Dirigente estudiantil mapuche denuncia persecución política en Chile

“El día 11 de Septiembre de 2006, en circunstancias que me dirigía a la Universidad, fui detenida por carabineros a la entrada de ésta sin ninguna justificación, solamente me dijeron, una vez en la zapatilla [furgoneta] de carabineros, que estaba detenida por desorden en la vía pública”, relata Amanda Huichalaf, de 21 años, en una carta dirigida a organizaciones mapuches. La joven, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Lagos (ULA) e integrante del Colectivo Mapuche Pelentaru, lanzó recientemente un pedido de solidaridad desde Osorno, en la austral X Región de Chile.

“No se leyeron mis derechos, llevándome a viva fuerza, produciéndome contusiones en el brazo izquierdo - constatados por el médico legista -, trasladándome a la Tercera Comisaría de Rahue, donde me mantuvieron por espacio de media hora para trasladarme a la Primera Comisaría, ubicada en Justo Geisse, donde recién supe cuáles eran los cargos que se me imputaban y recién me leyeron mis derechos”, continúa Huichalaf. “Los cargos que inventó carabineros fue porte ilegal de armas y artefactos explosivos, que según ellos yo portaba dos bombas molotov, hecho que no es efectivo, puesto que en la Comisaría de Rahue esperaban la confirmación de mi domicilio para soltarme cuando llegó la contraorden de la Prefectura”, afirma.

“De lo que estoy segura es que mi detención se debió a que hasta ese momento era dirigente del Colectivo Mapuche Pelentaru y Presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela de Acuicultura de la ULA”, señala. (Y el verbo en pasado no es casual, la criminalización mediática la llevó a alejarse de la dirección de la organización estudiantil.) “Considero que mi detención fue arbitraria, discriminatoria y racista por mi condición de mapuche.” Amanda repite frente al grabador una y otra vez, serena y segura, la historia que relató en la carta.

Una vez al mes, durante los próximos tres meses - tiempo que demandará la investigación del caso - deberá presentarse en el Tribunal y firmar un libro de control; en ese período tampoco podrá salir del país. El fiscal del Ministerio Público, Rodrigo Oyarzún, solicitó su prisión preventiva, pero la medida fue rechazada la Jueza de Garantías Viviana Ibarra. La misma petición realizó el gobernador regional Bernardo Candia - que se constituyó como querellante - ante la Corte de Apelaciones de Valdivia con igual resultado.

Las perlas del lazo

La imagen de una ventana del Palacio de la Moneda en llamas tras ser impactada por una bomba molotov el pasado 11 de septiembre es utilizada tanto por el gobierno y como por la oposición de derecha para desempolvar los discursos represivos más encarnizados y echar mano una nueva perla del control social: la Ley de Control de Armas. Esta legislación contempla penas de 541 días a 10 años y un día y justamente Amanda podría ser la primera en ser sancionada con ella en la X Región. (Resulta indescriptible la ansiedad y el morbo que esta posibilidad produce en funcionarios de Estado. El gobernador Candia, por ejemplo, en la querella solicitó que “se les condene [a Huichalaf y a todos quienes resulten ser autores, cómplices o encubridores] a la pena máxima que establece la ley”.)

Al constituirse parte, Candia argumentó su decisión subrayando la pretendida peligrosidad de la joven: “El hecho delictual que motiva la presente querella ha provocado conmoción en la vía pública en la ciudad de Osorno, por su inusitada peligrosidad, especialmente para quienes pudieron resultar víctimas de los artefactos incendiarios incautados, en el evento de no haber sido detectados, como también por la sensación de inseguridad y temor que se anida en la población a consecuencias de la violencia demostrada por la acción frustrada de la querellada y las acciones consumadas de los demás manifestantes durante la protesta”.

La búsqueda de una condena ejemplificadora y no de justicia evidencia el fallido del gobernador en declaraciones publicadas por el diario El Austral de Osorno el 16 de septiembre. “Somos respetuosos de las decisiones o sanciones del Poder Judicial, sin desconocer el principio de inocencia que tiene que ser probado en el transcurso de las diligencias realizadas por los organismos competentes.” Lo que debe ser probada es la culpabilidad de la joven, no la inocencia de la acusada.

Según Huichalaf los cargos en su contra configuran un caso de persecución política por su pertenencia al Colectivo Mapuche Pelentaru. “Nosotros creemos en la reconstrucción territorial de nuestro pueblo y en Osorno no existen organizaciones de ese corte, existen organizaciones que responden a intereses del Estado, que responden a proyectos de asistencialismo, que no buscan más allá.” A pesar de esa ligazón al Estado “ha habido un levantamiento constante, de pocas comunidades, pero con fuerza” - sostiene la joven. “Creo que a futuro van a haber más personas que van a participar en este proceso. A nuestro colectivo se ha acercado gente que también quiere levantar un proceso de reconstrucción territorial.”

“Esta persecución que hoy día estamos siendo objeto la veíamos super lejana, pasa comúnmente en Temuco pero para nosotros no es algo cotidiano”, advierte Amanda. “Hoy día vemos con temor a que a nuestras familias le pueda pasar algo. Los medios de comunicación criminalizaron mi imagen públicamente, a mi familia no la respetaron, pasaron a llevar [violaron] mis derechos como mujer, como mapuche, como ser humano”, destaca.

Una criminalización mediática que no sólo sirve a las necesidades del show de la noticia. “Sírvase VS tener por acompañadas tres fotocopias simples correspondientes a la portada y página A-7 del Diario Austral de Osorno, edición del 12 de Septiembre de 2006, y la otra a la página A-6 del mismo periódico en su edición del día 13 del mismo mes y año, que acreditan la notoriedad y conmoción causada por el delito”, dice el texto de la querella presentada por el gobernador Candia...

El pedido de solidaridad formulado por Amanda no fue en vano, recibió el apoyo de la organización Meli Wixan Mapu, de Santiago; del Hogar de Estudiantes Mapuche We Liwen, de Valdivia; de la comunidad Folil Mapu, de Osorno, entre otras. También las autoridades de la ULA y estudiantes de diversas carreras respondieron.

Hernán Scandizzo es periodista del Colectivo Indymedia Argentina

Foto: Scandizzo

Foto de Portada: Amanda Huichalaf