El Gobernador salteño aparece comprometido en un informe de tráfico interno de la policía provincial que afirma que Romero dio la orden a las fuerzas policiales de no abandonar la ruta, luego de esa directiva Aníbal Verón seria asesinado.
A seis años del asesinato del desocupado salteño Aníbal Verón, muerto sobre la ruta nacional 34 durante una represión policial, el juez federal Cornejo quien dio la orden de reprimir e investiga el asesinato de Verón no indago todavía al gobernador Romero para que de explicaciones de las ordenes que este emano al ex jefe de policía, Comisario General Gómez García, que fuera echado luego por el gobernador salteño.
El gobernador ordeno no abandonar el sector ocupado
El periodista Marco Díaz Muñoz, y hoy Director periodístico de la Agencia de Noticias Copenoa realizo una investigación sobre el caso Verón luego publicada en su libro Orden, Represión y Muerte donde da a conocer el informe de trafico interno de la policía de la provincia de Salta de fecha 12 de noviembre del 2000 enviado desde la Unidad Regional Nº 4 de la ciudad de Tartagal al subjefe de la policía de Salta, Comisario General Domingo Mamaní, sobre las novedades ocurridas en el despeje de la ruta 34, destacándose el siguiente párrafo: “Informado del cumplimiento del objetivo por parte del jefe de policía Comisario General Gómez García, este ultimo ordeno no abandonar el sector ocupado por la fuerza actuante hasta nueva orden conforme directivas que el mismo recibiera por parte del Sr. Gobernador, situación que generara un nuevo inicio de contención (Represión) hacia los piqueteros que empezaron a reagruparse hacia los laterales” (...)
Este contundente documento estatal deja al descubierto como el gobernador de la provincia de Salta Juan Carlos Romero se interpone y arroga atribuciones de otro poder como el judicial, que intervenía en el conflicto federal como lo establece la ley. Dejando claro que en la provincia de Salta no existe la libertad de poderes.
Más pruebas de las injerencias del gobierno en hechos violentos
Las declaraciones del piquetero de Tartagal Ramón Contreras quien confeso formar parte de grupos de choques de desocupados y que actúan bajo las órdenes del gobierno provincial y reciben instrucciones, dineros y hasta movilidad para provocar disturbios y afectar aquellos que no son parte de los intereses gubernamentales, es otra prueba de la utilización de conflictos sociales para generar un impacto negativo por la utilización de la violencia en los reclamos sociales gestados por el gobierno de la provincia de Salta.
Contreras involucro en forma directa al Secretario de Obras Públicas Hugo de la Fuente y al Secretario de Seguridad Gustavo Ferraris como sus contactos dentro del gobierno.
Las denuncias a las que la opinión publica puede acceder y conocer en video y audio registradas por la Agencia de Noticias Copenoa, como es el caso del piquetero Ramón Contreras, también están a disposición de la justicia provincial que todavía no actúa ni de oficio ni como noticia crimine, lo que permite dudar una vez más de la tan pregonada libertad de poderes.
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