Calle y cárcel: números que preocupan en un estudio del Centro ALFA

En un contexto de creciente preocupación por el uso arbitrario del poder punitivo por parte de las fuerzas de seguridad, el Centro ALFA de asistencia legal, formación y alfabetización jurídica, publicó los resultados de una encuesta realizada el pasado 16 de junio en la ciudad de Salta, dirigida a personas en situación de calle y marginalidad.

El estudio tiene como objetivo exponer las condiciones bajo las cuales estas personas son privadas de su libertad, con un foco especial en el cumplimiento —o la ausencia— de las garantías legales y procesales que debe observar la Policía. La muestra incluyó a 27 personas que manifestaron haber sido detenidas por efectivos policiales en el período comprendido entre 2024 y la actualidad, en todos los casos sin orden judicial previa. La mayoría accedió a brindar sus datos personales e incluso firmar la encuesta, un dato que los responsables del estudio calificaron como “llamativo” en un contexto de desconfianza institucional.

Números alarmantes

Entre los resultados más significativos del estudio se destacan:

El 74% de los encuestados declaró haber mostrado su identificación antes de ser detenido. Sin embargo, sólo el 29,7% contaba con un DNI u otro documento al momento de la detención, lo cual puede ser usado de excusa para el traslado policial.

El 59,2% dijo no haber sido informado sobre el motivo de su detención, y el 44,5% señaló que no se labró ninguna acta por parte del personal interviniente.

El 92,5% aseguró no haber sido notificado sobre quién era el fiscal o juez a cargo de su caso, y el 85,1% afirmó desconocer si su detención fue comunicada al Ministerio Público Fiscal.

La omisión de derechos también fue una constante: el 85,1% manifestó no haber sido informado sobre sus derechos durante el procedimiento. En cuanto al destino posterior a la detención, el 74% fue conducido al Centro de Contraventores, aunque el informe subraya la preocupación por el 26% restante, cuyo paradero no quedó claro. Respecto a la duración de la privación de libertad, el 74% dijo haber estado detenido entre 4 y 6 horas o más, y un 18% aseguró haber permanecido más de 6 horas en esa situación.

La incomunicación fue casi total: el 88,8% no tuvo contacto con familiares ni abogados.

El 77,7% denunció haber sufrido maltratos físicos como golpes de puño, patadas y otras formas de violencia.

Frente a todas estas situaciones de incumplimiento y de su gravedad, el 100% de quienes reportaron violencia física no realizaron ninguna denuncia penal.

Finalmente, el 85,1% afirmó haber sido detenido en más de una ocasión.

¿Criminalización de la pobreza?

Desde el Centro ALFA advirtieron que estos resultados no solo constituyen una radiografía de la precariedad jurídica en la que se encuentran las personas en situación de calle, sino también una denuncia concreta sobre prácticas policiales que rozan —cuando no atraviesan— los límites de la legalidad.

“La mayoría de las personas detenidas no son notificadas de sus derechos, no se les informa la causa, ni se deja registro escrito de su detención. Esto genera una situación de absoluta indefensión legal”, señalaron desde la organización. Además, desde la institución pusieron el foco en que muchas de estas detenciones se producen bajo un marco de discrecionalidad policial sin control judicial. Esto puede derivar en una política de criminalización de la pobreza y la marginalidad, disfrazada de intervenciones de seguridad.

Otro dato clave es el reiterado traslado al Centro de Contraventores, una institución que en teoría debería gestionar contravenciones menores, pero que en la práctica opera —según el estudio— como un dispositivo informal de detención sin las garantías que exige la ley. La opacidad en cuanto a los procedimientos, la incomunicación prolongada y la inexistencia de registros formales sobre muchos de los casos relevados configuran, en palabras del Centro ALFA, una “precarización legal sistemática”.(n.d.)