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SALTA: Poderes adictos.

Aún cuando la devaluación de la imagen presidencial arrastra a sus incondicionales, no existen dudas de que el estilo “K” se ha instalado en los ámbitos palaciegos de la provincia y sofoca al sistema republicano. La exageración mediática de escasas medidas populistas disimula un panorama institucional sombrío, en donde la línea divisoria de los poderes del Estado casi ha desaparecido.

9 de junio de 2008| copenoa |

En el curso de la semana el gobernador decidió avanzar sobre la cúpula del Poder Judicial y ha remitido un proyecto de ley por el cual fija en siete el número de ministros de la Corte de Justicia. Casi nostálgico, sostiene que debemos regresar a la clásica composición previa a la reforma constitucional de 1.986 y que la ampliación de integrantes permitirá descongestionar el cúmulo de causas que se encuentran a consideración de agobiados tribunales.

De manera sintomática, días antes, el Consejo Consultivo integrado por representantes de la Corte de Justicia, el Ministerio Público, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y ampliado con asesores del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas (?) emitió una declaración en la que manifestaba preocupación por este tema. Habían sido convocados para la reforma de los códigos procesales y, sobre la marcha, improvisaron sobre cuestiones que integran la competencia legislativa virtual establecida por la Carta Magna.

La secuencia de la ampliación padece defectos formales que dejan traslucir los vicios del sistema. Mientras las cámaras todavía no acogieron favorablemente la iniciativa, ya se publicó el currículum del postulado y se anticipa en los medios que el trámite será vertiginoso pero complaciente. Acaso se contempla la hipótesis de que diputados y senadores consideren otras soluciones para el mejoramiento de la Justicia en Salta? 57 de 60 diputados y 21 de 23 senadores denunciaron su pertenencia al oficialismo y brindan seguridades extras.

En los últimos tiempos ingresaron numerosos proyectos fundados en diagnósticos que consideran necesaria la creación de tribunales intermedios como la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo o ampliar la base de juzgados de primera instancia en fueros castigados por la judicialización de los conflictos sociales. Ninguna de estas propuestas, razonables por cierto, se considera prioritaria respecto de una operación política con efectos colaterales de magnitud.

La opción ejercida por Urtubey merece cuestionamientos. Se trata solamente de conformar una corte conteste a sus designios –que hasta ahora fueron pocos- y no se prevé la posibilidad cierta de prestigiar el más alto tribunal mediante la salida de algunos integrantes que lo han sumido en el desprestigio. Mientras Néstor Carlos Kirchner inició su mandato pidiendo públicamente la renuncia de los jueces adictos al menemismo, Urtubey ha encontrado las excusas para preservar la mayoría romerista en casi todos los estamentos. Su pertenencia al régimen que gobernó los últimos doce años se erige en una explicación suficiente y adecuada.

Tal vez por ello el gobernador ha instruido a la Fiscalía de Estado para que se oponga al progreso de la acción de amparo planteada por el Colegio de Abogados para anular la designación del ex Secretario de Seguridad Gustavo Ferraris. Un trago amargo para una institución que deberá resignarse a que un abogado carente de idoneidad moral y solvencia jurídica se erija en árbitro final de las pretensiones judiciales.

El mandatario esgrimió en relación a este luctuoso caso que no está dispuesto a entrometerse en cuestiones de poderes ajenos al ejecutivo que encabeza. Este prurito –que no luce genuino- pudo conducirlo antes de su asunción al silencio casi cómplice. No existen motivos hoy para que su representante legal defienda a Ferraris de no existir un inefable pacto de convivencia que también determinó el rechazo del pliego del Dr. Manuel Pecci como Fiscal de Estado. Mientras se marginó al probo, se consolida al sospechado y eso constituye una afrenta para la ciudadanía y para los magistrados que creen todavía en la carrera judicial y en el mérito como herramienta de acceso a niveles superiores.

