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Descubriendo la crisis

En la mañana del viernes un programa televisivo reprodujo declaraciones del gobernador que, por primera vez, reconocen la debacle financiera por la que atraviesa la provincia tras la crisis desencadenada a nivel nacional con el sector agropecuario. Urtubey ventiló que existe una severa disminución de los ingresos coparticipables y que ha ordenado la restricción de todos los gastos corrientes que debe afrontar el Estado a corto plazo.

13 de julio de 2008| copenoa |

La confesión no ha sorprendido a ningún ciudadano que concurre asiduamente a supermercados y estaciones de servicio. El salteño sospecha que no solamente el espiral inflacionario provoca la disminución del poder adquisitivo de su ingreso y advierte que hasta ahora sólo apareció la punta del iceberg que crece al compás del enfriamiento de la economía. Paradójicamente, semejante efecto se produce en medio
de una crisis mundial que no contaba a la Argentina entre sus víctimas, de no ser por la necedad y soberbia que caracterizan el derrotero presidencial.

No todo el desmejoramiento presupuestario de Salta puede atribuirse al conflicto generado por las retenciones a la exportación de oleaginosas. A pesar de que han transcurrido sólo ocho meses desde la asunción del kirchnerismo en Salta, algunas decisiones lucen como el complemento que engorda el desfinanciamiento. Al 80% de la planta de funcionarios romeristas que fue intangible por acuerdos de trastienda y
las traiciones para con Walter Wayar, deben agregarse los más de 2.000 nombramientos de alto rango jerárquico y elevada remuneración que sobrecargan las partidas de gastos de personal y contradicen las normas de una emergencia económica que, desde 1.991, cíclicamente se prorroga al mismo tiempo que los gobernantes pregonan prolijidades de gestión y hasta el “déficit cero”.

El informe presentado por la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) ha dejado una cosa en claro: No se ha resuelto ningún contrato que vincula a empresas que han gozado de los beneficios de la oleada privatizadora romero-menemista. Emilio Rodríguez Tuñón se ha mostrado solvente ante los medios a la hora de analizar los aspectos jurídicos de los convenios, pero tal aptitud no logra disimular la decisión política del gobierno de mantener el sistema de prestación de servicios públicos que es herencia de una política económica neoliberal y, para peor, reivindica a los actores empresariales que antes eran cuestionados por conniventes con Juan Carlos Romero.

Las ecuaciones económicas siguen siendo groseramente inequitativas y se ha maquillado de agresividad una negociación iniciada y culminada con indulgencia entre cuatro paredes y marginando intencionadamente al Poder Legislativo, que ha tomado conocimiento de lo actuado en simultáneo con el periodismo y los ciudadanos comunes. Toda una muestra de que el estilo “K” no evidencia mayores diferencias con el
romerismo y medra por igual al sistema republicano y la investidura de nuestros diputados y senadores.

Tras la vidriera que atiende solícitamente Rodríguez Tuñón operan viejos personeros y cada secuencia revisora regurgita nombres que no han logrado evadir las sospechas, ni lo harán. Aún cuando hace aproximadamente un mes el director de la UNIREN había asegurado que se habían reconvenido los términos del contrato con La Plumada S.A.,
nada se ha expuesto sobre esta sospechosa empresa que ya extendió sus intereses a Córdoba. Atrás quedaron las referencias iniciales del mandatario, que denunciara que costaba más caro enviar los archivos a Miami que pagar el canon comprometido a esta firma que exhibe credenciales cercanas a Fernando Yarade, quien inaugura como mentor
de Carlos Parodi y consejero gubernamental un período de carencias idéntico al que aflige a Cristina Fernández de Kirchner.

Está claro que la pertenencia o afinidad política otorga indemnidad y permite obviar la competencia revisora de la UNIREN. Las empresas del enfermero Eduardo Abel Ramos no serán investigadas aún cuando la prestación de Trabasani, Todolimp y Cocirap sea deficitaria y, en algunos casos, vergonzante.

