INVESTIGACION DEL CENTRO CIVICO ESTANCADA.

La investigación por el supuesto fraude en la permuta de propiedades municipales
para construir el Centro Cívico sigue su curso en el Juzgado de Instrucción Formal
4ta. Nominación a cargo del Dr. Antonio Pastrana.

Hace aproximadamente un mes los denunciantes presentaron copias simples de las
valuaciones realizadas por la Cámara Inmobiliaria Salteña respecto de los inmuebles
identificados con matrículas 12.084 y 4.916.

De esta documentación se desprende que el valor adjudicado al inmueble de calle La
Florida 86 oscila entre 9 y 10 millones de pesos, cuando fue entregado por la
Municipalidad de Salta en la suma total de $4 millones. Para los radicales la
diferencia resulta sugestiva y también pidieron que se libre oficio a la Cámara
Inmobiliaria que sobre el inmueble que entregó el empresario Roque Lozano
certificaría un valor real –al momento que se realizó la operación- de $12 millones
mientras que los funcionarios municipales lo aceptaron en la suma de $21,3 millones,
por lo que la diferencia de cotizaciones oscila aproximadamente en más de 9 millones
de pesos.

A pesar de la relevancia del trabajo de la Cámara Inmobiliaria de Salta el
magistrado no ha solicitado las mentadas cotizaciones aún cuando su presidente Juan
Martín Biella Calvet ratificó ante un medio radical la existencia de las mismas.
En su momento, los radicales también pidieron que se requiera prueba ofrecida como
parámetros de cotización, entre la que figura la expropiación tramitada en los autos
caratulados: “Dirección de Vialidad de Salta c/ B.P. Sociedad Anonima s/Tramite
Expropiatorio”, Expte. Nº 3.661/07 – Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo” y el Expediente Administrativo de la Dirección Provincial de
Vialidad de Salta Nº 33.183.642- Cde. 3 – Resolución Nº 1.127/2.006.

Curiosamente, el juez Pastrana ha rechazado estos pedidos por considerar que los
denunciantes no son parte, aún a sabiendas de que nadie se ha presentado en
representación de los intereses municipales y que no se advierte demasiado vértigo
en un trámite que compromete álgidos intereses políticos.

A pesar de algunas manifestaciones, ni los concejales ni el Procurador General Luis
Giacosa –que defiende públicamente la transacción- han mostrado interés por la
pesquisa. El Tribunal de Cuentas continúa sin hacer efectivo el control en relación
a este contrato millonario ni a las contrataciones directas de obras públicas que se
realizan en el predio ni por los alquileres que se pagan como consecuencia de que la
Municipalidad nunca entregó los inmuebles que cedió en la permuta.

Para el abogado radical Carlos Humberto Saravia el nivel de corrupción del municipio
capitalino es exagerado y “…resulta evidente que la decisión política del gobernador
Juan Manuel Urtubey de avalar un convenio sospechado de fraudulento limita
impropiamente la independencia de un Poder Judicial que tiene en sus manos la
investigación y pone al descubierto que los negociados de la anterior gestión tienen
continuidad en un gobierno que pregona el cambio en público y se corrompe en la
trastienda”.
SERA JUSTICIA.-