Urtubey le saca el agua a los pobres

La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el artículo periodístico publicado en el Diario Hoy de La Plata, el que se refiere al gobernador salteño y la aprobación del desvió de agua de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, para llevarla a emprendimientos inmobiliarios privados en la zona.

“El Gobernador autorizó a una empresa privada a desviar un arroyo para abastecer las piletas de tres countries. De ese curso de agua depende la vida de más de 200 familias humildes del Pueblo Lule
Aunque hasta organismos de derechos humanos reconocidos mundialmente como Amnistía Internacional han señalado los atropellos que el Gobierno comete con los pueblos originarios, el kirchnerismo continua en la misma senda, privilegiando sus negocios con megamineras, constructoras y pooles de siembra por sobre la vida de las poblaciones indígenas.

Un ejemplo fiel de esta situación es el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, otro mimado de la Casa Rosada, quien autorizó a la empresa La Ciénaga SRL a realizar perforaciones y desviar un arroyo que desde hace 150 años pasa por el territorio en que se asienta la comunidad originaria Pueblo Lule, ubicada en Finca de las Costas, en el municipio de San Lorenzo, a 25 kilómetros de la capital provincial.
Para peor, el trabajo no está planificado con la idea mejorar las redes de agua potable ni nada por el estilo: la intención es abastecer las piletas de tres countries que se están construyendo en la zona.
Es decir, para beneficiar un emprendimiento privado Urtubey dejará sin agua a más de 200 familias humildes que viven en dicho territorio poniendo en riesgo directamente su supervivencia dado que esta población se dedica fundamentalmente a la agricultura y la ganadería, para lo que necesita de ese arroyo.

Fuera de la ley

A pesar de que está vigente la Ley de emergencia 26.160, que se sancionó en el 2006 y se prorrogó este año hasta el 2017, y que impide que mientras dure el relevamiento de todas las comunidades originarias del país se pueda afectar los territorios que ocupan, en Salta esta legislación pareciera no existir.

Mario Fermín Tolaba, presidente del Pueblo Lule, aseguró a Hoy: “Ellos entraron hace un mes, después nosotros presentamos una denuncia, se frenó la intervención de la empresa, y ahora volvieron a realizar los trabajos hace cuatro días”.

“Estamos en la lucha para que se pare de nuevo, porque nos perjudica a los hermanos que tienen sembradíos aguas debajo de ese trabajo que ellos hacen, y también hay animales de varios hermanos que bajan a tomar agua a esta zona que se llama paraje Potrero Grande”, señaló.
“Es importante que nos respeten como pueblos originarios, nosotros tenemos personería jurídica, hemos finalizado el relevamiento del Gobierno, estamos a la espera de la carpeta técnica de parte del INAI”, explicó Tolaba, recordando además que este arroyo nace en este territorio indígena.

Una provincia gobernada como un feudo

El Gobernador Juan Manuel Urtubey maneja la provincia como a un feudo, teniendo bajo su control el Poder Judicial, razón por la cual los pueblos originarios se sienten desprotegidos.

“Ninguna respuesta de la Provincia recibimos del Gobierno”, ellos se escudan en que “un fiscal auxiliar intervino y consiguió que le dicten a la empresa una medida para que puedan seguir trabajando, porque agarraron en forma singular y unitaria una denuncia de un hermano, en vez de tomar la denuncia que hicimos nosotros de forma colectiva , como sujeto de derecho que somos, y obviando 110 firmas de nuestros hermanos que no quieren que saquen el agua y que piden que esta empresa se vaya” aseguró Mario Tolaba, presidente del Pueblo Lule.
“El problema es que esto está en manos del poder judicial, y ahí intervienen funcionarios del mismo Estado provincial que son terratenientes, contadores, abogados. Ellos tienen el poder y cuesta mucho a los pueblos originarios enfrentarse con el poder y que los jueces bajen la mano a favor de nosotros, de los pobres”, destacó el referente originario.

No reconocen derechos

El Dirigente originario David Torres, quien se desempeña como integrante del Concejo de Participación Indígena, en representación del Pueblo Lule, destacó que “la empresa a recomenzado las obras de canalización de aguas para un consorcio privado, no respetando el derecho de consulta que se debe hacer a los pueblos originarios en territorio relevado. Nosotros estamos exigiendo justicia y que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios afirmados y reconocidos en la Constitución provincial y nacional, como todos los convenios internacionales que a argentina adhiere y en especial Salta. Estamos reclamando que se respeten los derechos invocados de consulta y el consentimiento libre a estar informado para hacer actividades dentro las tierras comunitarias el que debe ser reconocido por las diversas instituciones estatales, y en este caso privadas”.