A 48 años del golpe genocida. Las claves del plan económico de Martínez de Hoz que Milei plagió

José Alfredo Martínez de Hoz fue el primer ministro de Economía de la dictadura cívico militar entre 1976 y 1981, además de uno de sus ideólogos. Llegó a ese cargo luego de ser presidente del Consejo Empresario, su familia fue fundadora de la oligárquica Sociedad Rural. Martínez de Hoz también presidió Acindar (Villa Constitución) en 1975 donde derrotó la huelga de 59 días del año previo, en esa planta funcionó uno de los primeros centros clandestinos de detención antes de la dictadura cívico militar.

El Villazo fue un levantamiento obrero y popular, en la ciudad de Villa Constitución, en el sur de Santa Fe, en marzo de 1974, donde hay grandes industrias del acero.

El 2 de abril de 1976 Martínez de Hoz anunció el plan económico de la última dictadura cívico militar, se denominó “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”. Un plan de liberación de la economía, con suba de tarifas, liberación de precios, congelamiento de salarios, apertura económica y reforma financiera.

El ministro de Economía de Videla destacó en su discurso “12 puntos fundamentales” a través de los cuales consideró que “se pueden medir la profundidad de la transformación” que llevaron a cabo. Entre los puntos mencionados está la “libertad de precio”, la “libertad del comercio exterior”, la “liberación de los alquileres”, “la libertad para las inversiones extranjeras”, entre otras. De los 12 puntos nombrados por Martínez de Hoz en 9 menciona la palabra “libertad”, libertad para los grandes empresarios. La misma “libertad” que pregona el presidente Javier Milei.

José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla

Los principales puntos del plan económico [1] de la dictadura:

Caída del salario real en un 40% en 1976

Eliminación de retenciones a la exportación de productos agropecuarios
Apertura de la economía, reducción progresiva de los aranceles de importación
Eliminación de subsidios a las exportaciones no tradicionales, de créditos de fomento, de prestaciones sociales (salud, vivienda), suba de tarifas de los servicios públicos.

Liberalización de los mercados cambiarios y financieros (reforma financiera) y el financiamiento del déficit público mediante colocación de títulos en el mercado de capitales.

Ajuste fiscal: reducción del gasto, empleo y déficit del gobierno, la reprivatización de empresas.

Adolfo Canitrot enfatiza en el “crudo carácter clasista” del programa ya que los salarios se congelaron en medio de una elevada inflación, que se aceleró por la liberalización de los precios, los sindicatos fueron intervenidos. Los precios agropecuarios superaron los restantes precios beneficiados por no pagar retenciones a la exportación y por la suba del tipo de cambio. La especulación en títulos públicos produjo “una enorme transferencia de riquezas desde los ahorristas de las clases medias a las empresas y grupos financieros”.

Este plan de guerra contra la clase trabajadora fue financiado por los organismos internacionales y los centros financieros internacionales. A pocos días de asumir, el ministro de Economía obtuvo un desembolso del FMI por 110 millones de degs (unos 126 millones de dólares). Estos fondos fueron denegados semanas antes al gobierno peronista, el imperialismo jugó un rol clave en el golpe.

Las consecuencias del programa económico fueron un fuerte deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora, aumento de la pobreza, de la desigualdad (la participación de los salarios en el ingreso bajó de 45% al 27% entre 1974 y 1983) [2], y se agudizó el déficit de vivienda por el encarecimiento del crédito público y el aumento de los precios de los alquileres. Se profundizó el proceso de desindustrialización por la apertura económica. Se registró una caída del 10% del empleo asalariado industrial (reducción de 150.000 obreros industriales) entre 1974 y 1985 por la disminución de los establecimientos industriales. [3]

La deuda externa aumentó exponencialmente, creció desde U$S8.000 millones en 1975 a U$S 45.000 millones en 1983, hacia el final de la dictadura. Después se recicló en distintas renegociaciones durante los gobiernos de la llamada etapa democrática y no paró de crecer. A partir de una denuncia de Alejandro Olmos Gaona (padre), el juez Jorge Ballestero emitió un fallo donde se dan por comprobados 470 ilícitos en la conformación de la deuda pública durante la dictadura.

Viejas ideas

En Argentina la dictadura cívico militar realizó a sangre y fuego el primer ensayo de las ideas neoliberales desde la década de 1970. Pero estas políticas fueron también aplicadas por Carlos Menem, por Fernando de la Rúa y luego por Mauricio Macri. La ley de entidades financieras (desregulación de la tasa de interés, liberalización de entrada y salida de capitales, etc), herencia de la dictadura, no fue modificada en lo esencial ni en lo cosmético. En 2010 Cristina Fernández promovió una modificación de la Carta Orgánica del BCRA para ampliar los objetivos y herramientas de la política monetaria, pero en ningún momento se planteó eliminar o modificar la normativa que regula a los bancos.

Por su parte, Javier Milei busca avanzar con medidas similares a las que aplicó Martínez de Hoz, como la liberación de precios, ajuste fiscal, la derogación de la ley de alquileres (DNU) que dio vía libre a las inmobiliarias para aumentar los precios y establecer duras condiciones para los nuevos contratos. Una vez más el FMI respalda el saqueo en curso contra la clase trabajadora. Hay que enfrentar este ataque.

Este 24 de marzo seamos miles en las movilizaciones de todo el país para enfrentar el plan de ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI y contra un gobierno negacionista y que administra los negocios de los mismos empresarios que promovieron el golpe en 1976. (LID) Por Mónica Arancibia

[1] Adolfo Canitrot, “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”, Desarrollo Económico Nº 76, vol. 19, 1980.
[2] Mario Rapoport, “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)”, Emecé Editores, Buenos Aires, 2005.
[3] Ídem.