ASOCIACIONES ILÍCITAS ¿Quiénes pueden entrar en el blanqueo de Macri y Cambiemos?

Mientras el gobierno sigue esperando que el segundo semestre arranque, junto con la “lluvia de inversiones” y la buena onda, la semana pasada presentó un proyecto de ley que en rigor es un paquete de propuestas que mezcla varias cuestiones.

Con 91 páginas y 94 artículos el proyecto establece la “reparación histórica a los jubilados” que, como ya se definió en este medio, lejos está de consagrar el histórico reclamo del 82 % móvil para los jubilados y de un haber mínimo igual a la canasta básica. Junto a esto se crea una comisión que deberá rever el sistema previsional, junto con otra que deberá analizar el sistema impositivo, así como una batería de cambios impositivos que refuerzan el carácter regresivo con el que cuenta el país.

Uno de los aspectos más cuestionados, sin embargo, tiene relación con el “Sinceramiento Fiscal” expresado en el último punto del paquete presentado por el oficialismo. La razón, según funcionarios del gobierno, por la cual fue incluida junto con la “reparación histórica a los jubilados” es que con el dinero del blanqueo se obtendrían fondos para pagar los juicios adeudados a miles de jubilados que reclaman justamente un reajuste en sus haberes hace años.

La ley de indulto fiscal, que es el nombre que verdaderamente le corresponde, en el artículo 81 define quiénes no pueden entrar, aclarando que serán “los sujetos que entre el 1/1/2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado las siguientes funciones públicas”. En una lista (no tan larga) incluye al jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios o subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, embajadores, cónsules, rectores o decanos de universidades nacionales, entre otros.

¿Quién sí puede?

Los miembros de la casta judicial así como legisladores, sin importar que se encuentren activos o no, siempre y cuando no se encuentren procesados, pueden blanquear sus dólares evadidos. De esta forma algunos de los funcionarios del gobierno sospechados de tener paraísos fiscales podría declarar sus activos, siempre y cuando su encadramiento judicial solo se limite a una investigación sin procesamiento.

Uno de los casos que tomó notoriedad mediática fue el actual intendente de Lanús Nestor Grindetti, quien podría declarar los activos que posee en Suiza, aunque no así los que tiene en Panamá ya que el caribeño país no forma parte de la lista de “Cooperadores a los Fines de Transparencia Fiscal”. Cabe aclarar que aquella lista elaborada por el Kirchnerismo hace unos años atrás define a las Bahamas como cooperadora, habilitando a que Mauricio Macri regrese sus $ 18 millones sin ningún costo.

A su vez, empresarios que trabajen a través de licitaciones con el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones (nacional, provincial y local) también pueden hacerlo. Actualmente el caso más conocido y maquinado por los grandes medios es el de Lázaro Báez.

Como se puede observar la ley presentada beneficia a empresarios y políticos ligados al macrismo así como al Kirchnerismo. No podría ser de otra forma, ya que como mostró el escándalo de los Panama Papers todos se encuentran embarrados llegando al punto de compartir negocios, como lo demuestran los vínculos entre Báez y Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.

También se podría beneficiar Carolina Pochetti, esposa del exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, ya que podría declarar sus compañías en las Islas Británicas, incluidas en la misma lista.

Como si este favor a empresarios y políticos evasores no fuera suficiente, en el artículo 82 se define que podrán sumarse de “forma condicional” quienes “a la fecha de la declaración voluntaria tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e”. Vale aclarar que el largo inciso “e” incluye, entre otros a quienes se encuentren investigados por “homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo”.

Días antes de que miles de mujeres marcharan bajo la consigna de #NiUnaMenos contra la violencia machista en todas sus formas, que en los casos más extremos se cobra la vida de una mujer cada 30 horas en el país, Mauricio Macri pretende habilitar el blanqueo del dinero proveniente de las redes de trata de personas y explotación sexual.

Los capitalistas que gerencian ese delito, según estimaciones de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tan solo en doce causas judiciales obtuvieron ganancias por más de $ 130 millones. Sin duda uno de los negocios más rentables en el mundo, que obtiene sus ganancias de la explotación de miles de mujeres. Este proyecto es una muestra más del cinismo y de la caradurez del gobierno.

La licencia para blanquear podría llegar incluso a genocidas de la dictadura que hayan transformado en dólares durante estas décadas la gran cantidad de bienes muebles e inmuebles robados a los desaparecidos. Vale recordar que gran parte de los represores y sus cómplices civiles aún ni siguiera fueron imputados por la justicia, con lo que gozan de la mayor impunidad. Así, torturadores y desaparecedores también festejan con Macri.

Como ya es costumbre, cada vez que Macri intenta tomar una medida “social” termina llevando adelante acciones con escaso efecto real. Otra vez el premio mayor es para los empresarios y los evasores.