Escándalo en Vialidad: habilitan compra de neumáticos por 2,4 millones de dólares para «reequipamiento» el mismo día que decretan su cierre

La Dirección Nacional de Vialidad, en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, lanzó una licitación millonaria para la compra de neumáticos. Sindicatos denuncian maniobras irregulares y preparan acciones judiciales.

Mientras se oficializaba el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo publicó el mismo día un llamado a licitación por 2,4 millones de dólares para adquirir neumáticos destinados a su flota. La noticia salió a la luz a partir de una publicación de El Destape. La decisión, en un contexto de vaciamiento y denuncias por paralización de obras, generó automáticamente fuertes críticas sindicales y alimentó sospechas sobre una posible maniobra de traspaso de bienes al sector privado.

El proceso fue autorizado el 7 de julio por Marcelo Campoy, actual administrador general de Vialidad, quien ya había ocupado ese cargo durante el final del gobierno de Carlos Menem. La licitación pública nacional N.° 46-0036-LPU25 prevé un gasto de casi 2.900 millones de pesos, equivalentes a más de 2,4 millones de dólares, para adquirir neumáticos para vehículos y equipos viales.

Se trata de la segunda operación de alto presupuesto destinada a un organismo que, según sindicatos y gobernadores, ha cesado prácticamente toda actividad en el mantenimiento de rutas. Hace apenas dos semanas, El Destape reveló otra licitación por más de 3.100 millones de pesos para instalar un sistema de vigilancia con inteligencia artificial, reconocimiento facial y monitoreo satelital en la sede central del organismo.

Con ambas operaciones, la gestión libertaria destinará más de 5 millones de dólares a una entidad que, en palabras del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tenía «su acta de defunción firmada».

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) y la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), expresaron serias dudas sobre la racionalidad de estas compras. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepevina, denunció que “están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta”, y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.

Graciela Aleñá, secretaria general del STV, comparó la situación con la década del 90: “En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración”.

Los trabajadores aseguran que la compra no tiene justificación funcional y temen que el patrimonio del organismo sea desviado sin control ni transparencia.

En paralelo, Aleñá presentó este martes una acción de amparo contra el Decreto 461/25, que dispone la disolución de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros entes estatales. La medida fue calificada de “ilegal y arbitraria” y ya fue radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23.

El escrito denuncia que la norma «aniquila organismos esenciales», amenaza la estabilidad laboral y vulnera derechos constitucionales e internacionales. También alerta sobre el impacto negativo que tendrá la eliminación de áreas técnicas clave para la seguridad vial y la infraestructura nacional.

La preocupación de los trabajadores se expresa en la voz de Aleñá: «Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado para hacer negocios», afirmó la dirigente gremial la semana pasada.