Desde esta columna decíamos que una organización civil como la Policía, no se debe abandonarla para que se regenere o autodepure a si misma. Daniel Scioli vive ese fantasma con la Bonaerense, que tiene más de 50 mil efectivos que pueden ser inmanejables si no existen medios idóneos de control y gestión.
Ahora bien, Salta cuenta con siete mil policías y arrastra una larga historia de vejaciones y atropellos a la propia fuerza operativa, donde la institución de la injusticia era y es moneda corriente desde y hacia dentro de sus cuadros victimizados por las jerarquías mayores, legislación obsoleta y practicas originadas en dictaduras pasadas, ante la absoluta indiferencia de la Administración de Gobierno que pasaron hasta el presente.
Hace 10 o 20 años, no era posible imaginar que hubiera entre agentes, cabos y sargentos, muchos con grado Universitario o Terciario. Esta formación genera conciencia de sus derechos y que por lógica pretenderán ejercerlo alguna vez.
El Gobierno Provincial solo atina a responder ante este fenómeno social, con metodologías ineficaces y sofismas que menguan su propia autoridad por negarse a comprender y solucionar las urgencias estructurales del Policía Salteño ( no de la cúpula), al margen del reclamo salarial propiamente dicho.
El amparo judicial solicitado por los Sargentos y Cabos, a los jueces de la democracia, es más que un clamor urgente, sino un grito desesperado de hambre y sed de Justicia y Dignidad, para ser considerados hombres libres y con derechos en esta Salta del 2009.
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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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