Chaco: procesan a exintegrantes de la Policía y el Ejército por crímenes entre 1974 y 1977

Son once los represores procesados en la causa conocida como "Caballero IV".

Se trata de la quinta investigación judicial en la provincia, donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad en la Brigada de Investigaciones, el principal Centro Clandestino de la provincia, como así también en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7.

El pasado 12 de mayo la Cámara Federal de Resistencia, integrado por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, confirmó el procesamiento de once exoficiales y exsuboficiales de la policía provincial y el Ejército al ser imputados por delitos de lesa humanidad contra víctimas, en el marco de la denominada causa “Caballero IV”.

Los acusados son los extenientes coronel Aldo Martínez Segón y Tadeo Betolli y al exteniente primero Alberto Patteta, pertenecientes al Ejército Argentino; al excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, al exsuboficial mayor Gabino Manader, al exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, al exsargento José Marín y al exagente Emilio Zárate, quienes integraban la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco, junto al agente Ignacio López del área de Comunicaciones. También procesó al oficial de la Alcaidía policial Juan Ramón Rodríguez Valiente y al exalcalde y jefe de guardia de la U7 de Resistencia, Pablo Cesar Casco.

Se trata de la quinta investigación judicial donde se reconstruyen y juzgan crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1974 a 1977 en la Brigada de Investigaciones -el principal centro clandestino que funcionó en la provincia de Chaco y donde en la actualidad funciona la Casa por la Memoria-, como así también en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7.

En la causa Caballero IV hay 23 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, todos ellos con militancia social en colegios, facultades, parroquias y barrios, así como también en Ligas Agrarias y en agrupaciones como la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Las víctimas fueron secuestradas en el marco de operativos de fuerzas conjuntas del Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego fueron llevadas al Centro Clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones y después trasladadas a la Alcaidía Policial y a la Cárcel Federal U7.

El fallo de las camaristas Roció Alcalá y Patricia García confirmó los procesamientos que habían sido dictados el 30 de diciembre pasado por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.

¿Cuál es la situación de los imputados? Tanto Ibarra como Marín cumplen prisión preventiva en la cárcel federal U7. En los casos de López, Zárate y Juan Ramón Rodríguez Valiente el Poder Judicial les otorgó el privilegio de la prisión domiciliaria. Manader, Rodríguez Valiente, Martínez Segón, Patetta y Betolli continuarán cumpliendo la prisión preventiva con modalidad de arresto domiciliario por condenas por otros hechos similares y Pablo Casco se encuentra excarcelado. En la misma resolución fueron revocadas las faltas de mérito de los imputados Ignacio López y Humberto Maidana, para quienes ordenaron una nueva resolución.

Para las juezas, todos los testimonios de las víctimas y familiares “adquieren singular importancia ya que fueron protagonistas de los sucesos, sin perjuicio de su confrontación con otras declaraciones obrantes y con documentación que ilustra sobre la modalidad represiva imperante en la época”. Afirman que dichas declaraciones “resultan contundentes y verosímiles en lo que respecta a las condiciones de detención en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía Provincial, la identificación y el estado físico de los detenidos, los tratos recibidos y especialmente, la individualización de los presuntos responsables”.

Así mismo sostuvieron que “puede colegirse el modus operandi de algunos funcionarios policiales y militares intervinientes, quienes ejecutaban procedimientos violentos como parte de un plan sistemático dirigido a la población civil a efectos de obtener información respecto de otros objetivos, lo que permite encuadrar jurídicamente sus conductas dentro de los tipos penales atribuidos, considerados como "delitos de lesa humanidad”. (L.I.D)