Lo hará la Superintendencia de Salud. Es porque tienen pocos afiliados y son deficitarias
Como primer paso para un ordenamiento mayor, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dará de baja diez obras sociales: lo hará mediante una resolución administrativa que publicará esta semana en el Boletín Oficial.
La decisión va en sintonía con el contexto de depuración del Estado que viene impulsando el Gobierno de Mauricio Macri, señala Clarín.
De esa decena de instituciones que dejarán de estar en el Registro Nacional de Obras Sociales (RENOS), cuatro corresponden al mundo académico como es, por ejemplo, la Obra Social del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Pero también hay una sindical que es la de Trabajadores de Prensa del Chaco; otra es la de Papel Misionero, que paradójicamente venía pidiendo la baja desde hace años y no se la otorgaban. Y una última que supo este diario es la de ADOS (Asociación de Obras Sociales de Mar de Plata).
Para discontinuarlas, la SSS entendió que eran económica y operativamente inviables; o bien que ya estaban en quiebra o que venían pidiendo el cese de actividades.
La existencia de estas instituciones que se discontinuarán, de todos modos, no generaban una erogación de dinero público para sostenerlas pero sí implicaba gastos administrativos que discurren por el seguimiento que pueda hacerles la SSS.
En algunos casos hay afiliados que siguen recibiendo prestaciones de esas instituciones pero fuentes vinculadas a la SSS indicaron que serán reasignados a otras instituciones. Aseguran que son entre 50 y 80 personas.
Esta prueba piloto a escala pequeña sirve para el próximo paso, que es el de confederar obras sociales: esto es que si un mismo sector, supongamos una industria, tiene varios gremios afines y cada uno con su obra social, la idea a futuro es que una sola institución de salud atienda a los afiliados de cada uno de esos sindicatos.
Hoy coexisten unas 300 obras sociales. Y un dato más para entender la magnitud del sistema: entre titulares y sus respectivos grupos familiares se atienden, a través del sistema de obras sociales, unas 25 millones de personas. El resto de la ciudadanía lo hace mediante prepagas o en los hospitales públicos.
Especialistas en temas de seguridad social consultados por Clarín comentaron que "la cáscara" de estas obras sociales también "pueden esconder, según sea el caso puntual, algún tipo de malversación de fondos: se daría en el caso de aquellos trabajadores a los que se les descuenta la cuota de obra social pero terminan contratando a su vez una prepaga porque no reciben las prestaciones".
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