La mano de Juan Carlos Romero –y su estrecho colaborador Manuel Brizuela- aparecen en el acuerdo clandestino que conduce a Urtubey y torna más lógica la mudanza de Abel Cornejo a la justicia local. Con intenciones solapadas, las declaraciones del Ministro de Justicia pregonan que el nuevo juez de Corte va a reivindicar por sí solo la independencia judicial. Mantiene en silencio el canje conveniente que permitirá al kirchnerismo controlar la competencia electoral del Juzgado Federal y al romerismo contar con garantías de impunidad.

El acuerdo no solamente contempla estos mezquinos y coyunturales intereses. El nuevo gobierno analiza un proyecto de reforma constitucional que involucra otorgar mandato vitalicio a los actuales jueces de Corte y cuya convocatoria coincidiría con los comicios para renovar las bancas legislativas el año próximo. De concretarse, quienes ingresaron por la ventana de las conveniencias y ofreciendo garantías de parcialidad gozarán hasta la vejez de un cargo y sueldo reservados originariamente para los juristas impolutos.

Los mensajes que recibe el tercer poder no son alentadores y hasta conspiran contra la imparcialidad. Hace apenas dos meses, la promoción de acción penal en contra de los funcionarios municipales capitalinos por el fraude millonario que enmarca la construcción del Centro Cívico tuvo como respuesta el apoyo explícito del gobernador a la iniciativa y el aval para su financiación. Acaso el Juez de Instrucción designado podría animarse a escudriñar sobre un negociado que cuenta con semejante respaldo político?

Fernando Yarade y Carlos Parodi son para el gobernador lo que Julio de Vido para Néstor Kirchner…y no es poco decir. Cómo debiera calificarse la prosecución de los contratos públicos de la anterior gestión que fueron reiteradamente tildados de corruptos? Darles continuidad no puede menos que recibir un repudio y conduce a la sospecha sobre bases verosímiles. La condicionada justicia heredada tampoco atravesará estos blindajes.

Lo que en la campaña se consideró lesivo, ahora se somete a críticas progresivamente benévolas y al retaceo de información oficial. Ante las cámaras televisivas el director de la UNIREN ventiló pormenores de su solitario y hermético derrotero y confirmó que La Plumada S.A. seguirá como responsable de los archivos públicos y que el Centro de Convenciones continuará como rehén de una empresa que no ha organizado ninguna actividad en el marco de un convenio de precios irrisorios que avergüenza a la administración pública. El caso de Aguas de Salta S.A. muestra solamente matices, ya que seguirá como concesionaria a pesar del incumplimiento sistemático en la prestación a su cargo. Acaso se busca la participación estatal para garantizar la inversión que no está dispuesta a realizar esta empresa?

Para los nuevos cuadros del kirchnerismo local es preferible adoptar viejas costumbres y someterse a un micrófono, que reconocer potestades a las cámaras legislativas que han renunciado de hecho al control. El Senado Provincial todavía espera a Emilio Tuñón, y en esta semana también fue desairado por el Ministro de Justicia, que resolvió no asistir a la cita que buscaba explicaciones sobre un desalojo violento en Orán, las mentadas reformas judiciales y la ampliación del número de jueces de la Corte.

No existen muchas diferencias con el estilo impreso por el romerismo, que hizo desaparecer la figura de la interpelación y la sustituyó por cómodas invitaciones a despachos confidentes con interrogatorios previsibles. Uno de los institutos que podría contribuir a vigorizar el poder legislativo ha caído en perjudicial desuso. Hoy, como ayer, los mismos actores consienten la debilidad del control en diputados y senadores.

Así las cosas, la concentración impone la obediencia política, socava la división de poderes, sacrifica la autonomía municipal y da “piedra libre” a los convenios de trastienda. Con resultado previsible, el proceder contrario al Estado de Derecho no solamente impide las pesquisas sobre negociados consumados sino que propicia nuevos hechos de corrupción. Dios nos salve del “cambio” que venden los adictos y el “status quo” que se consolida, hasta ahora, sin obstáculos ni censores.

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