Las turbias aguas de Salta

En abril de 1996, bajo la Ley de Emergencia Económica y de la Reforma del Estado, el gobierno de Salta declaró sujeta a privatización la gestión de los servicios de distribución de agua potable y desagües cloacales que, durante casi un siglo y hasta ese momento, estaban a cargo de la Administración General de Aguas de Salta y de la Dirección General de Obras Sanitarias y paso a formar parte de la “Sociedad Prestadora Aguas de Salta Sociedad Anónima” (SPASSA).

La constitución provincial en su artículo 83:

“(…) Los poderes públicos preservan la calidad y reglan el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales o subterráneas que integran el dominio de la Provincia. El uso de las aguas del dominio público destinadas a las necesidades de consumo de la población es un derecho de ésta y no puede ser objeto de concesiones a favor de personas privadas. (…) Los usuarios del agua pública tienen participación en todo lo concerniente al aprovechamiento de aquélla (…) “

La empresa “Aguas de Salta S.A.”, a la que se le otorgó el monopolio de la distribución de agua potable y desagües cloacales de la Provincia de Salta por 30 años está a la cabeza de las empresas de servicios con mayor imagen negativa entre los usuarios, esta actuando en forma inconstitucional.

En los últimos años ha sido denunciada por asociaciones de usuarios y por miles de particulares que se sienten afectados por la mala calidad de sus servicios. La mayoría de las miles de quejas presentadas ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos terminan en una vía muerta.

En contacto con una emisora radial, el ministro de la producción, Julio César Loutaif afirmó “El proceso de renegociación con Aguas de Salta no ha finalizado”. El funcionario manifestó que “hasta el momento solo se firmó un acta acuerdo con la firma donde queda expresada una agenda de temas a considerar entre el ministerio a su cargo y la empresa”. Loutaif destacó que existe un plazo de 60 días para renegociar el contrato y remarcó que existe una decisión de incorporar capitales del estado en la empresa y se está analizando renegociar el contrato en términos jurídicos, vinculados además a la operatoria e inversión”.

Se piensa, en el común de la gente, que aquí hubo un gran negocio, en el que los beneficiarios son solo unos pocos. Amparados por la condición de sociedad anónima hacen transacciones, a veces políticas, en los que se juega con la salud y calidad de vida de los salteños. La responsabilidad política del flagelo del agua recae, principalmente, en el ex Gobernador y actual Senador Nacional Juan Carlos Romero, ya que durante su mandato se dio vía libre a la ineficaz administración de la empresa. Lo justo es aplicar las sanciones económicas, y hasta penales, a los responsables de que se permitiera la pésima conducción de la empresa y no haber garantizado el servicio vital a los vecinos, que es un derecho que debe garantizar el estado.

El actual gobierno, al ser continuidad del anterior públicamente, seguirá avalando abusos por parte de la empresa. Que el Gobernador Juan Manuel Urtubey imponga mano dura para proteger los intereses de los salteños ante empresas inoperantes, sería un gesto del cambio tan esperado, que todavía los salteños seguimos esperando.