Crisis de representatividad e intentos autoritarios: ¿está la SIDE haciendo espionaje interno?

Tras haber salido en primer lugar La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas, con el 15% de votos del padrón total de CABA, Javier Milei arremetió con un decreto donde pretende prohibir el derecho a huelga como fuerza de lucha colectiva del pueblo trabajador. El resultado de este delirio autoritario está por verse; mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras continúan haciendo paro y movilizaciones: lo vemos en Tierra del Fuego, también entre docentes y esta semana estarán en primera fila trabajadores del Hospital Garrahan, de Secco (industria de la energía), de la alimentación y los choferes. Además de los jubilados y jubiladas.

A la vez, este fin de semana se conoció, a través del periodista Hugo Alconada Mon, una serie de directivas con las que estaría funcionando la SIDE manejada por Santiago Caputo que, de ser ciertas, significarían un ataque a las más elementales libertades democráticas, reconquistadas por la movilización popular y de los organismos de derechos humanos desde la vuelta a la democracia. Se trataría del espionaje ilegal a opositores y organizaciones sociales.

El Gobierno se muestra triunfal y prepotente, pero no es más que el revés de su propia impotencia y el miedo a perder control sobre la situación económica y social.

Por un lado, el régimen democrático argentino permite la rémora monárquica de que el presidente pueda "gobernar por decretos", sin necesidad de contar con los votos de los representantes del pueblo en los parlamentos. A la vez, los servicios de inteligencia se han mantenido casi intactos (e impunes) desde la última dictadura militar, conviviendo su accionar subterráneo con el de todos los gobiernos republicanos.

Pero entre el poder, la legalidad e incluso la constitucionalidad, media la legitimidad. Esta emana del conjunto del pueblo, que delegamos nuestro poder soberano en representantes que son electos por sufragio universal. Pero cuando el 50% de los padrones electorales deciden ausentarse el día de la votación, esa legitimidad se muestra debilitada. Es lo que pasó en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Aún así (y quizás por eso), el gobierno de Javier Milei y de los hermanos Caputo, meten quinta, siempre con el aliento del FMI en la nuca.

Javier Milei parece entender el ejercicio del poder en base a la persecución de cualquier tipo de oposición, total o parcial: ya sea de periodistas, economistas, académicos, diputados o personalidades de la cultura. Por lo pronto, estas embestidas vienen siendo de orden simbólico: descalifican, mienten sobre la moral ajena e insultan en redes sociales y medios de comunicación oficialistas.

Es lo que acaba de ocurrir con el actor Ricardo Darín, que fue bulleado por el Ministro de Economía, solo por señalar que le parecía que las empanadas están caras. Luis Caputo tuvo tiempo de denostar a Darín, mientras impunemente se negó a explicar por qué no trae los 2 millones de dólares que tiene "bajo el colchón" de las offshore en el exterior.

A la par, el Gobierno montó una industria de fakenews y puso en marcha su propio ejército de trolls con dinero público, que administra el ñoqui Manuel Adorni, a cargo de la Secretaria de Comunicación y Medios: la única entidad estatal que aumentó su planta de empleados y su presupuesto.

Al parecer, este aparato no le alcanza al Gobierno para sostener su legitimidad, a pesar del permanente favor de la casta política opositora y de la casta sindical peronista, que contribuyen a sostener su gobernabilidad.

¿Qué fue lo que develó Alconada Mon, en torno al nuevo Plan de Inteligencia Nacional? Que la SIDE estaría orientada a recabar información y hacer espionaje sobre: "actores" que erosionen o busquen erosionar la confianza de la opinión pública sobre las políticas económicas del Gobierno o sobre funcionarios del Ministerio de Seguridad (Patricia Bullrich y otros). Así configurado, cualquier jubilado o jubilada que ejerce su derecho a protestar contra la miseria, entraría en estas dos órbitas: oposición a las políticas económicas de hambre y oposición a las políticas represivas que sufren en carne propia.

Éste martes, el periodista amplió información en un nuevo artículo. La SIDE habría emitido además una directiva secreta para monitorear el accionar de "grupos sociales vulnerables”. Y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia". Esta data críptica, se puede leer con la lupa de la historia reciente. Recordemos que la masacre del Puente Pueyrredón tuvo una intervención concreta de los servicios de inteligencia, bajo el mando del presidente interino Eduardo Duhalde: de ahí surgió una mentira conspirativa sobre un supuesto intento de destitución, con el que justificaron el asesinato de la policía.

De ser certera esta información y de estar llevándose adelante alguna de estas directivas, podría significar que el Gobierno está haciendo espionaje interno, sobre opositores y organizaciones sociales y de trabajadores. Algo totalmente ilegal, que atenta contra las libertades democráticas más elementales. Y que es preciso denunciar y enfrentar.

La legitimidad del Gobierno viene horadada también por el persistente desarrollo de resistencias en las calles y desde los lugares de trabajo: movilizaciones masivas del colectivo LGTBIQ+, marchas masivas y tomas en defensa de la educación pública, valientes protestas semanales de jubiladas y jubilados y, más recientemente, sectores obreros que pisan con fuerza en el escenario nacional. Esta es la expresión de otro tipo de política, una que surge de la organización y la lucha.

La represión a los opositores que se expresan en las calles está desde el primer día. Y se vio en jornadas brutales como la resistencia a La Ley de Bases, donde el Gobierno tuvo que retroceder de encarcelar manifestantes por la propia movilización popular y de organismos de derechos humanos.

Por eso es tan importante acumular fuerzas para exigirle a las centrales sindicales que rompan la tregua y encaren una huelga general a nivel nacional (como parte de un plan de lucha), que logre unir a todos los sectores que resisten. Y unir también a esa vanguardia de lucha, con sectores más amplios de las mayorías trabajadoras, más pasivas por su sometimiento al pluriempleo precario o a jornadas de trabajo interminables para rascar la olla a fin de mes. La mejor manera de lograrlo, es también arrancando en cada lugar de trabajo, en cada barrio y lugar de estudio, las formas más democráticas posibles de organización desde abajo, como son las asambleas y distintas instancias de coordinación. Que también son expresión de otro tipo de democracia.

Ante el giro autoritario permanente del Gobierno, despuntemos nuestra importante tradición de lucha en defensa de las libertades democráticas; y recuperemos los mejores métodos de organización democrática desde abajo, para la lucha colectiva. (LID) Por Lisandro Libertad