Según la Oficina de Presupuesto del Congreso el gasto de la moratoria previsional tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo. En tanto, la emergencia en Discapacidad implica un costo que va del 0,22 al 0,24% del PBI.
"Todos saben lo que voy a hacer, vamos a vetar. Y si el veto se cae lo vamos a judicializar", fueron las palabras de Javier Milei unas horas después de que el Senado convirtiera en ley la prórroga de la moratoria jubilatoria, un incremento en el bono de los haberes jubilatorios y la Emergencia en Discapacidad en una jornada marcada por una dura derrota para el Gobierno nacional.
Sus declaraciones no sorprendieron a nadie. Además de que ya lo había anunciado, la política oficial hasta ahora viene siendo el veto. Así lo hizo cuando se sancionó el anterior incremento en los haberes jubilatorios (muy modesto igual que este), en septiembre del año pasado y en el caso de la ley de financiamiento universitario en octubre también del año pasado.
Pareciera que el Gobierno se encamina a hacer lo mismo, aunque en esta oportunidad con un futuro más incierto ya que hoy su vínculo con los gobernadores (que le permitieron alcanzar los números para vetar las veces anteriores) no atraviesa por un buen momento.
¿Cuánto gasto representan las leyes que Milei quiere vetar?
La Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró dos informes en los que se mide el gasto que implicaría para el Estado lo que se votó tanto en el tema previsional como en el de discapacidad. Veamos los principales datos.
Moratoria previsional
En el caso de la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805 tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
Fuente: Oficina del Presupuesto del Congreso
Según información disponible y considerando que muchos beneficiarios potenciales de la PUAM elegirían el beneficio contributivo se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y el resto al segundo año.
Incremento del bono
Si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB).
Fuente: Oficina del Presupuesto del Congreso
En caso que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).
Emergencia en Discapacidad
Sobre el gasto en pensiones no contributivas, se proyectan dos escenarios posibles. uno de base y otro potencial de ampliación de demanda, que implican un incremento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios respectivamente. Esto representa un impacto fiscal estimado de entre 0.22 % y 0.42% del PBI, dependiendo el escenario considerado.
Con respecto a una compensación extraordinario para prestadores del sistema de prestaciones básicas, se calcula un gasto adicional de 277.349 millones para compensar la diferencia entre los aranceles actualizados y la evolución del índice de precios al consumidor entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Esto representa un 0,03 % del PBI.
Con respecto, a las asignaciones para para los Talleres Protegidos de Producción, se estima un gasto adicional de 7.160 millones, equivalente al 0,0008% del PBI.
Como vemos, el costo para el Estado en ambas cuestiones es ínfimo pero aún asi, el Gobierno ya demostró su voluntad para vetarlo y comenzó la rosca con los gobernadores para intentar tener de nuevos sus "87 héroes" que ratiquen ese veto. Sin embargo, como ya dijimos la tiene más dificil que el año pasado.
Si tanto la moratoria como el aumento en las jubilaciones y la emergencia en discapacidad pudieron convertirse en ley es por la persistencia en las calles de los protagonistas de ambos sectores y por la simpatía y apoyo popular que esas causas cosechan.
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