Empleadas de casas particulares exigen actualizar salarios y oficializar $5.000 por hora

El salario oficial de las empleadas de casas particulares quedó desfasado frente a la inflación y la realidad del mercado. Mientras el mínimo se mantiene en $2.863 por hora, los gremios recomiendan cobrar $5.000 para sostener el poder adquisitivo de un ingreso digno.

Los gremios de empleadas domésticas han solicitado al Gobierno la actualización urgente del salario mínimo, proponiendo una tarifa oficial de $5.000 por hora. Actualmente, el valor mínimo establecido por la Resolución 1/2025 de la Secretaría de Trabajo se mantiene en apenas $2.863 por hora para la quinta categoría, la más demandada en el rubro.

Desde noviembre de 2024, las trabajadoras del sector acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% debido a la ausencia de aumentos salariales acordes al avance de la inflación. El último ajuste fue del 2,5% entre diciembre y enero pasados, un porcentaje que los gremios consideran “irrisorio”, sobre todo teniendo en cuenta que productos básicos como un litro de leche cuestan $1.740 y un kilo de pan supera los $3.500.

Frente a la inacción oficial y la falta de reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares —inactiva desde enero—, las trabajadoras y sus representantes recomiendan negociar directamente con los empleadores. La mayoría de los acuerdos informales ya rondan entre $4.500 y $5.000 por hora, dependiendo de la zona, con cláusulas que permiten incluir los montos “a cuenta de futuros aumentos” para evitar conflictos legales.

La disparidad entre los salarios oficiales y la realidad del mercado es evidente. Por ejemplo, mientras que el sueldo mensual de una trabajadora de tareas generales con retiro es de $351.233, en la práctica muchas reciben un 75% más. Además del salario base, deben sumarse otros conceptos como el 1% por año de antigüedad y un 30% adicional en zonas desfavorables, como en las provincias patagónicas.

El panorama se agrava con el aumento en los costos patronales desde febrero de 2025, que en algunos casos se incrementaron más del 60%, alcanzando hasta $28.688 mensuales por empleada.

De no mediar una nueva resolución en los próximos días, los sueldos correspondientes a junio —a pagarse en julio— seguirán bajo la escala vigente, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de miles de trabajadoras. Los gremios insisten en que se convoque con urgencia a la Comisión Nacional y se reconozca el nuevo mínimo propuesto como base para negociar condiciones laborales más justas y sostenibles.