Al pueblo de Salvador Mazza ¿Es la intervención la promotora del “operativo retorno”?

Así como en su momento denunciamos que el Concejo Deliberante le dio licencia para “salvarlo”, para que nada se investigue, ni sus probables relaciones con las redes de trata, ni sus manejos turbios de las finanzas municipales, también advertimos que la interventora y el propio Urtubey son parte del operativo para que Villalba vuelva.
Si tomamos las declaraciones del gobernador cuando le vino a tomar posesión a Mercedes Junco, afirmando que será el “pueblo el que decida” si quiere que vuelva Villalba”, queda claro que, para él, no hay objeciones para que se vuelva a presentar e incluso para que ocupe de nuevo el cargo. Atrás quedaron los discursos de los diputados oficialistas que al aprobar la intervención descalificaron al intendente “prostibulario”, ahora basta con que junte unos votos para que pueda volver. TODO LO ADVERTIDO SE CORROBORA CON EL AVAL QUE EL PRESIDENTE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, O SEA URTUBEY, LE OTORGA AL INTERVENIDO INTENDENTE PROSTIBULARIO, PARA QUE SE PRESENTE COMO PRECANDIDATO A INTENDENTE.

Así como aduce el gobernador que no hay ningún impedimento legal, para que este personaje se presente como candidato, tampoco él, como presidente del PJ, tiene ningún impedimento legal para negarle el aval. O sea que el RESPONSABLE PARA QUE VILLALVA SEA CANDIDATO ES EL GOBERNADOR URTUBEY, y no el pueblo de Salvador Mazza.
Nuestro Diputado, Claudio Del Plá, advirtió esto en el debate y propuso en su Dictamen que debía elegirse una comisión de vecinos que administre el municipio hasta las elecciones y rinda cuenta todo el tiempo de su accionar. Que la agenda de esa comisión debía ser resolver las demandas de los vecinos y de los trabajadores municipales.

En su lugar tenemos una “embajadora” designada por el dedo de Urtubey. Esta fresca la experiencia del municipio de Mosconi en donde un triunvirato enviado por el gobernador tomó las riendas del municipio para rebajar salarios y aumentar impuestos mientras la corrupción de los intendentes quedó sin investigar.

Nada se investigó en Pocitos tampoco cuando hace un año la Auditoria General de la provincia detectó al menos 100 irregularidades contables.
En nuestro pueblo se producen innumerables episodios de violencia mafiosa vinculada al narcotráfico y los servicios públicos brillan por su ausencia o están colapsados. La trama de políticos asociados al crimen organizado viene de lejos, con el asesinato de la dirigente campesina Liliana Ledesma, también la impunidad. Varios de ellos pretenderán volver en esta elección. Hay que evitar que después de esta crisis todo siga como estaba, hay que aprovecharla para imponer nuestros reclamos históricos y desarrollar nuestra propia alternativa política.
Reunámonos en asamblea y fijemos nuestros reclamos a la interventora

Si queremos que los reclamos que hemos planteado en las movilizaciones para que se vaya el intendente no queden en la nada, tenemos que volver a reunirnos y establecer una por una nuestras exigencias.

1.-Que se forme una comisión investigadora independiente con representantes de los vecinos y trabajadores municipales sobre todo lo referido a los casos de trata de personas en la localidad y su vinculación con el poder político.

2.-La apertura de los libros contables de la municipalidad al control popular.

3.-Que el gobierno provincial garantice el pago en término de los salarios y el pase a planta de los trabajadores acompañado de un enérgico plan de obras públicas.

Desde el Partido Obrero llamamos al pueblo además a fortalecer una alternativa política de los trabajadores que pueda continuar esta lucha desde la intendencia y el concejo votando por nuestros candidatos, las profesoras Susana Altamirano a la intendencia y Alejandra Galarza concejal.