Con suspensiones sostenidas y paralización de líneas clave, la planta siderúrgica de Acindar atraviesa su peor momento en años.
La planta de Acindar en Villa Constitución vive una crisis profunda: la producción anual cayó de 1.200.000 a 600.000 toneladas, y, según detalló diario El Norte, se avecina la paralización del tren laminador número 1, aunque no de manera definitiva. Esta reducción, sumada al cierre del tren número 2, marca un deterioro progresivo que no solo afecta a los empleados directos, sino a todo el entramado económico local, desde contratistas y cooperativas hasta el comercio y los talleres barriales.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los delegados Silvio Acosta y Ariel Alcaraz alertaron sobre la situación crítica del sector. Denunciaron una combinación de factores estructurales, como la caída del 60% de la obra pública, el aumento de importaciones de acero desde Brasil y la apertura comercial sin regulaciones. “Seguimos surfeando la ola con acuerdos de suspensiones”, admitió Acosta al mismo medio, graficando un escenario de subsistencia laboral constante.
El régimen de suspensiones lleva más de un año y medio, y aunque los trabajadores aceptaron medidas como adelantos de vacaciones para evitar despidos, desde el sindicato alertan que la empresa no muestra señales de un plan de reactivación real. “Parece que quieren que el costo lo paguemos los trabajadores”, señalaron, al tiempo que reclamaron la conformación de un comité de crisis multisectorial para abordar el conflicto de forma colectiva.
Las cooperativas y empresas contratistas también se encuentran al límite. La cooperativa Cooperar, que trabaja dentro de la planta, atraviesa una conciliación obligatoria mientras espera definiciones que podrían afectar su continuidad. Aunque se evaluaron medidas de fuerza, desde la UOM explicaron que en un contexto sin producción, un paro pierde eficacia, y por eso priorizan el diálogo permanente.
El conflicto en Acindar expone una crisis estructural del modelo productivo. La baja de actividad, la fragilidad del empleo y el escepticismo frente a políticas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) dibujan un panorama complejo. Mientras tanto, los trabajadores resisten la precariedad y aseguran que no aceptarán despidos forzados. “Esto no lo resuelve solo la UOM ni solo Acindar. Se necesita un esfuerzo colectivo para salir adelante”, concluyeron.
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