Un compromiso ineludible a asumir desde ya: Derogar la infame ley petrolera

Los candidatos en las próximas elecciones que pretendan recibir el voto popular deben comprometerse solemnemente DESDE YA a derogar con efecto retroactivo, por insanablemente inconstitucional y por afectar la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, la INFAME ley petrolera que acaba de votarse.

Y también deben comprometerse desde ya a no reconocer ningún contrato firmado en el marco de esa ley.

Porque se corre el riesgo de que en caso de rescisión futura de un contrato que celebre el Gobierno nacional actual o alguno de los actuales Gobiernos provinciales con una empresa transnacional, la empresa reclame sumas multimillonarias como indemnización porque se diga privada de “los beneficios que podía razonablemente esperar” o de las “ganancias futuras o esperadas”, basada en alguno de los 54 Tratados de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TPPI) celebrados y ratificados por el Congreso en el decenio de 1990 durante el Gobierno de Menem.

En efecto los TPPI incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u “otras medidas de efecto equivalente”. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que “privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar”, como dijo el tribunal arbitral en el caso “Metalclad c/México”, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1996 la empresa norteamericana Metalclad demandó al gobierno mexicano por violar el capítulo 11 del TLC, cuando el gobierno de San Luis Potosí impidió abrir a dicha empresa un depósito de desechos tóxicos. Bajo las normas del TLC, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada un acto de “expropiación” y el gobierno mexicano tuvo que pagar a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares.

Los TPPI celebrados por el Gobierno de Menem cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional. El acuerdo celebrado con Estados Unidos el 14 de noviembre de 1991, en vigor desde el 20 de octubre de 1994, es un modelo en ese sentido. Puede encontrarse el texto resumido de este tratado en http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngin/publications/spanish99/binv_aus.asp y el texto completo en la ley argentina 24124 sancionada el 26 de agosto de 1992, que ratificó el tratado.

Rectificar un cuarto de siglo de políticas menemistas y kirchneristas de escandaloso saqueo del patrimonio nacional, requiere medidas contundentes y sin medias tintas.