El derecho a huelga y la lucha de clases en el país de los CEO

La Corte Suprema restringe el derecho a huelga, y el macrismo lo celebra para su plan de ajuste. Del “protocolo antipiquetes” al pacto con la burocracia sindical. Los desafíos del sindicalismo de base.

Al presidente Mauricio Macri le gusta citar, desde antes de su llegada a la Casa Rosada, una frase de Juan Domingo Perón: “La estrella polar del país debe ser la productividad”.

Esa definición, en el pensamiento de los CEO de Cambiemos, está asociada a la llegada de inversiones extranjeras que ellos imaginaban vendrían de la mano de las rápidas medidas que tomaron a favor del gran capital desde el 10 de diciembre. En el libreto, la lluvia de dólares vendría acompañada de empresas con la más moderna tecnología, aumento de las exportaciones y puestos de trabajo calificados.

Sin embargo, llegando al segundo semestre del año ya se puede decir que la realidad resultó ser más compleja que la teoría publicitada en la campaña electoral. Los grandes capitales gozan de los beneficios que les da el gobierno macrista, pero exigen más para hacer inversiones productivas: los salarios les resultan demasiado altos, y los ataques al movimiento obrero demasiado escasos. Una cosa y la otra van de la mano.

Por estos motivos, desde el principio el gobierno macrista combinó sus medidas económicas con un intento de restringir la capacidad de lucha de los trabajadores y los sectores populares. Para este objetivo, se centró en una doble táctica: pactar con las cúpulas sindicales para que garanticen la tregua, y concentrar sus ataques sobre las medidas de lucha independientes de la burocracia sindical.

El primer vértice de esta política parece estar llevándose a cabo con gran éxito. A pesar de los despidos, los tarifazos, la inflación, la insuficiencia de los cambios en el impuesto al salario, la represión e incluso el veto a la Ley Antidespidos, las cúpulas sindicales no llamaron a un solo paro nacional en estos casi seis meses. El macrismo le debe a la burocracia sindical el hecho de que el gran malestar con el ajuste no se haya desmadrado hasta ahora en mayor conflictividad social. El manejo de los fondos millonarios de las obras sociales es un elemento que ayuda para aceitar esta relación.

El punto en cuestión es, entonces, disciplinar a los que puedan sacar los pies del plato de este pacto a espaldas de los trabajadores. Para esto, el macrismo viene probando, a ensayo y error, una serie de políticas. La predisposición de los trabajadores para enfrentar los ajustes, y la peligrosa proximidad del calendario electoral del 2017 recrean a cada momento en el gobierno el debate entre gradualismo y shock, resultando en un pragmatismo de destino incierto. Una de las banderas macristas que en este camino quedó en el olvido fue, por ejemplo, el intento de poner un techo del 25 % a las paritarias.

El intento por disciplinar la protesta social

Allá por diciembre, apenas comenzado su mandato, el macrismo lanzó un ensayo represivo contra la protesta social, usando a los miles de trabajadores de Cresta Roja como conejillos de indias. El violento desalojo de la Autopista Riccheri por parte de la Gendarmería buscó disciplinar a los obreros. Actualmente, Macri presenta el caso como un modelo exitoso: la fábrica funciona hoy con muchos menos trabajadores que se quedaron en la calle, y con un importante empeoramiento de las condiciones laborales para los que fueron reincorporados a sus puestos de trabajo. Los actos que el presidente realiza con frecuencia desde la planta muestran este esquema, buscando que sea “tentador” para los inversores. A quienes no convencen estas bondades es a los trabajadores, que este martes volvieron a cortar la autopista.

Pasado el ensayo, el “protocolo antipiquetes” buscó elevar a ley general esta política. En palabras de la ministra Bullrich, la norma se sintetizaba en la sencilla fórmula de “se van, o en cinco minutos los sacamos”. Aunque en su primera prueba la disposición quedó en ridículo frente a un corte encabezado en Callao y Corrientes por la izquierda y el sindicalismo combativo, el gobierno aún sigue intentando avanzar en este sentido. La represión de la semana pasada a los obreros de Mascardi da cuenta de ello. Como siempre, dependerá de la relación de fuerzas entre las clases y el apoyo popular que ganen los luchadores para sus causas.

Si de productividad se trata, el gobierno recibió también en los últimos meses las quejas de los empresarios de la Unión Industrial Argentina respecto del ausentismo. Los ritmos salvajes de producción, las enfermedades laborales y los accidentes en los puestos de trabajo no son suficientes para las patronales, que buscan que los obreros de sus empresas asistan a trabajar aún en malas condiciones de salud. El ministro de Trabajo Jorge Triaca escuchó las demandas empresariales y destacó que buscó incluir esta agenda en las discusiones por el salario mínimo, vital y móvil.

Sin embargo, para avanzar en este sentido es una condición indispensable avanzar no sólo en reprimir los cortes de ruta, sino también redoblar la dictadura dentro de las empresas, y eso implica atacar las organizaciones de base del movimiento obrero, despejando “obstáculos” para redoblar la explotación laboral. Ese es el sentido del reciente fallo de la Corte Suprema para limitar el derecho a huelga, restringiéndolo solo para los sindicatos.

El diario La Nación, insospechado de valores progresistas o de querer favorecer los intereses de los trabajadores, interpretó claramente en su edición de ayer el sentido del fallo: “La sentencia fortalece políticamente a las cúpulas de los gremios, que tendrán en sus manos la potestad de llamar a huelga. En cambio, resta poder a las comisiones internas y los delegados de base ´rebeldes´ o enfrentados a los titulares de cada sindicato. También perjudica a los trabajadores tercerizados”.

En tregua con la burocracia, todo el poder a la burocracia. Esa es la consigna que da el fallo de la Corte, dando una herramienta más de ataque contra todos los trabajadores que se organicen en “grupos informales” (como pueden ser los sectores más explotados tales como los tercerizados, no representados por ningún sindicato) o bien contra las comisiones internas o cuerpos de delegados que con el apoyo de sus bases decidan luchar por sus demandas pero no cuenten con el apoyo de las cúpulas de sus sindicatos.

De este modo, un puñado de jueces llenos de privilegios, a quienes nadie votó, intentan regimentar el derecho a huelga. Sin embargo, ningún fallo judicial podrá cercenar este derecho si la fuerza de la clase trabajadora emerge desde abajo organizada de forma independiente de la burocracia sindical y los partidos tradicionales.

Es por este motivo que todos los gobiernos de turno, que consideran a las cúpulas sindicales un punto de apoyo decisivo para su dominio, ven por el contrario en las organizaciones de base una amenaza al mismo. Si hoy la Corte Suprema le hace un favor al plan de ajuste del macrismo y los gobernadores y gobernadoras, cabe señalar que también durante todo el ciclo kirchnerista se atacó al sindicalismo de base, en alianza con distintos sectores de la burocracia sindical. Así fue desde la confrontación con las enfermeras del Garrahan en los comienzos del ciclo K, hasta la represión a los choferes de la Línea 60, pasando por el ataque a comisiones internas y cuerpos de delegados combativos como Lear, Kraft, Gestamp, Mafissa, Casino o tantos otros. La contracara fue su larga alianza con Moyano primero, con Pignanelli y Caló después.

Hoy, de cara al ajuste y el fallo reaccionario de la Corte Suprema, se hace más necesario que nunca recuperar las comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos para echar a la burocracia sindical que sostiene el ajuste, y poner esas herramientas al servicio de la lucha de los trabajadores.