DECRETAZO: Ingresó al Congreso el mega DNU que deroga 19 leyes y modifica otras 140.

El mega DNU 27/18 firmado el 10 de enero pasado, ingresó ayer al Congreso Nacional. Será debatido desde febrero en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de "Desburocratización y Simplificación", firmado el 10 de enero pasado, ingresó ayer al Congreso Nacional, y será debatido desde febrero en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que debe analizar su validez.

De acuerdo con la legislación vigente, a partir de ahora la comisión tiene diez días hábiles para emitir dictamen y luego girarlo para que sea debatido en cada Cámara.

Si se respetaran esos tiempos parlamentarios, el DNU podría ser discutido en la Bicameral durante la primera semana de febrero, pero recién sería llevado al recinto luego de inaugurado el Período Ordinario de Sesiones, el 1 de marzo próximo.

El lunes se conoció la conformación nueva de la Bicameral que contará con ocho oficialistas (cinco por Diputados y tres por el Senado), cuatro integrantes del Justicialismo, tres del kirchnerismo y uno del Partido Renovador de Salta.

El DNU 27/18 incluye un conjunto de más de 40 normas para reducir los trámites que ahora debían hacer las empresas para operar en el país, al tiempo que habilita nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte, destinadas a reducir costos y ganar competitividad. De conjunto, modifica más de 140 normas y deroga 19 leyes, lo cual le valió amplios cuestionamientos desde varios sectores de la oposición.

Entre otras disposiciones polémicas, el DNU habilita la embargabilidad de las cuentas sueldo (hasta ahora sólo podía embargarse parcialmente el sueldo, pero antes de que este fuera depositado por el empleador en la cuenta) con el objetivo declarado de aumentar la "inclusión financiera", y reduce los castigos para los empleadores con personal no registrado.

De acuerdo con lo previsto por la Constitución Nacional, a partir de su reforma de 1994, y por su reglamentación a través de una ley dictada en el 2010, durante la gestión de Cristina Kirchner, una vez que el DNU es debatido en el seno de la Bicameral, debe ser tratado tanto en Diputados como en el Senado.

En ese marco, sólo puede ser derogado cuando las dos cámaras expresan su rechazo, con una mayoría simple, es decir con el voto de la mitad más uno de los presentes en el recinto, una vez reunido el quórum reglamentario. De esta forma, es más fácil para el ejecutivo hacer pasar en el Congreso un DNU que lograr la sanción de una ley.

Sin embargo, el gobierno no tiene asegurado un trámite fácil para la normativa, ya que en diputados la oposición estaría cerca de lograr los votos suficientes para el rechazo de la misma. La definición pasaría entonces a la cámara de Senadores.

Junto con el DNU de Desburocratización del Estado, la Bicameral también deberá debatir otros cuatro decretos firmados por el presidente durante diciembre del año pasado.

Se trata de los decretos 979, 1013, 1076 y 1077 de 2017.

La primera de las normas es un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece en el 10,5 por ciento la tasa prevista en la Ley de Impuestos Internos para bienes fabricados en el país como aires acondicionados y teléfonos celulares; mientras que el decreto 1013 modifica varios ítems de la Ley de Presupuesto 2017.

El resto de las normas son observaciones y vetos parciales de proyectos de Ley aprobados por el Congreso Nacional entre noviembre y diciembre.

El 1076 observa los artículos 10 y 13 de la Ley que crea el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina, que refieren que el Poder Ejecutivo Nacional deberá otorgar una asignación específica para un fondo especial “no inferior a los 1500 millones de pesos”.

Finalmente, el Decreto 1077 observa parcialmente tres artículos y veta totalmente otros cuatro de la Ley que regula los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.