Con el Centro de Convenciones, OCASA, Fundación Argentina Santa Tecla, Salta Forestal y ENJASA, quienes se dicen hábiles en la renegociación solamente se limitaron a incrementar el canon o la carga en cabeza de las contratistas. La grosera inequidad de las contraprestaciones o las sospechas de corrupción no
erradicadas no ingresan en el análisis de los que intencionadamente quieren dar cátedra jurídica pero diluyen el pregón progresista y la declamación cuasi revolucionaria. De continuar este derrotero, el gobierno podría obligar a un ladrón común a incursionar por el ’peaje’ antes que reprocharle un asalto al patrimonio provincial como el gestado por notables de la década pasada que dejaron sus
almácigos en esta gestión. El caso de Aguas de Salta S.A. es parte de otro intríngulis en el que el oficialismo busca desmembrar la empresa para favorecer a uno de los socios de Julio De Vido, el cajero del kirchnerismo. La participación estatal solamente agregaría garantías para que el Estado siga subsidiando los emprendimientos de amigos del poder.

Sacrificada la posibilidad de que el Estado Provincial recupere su potestad en relación a la prestación de servicios rentables, no se advierten cuáles serán los ajustes que dispondrá Urtubey para capear el temporal, máxime cuando se encuentra huérfano de un piloto de tormentas avezado. Durante casi seis años se subvaluó el
presupuesto provincial y se dispuso de excedentes de coparticipación con destino poco transparente. Podrán quienes administraron en la abundancia eficientizar los recursos sin regresar a las políticas de ajuste que socavan el capital político? La perspectiva de este semestre indica que los ingresos no alcanzaran a cubrir las proyecciones más pesimistas y que el drástico recorte se impone en pos de garantizar el pago de la nómina salarial que este mes ya necesitó de la asistencia extraordinaria del Banco Macro S.A.

Acaso Urtubey se decidirá a arrancar de cuajo estructuras políticas integradas por empleados ficticios? Solamente en las cámaras legislativas el presupuesto consigna una planta de casi 700 personas, de las cuales solamente un 20% puede acreditar la concurrencia a los lugares de trabajo. Los casi 40 millones de pesos que comprenden
las partidas de la Legislatura Provincial todavía evaden los controles laxos y el gobernador sabe que no contará con una estructura compacta e incondicional una vez
que introduzca el bisturí sobre ese plexo corrupto.

Se reducirá la sobredimensionada estructura ministerial que prevé híbridas secretarías que en los hechos ni siquiera han delimitado sus atribuciones? Una Secretaría de Previsión Social para jubilados provinciales inexistentes, o secretarías para relaciones institucionales o con la comunidad, se justifican mientras está prevista la clásica cartera de gobierno con su secretaría específica y faltan fondos para fines que por sí solos se advierten como prioritarios? Tal vez sean estas las razones por las que se gesta una reestructuración del gabinete que hace agua en medio del temporal y que luce frágil frente a las
contingencias que se avecinan y que reconocen como inminentes nuevos reclamos salariales. Una muestra basta para evidenciar la mediocridad de algunos ministros: Mientras se esconden los guarismos que anticipan una magra temporada turística, el titular del área Horacio Cornejo ni siquiera asistirá a su lanzamiento y ha preferido publicitar las bondades de la comida regional en Japón. Su perfil es plenamente identificable con el de Carlos Fernandez, el ministro de economía que no fue y que en medio del conflicto rural buscó ocultar su esterilidad en España.
Por lo pronto, el salteño ha comenzado a tomar peso a las promesas incumplidas como la del rescate de los bonos hidrocarburíferos que, a este ritmo, nunca se producirá. También comprueba con disgusto que Urtubey carece de temple para confrontar con una Presidenta que lo condujo a la encrucijada y se niega a confesar que su pasividad u
obsecuencia han provocado perjuicio a la provincia.

Por lo pronto ya hay manifestaciones concretas de la queja: Han desaparecido las voluminosas cifras de imagen positiva que instalaban las encuestadoras adictas -y bien pagas- y algunos dirigentes justicialistas que se encandilaron con el “cambio” en diciembre, han vuelto a buscar la moderación de Juan Carlos Romero, que a la par
del joven mandatario luce hasta lúcido y coherente.

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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