federal Cornejo ordenaba las detenciones de los dirigentes de la U.T.D. de Gral. Mosconi, José Fernández, Oscar Ruiz y Rodolfo Peralta, acusándolos de organizadores de una asociación ilícita figura penal que no contempla la excarcelación.
El juez Cornejo, hoy integrante del Concejo de la Magistratura comienza una persecución realizando demandas en contra de la defensora del dirigente social de la U.T.D Abogada Mara Puntano, apartándola de la defensa de los líderes de la U.T.D. de Mosconi incurriendo en una grave violación a los derechos de la profesional y de sus defendidos.
La abogada Puntano, especializada en derechos humanos, había denunciado las muertes de la represión, como la utilización de armas no convencionales por parte de los efectivos federales, como torturas, violaciones de las garantías constitucionales e irregularidades en el proceso judicial al que fueron sometidos los desocupados, piqueteros de Salta.
Estas denuncias serian registradas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incorporando a la provincia de Salta y a la Republica Argentina como un país que viola las garantías y derechos constitucionales.
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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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