La creciente demanda de representatividad en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca expuso un escenario alarmante: precarización, fraude laboral y un mercado totalmente desregulado.
A partir del último conflicto sindical, cientos de trabajadores se acercaron al sindicato para denunciar que la mayoría de las empresas no cumple con el Convenio Colectivo de Trabajo, liquidan salarios de miseria —muchos por debajo de los $900.000 y otros apenas $300.000—, no pagan horas extras ni feriados, y el aguinaldo se abona fuera de término.
En numerosos casos, los trabajadores deben cumplir hasta 240 horas mensuales para poder alcanzar el salario básico. A esto se suma la falta de habilitaciones, credenciales y el crecimiento de la precarización, sobre todo en servicios sensibles como el área de salud.
Además, denuncian prácticas fraudulentas en licitaciones públicas y privadas, donde empresas sin la documentación correspondiente obtienen contratos millonarios a valores de dumping, afectando directamente a los trabajadores.
Casos como Omega de Tucumán, que presta servicios en Tucumán y Salta, resultan escandalosos. En Salta, la empresa comenzó a operar sin cumplir las normativas locales. Otro ejemplo es la situación de la mina de Río Tinto, donde las empresas adjudicatarias cambian sin proceso licitatorio claro, perjudicando a los trabajadores, como ocurre con la cuestionada Securion (Secar) de Buenos Aires, también envuelta en un “preventivo de crisis” y con serias denuncias.
El Sindicato decidió avanzar con presentaciones legales contra clientes y empresas responsables. La licitación de servicios a $3.000, $5.000 o $9.000 la hora, cuando el valor real es de $14.000 a $19.000, fomenta la competencia desleal y empuja al mercado informal, convirtiendo al trabajador en variable de ajuste.
“El ajuste no puede ser sobre los trabajadores de seguridad. La seguridad es una inversión, no un gasto. No vamos a permitir que se sigan vulnerando derechos ni jugando con el sustento de miles de familias”, sostuvieron desde la conducción del sindicato.
En las próximas semanas, el gremio dará a conocer públicamente las empresas y clientes responsables, y solicitará reuniones urgentes con las autoridades provinciales y nacionales.
La crisis no solo golpea al NOA. La precarización y la falta de controles impactan también en el Litoral y otras regiones del país. El Sindicato de Custodios está decidido a visibilizar y enfrentar este sistema perverso que degrada la actividad, a los trabajadores y al propio servicio de seguridad.(h.s.n.)
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