El gobierno nacional socava la libertad de la protesta social

El proyecto de ley de Convivencia en manifestaciones públicas cuyo fin es terminar con bloqueos de rutas y calles en el país, impulsado por la presidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner, profundiza la criminalización, persecución y judicialización de la protesta social en la Argentina.

El incremento de bloqueos de rutas y arterias, por reclamos sociales se acentúa en el país, debido a la desigualdad. La experiencia sobre aplicar mano dura sobre los sectores desprotegidos y excluidos de la sociedad que ganaron las rutas y calles, nos retrotrae a represiones sangrientas e inhumanas perpetradas por gobiernos mesiánicos durante la década del peronismo neo liberal en los 90 y comienzos del 2000 con el radicalismo en el poder. Que en vez de solucionar las peticiones de los ciudadanos postergados, criminalizaron, judicializaron, persiguiendo, encarcelando y asesinando las voces en reclamo, tal fue el caso de la provincia de Salta durante las gobernaciones del millonario justicialista Juan Carlos Romero, que no dudo en reprimir toda manifestación de reclamo popular, la que arrojo cientos de procesados, encarcelados, más de 200 heridos de bala y cinco muertos.

Hoy el gobierno nacional, expresa el hartazgo de los piquetes que sufren los porteños, buscando consenso en los sectores afectados y alentados por medios de comunicación de extracción derechista, que se oponen a los piquetes, considerados por estos, entre sus argumentos, como quebranto a la libertad de tránsito, dejando al gobierno en otra clara contradicción, con sus enemigos, ahora aliados en la puesta en escena del debate ante la opinión pública, con esos mismos medios considerados monopólicos y de acciones destituyentes por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La falta de soluciones gubernamentales ante el reclamo social establece como modalidad el bloqueo, en búsqueda de los actores sociales de diálogo con funcionarios. Siendo la inacción de los gobiernos y sus burócratas el problema ante la demanda social en aumento, por no garantizar bienestar a estos sectores.

Confundir a la opinión pública, pretendiendo justificar que el reclamo de un mejor bienestar de un gran sector de la sociedad es ilegal y que debe ser coartado, por la metodología, criminalizado, y judicializándolo, es un claro avasallamiento a la libertad de protesta, garantizada en las constituciones provinciales y nacional, como tratados internacionales firmados para cumplir por la Argentina, situándonos con regímenes autoritarios y dictatoriales como fue al de Augusto Pinochet en Chile, donde las manifestaciones sociales para circular deben ser autorizadas por el gobierno, de los contrario son consideradas ilegales y por ende reprimidas. Decreto 1066 de 1983.

Desconocer la realidad sobre el aumento de la petición social, por la crisis socio económica que enfrenta el país, la devaluación e inflación galopante, y tener solo como respuesta criminalizarla, es deshonesto y ambiguo, más viniendo de un gobierno que se auto proclama popular y nacional, que durante la presidencia de Néstor Kirchner agitó y apoyo por meses el piquete ambiental de Gualeguaychú, construyendo una política de no agresión a los reclamos populares expresados en bloqueos.