Es ante la decisión de Miguel Galuccio CEO de la compañía YPF, y el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey de excluir de la petrolera a los ex trabajadores de la histórica compañía estatal, y contra el acuerdo de renovar concesiones con las compañías Tecpetrol y la UTE Aguaragüe de mayoría del capital accionario corresponde a YPF con el 30%, la firma del Grupo Techint y Mobil Argentina, con el 23% cada una, Petrobras Energía, 15%, CGC S.A., 5% y Ledesma S.A.A.I, 4 %.
Para José “Pepino” Fernández, histórico luchador de las empresas estatales, privatizadas por el peronismo en la década infame del 90: ”Esta decisión de excluirnos de participar en la exploración y perforación en áreas petroleras en la provincia de Salta, tomada por Galuccio y Urtubey, nos condena a seguir excluidos, vulnera, y viola nuestros derechos consagrados en la Constitución nacional y provincial que nos garantiza el derecho al trabajo digno, más sabiendo estos funcionarios, la competencia que tenemos sobre la industria petrolera”.
“Es una vergüenza, una provocación” Afirma “Pepino” con tono de bronca, agregando “Donde estaban estos funcionarios cuando nosotros poníamos el cuerpo en la ruta, denunciando y defendiendo el patrimonio publico, entregado por Menem, que benefició a las mismas empresas petroleras que hoy estos funcionarios, vuelven a favorecer, son los mismos que se enriquecieron amedrantando, torturando desapareciendo a trabajadores, y a dirigentes en la época de la dictadura, como los dueños de Ledesma, hoy enjuiciados en Jujuy”.
“Pepino” Fernández, recuerda “En el norte hay cinco compañeros de lucha asesinados, estas empresas y los gobiernos de Romero del cual Urtubey era funcionario están manchados con sangre, derramada por una argentina en inclusión, con trabajo, con una distribución equitativa de las riquezas. A lo que el gobierno de esa época, Romero, Sonia Escudero, Urtubey, y compañía, como los radicales en el gobierno nacional, respondieron asesinándonos, en crueles represiones que atentaron contra la población civil en Gral. Mosconi, disparando con balas de guerra, acondicionadas para explotar en los cuerpos, conocidas como balas de cono truncado, y más de 200 heridos de bala, pobladores detenidos y torturados, con el consentimiento de quien debía resguardar la integridad de los detenidos, el ex juez federal, y ahora impuesto por Urtubey como miembro de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, que ordeno reprimir y cambiar postas de goma por balas de guerra, a gendarmería nacional que asesino a dos pobladores civiles, Santillán y Barrios”. Dice José “Pepino” Fernández a Copenoa.
Sobre los asesinatos de los jóvenes Santillán y Barrios, la justicia federal comprobó en un peritaje realizado sobre las armas de guerra disparadas por francotiradores de gendarmería nacional, que las balas de cono truncado encontradas en los cuerpos de Barrios y Santillán fueron disparadas por los francotiradores de la fuerza nacional, apostados en Gral. Mosconi. Pruebas que determinan cabalmente la responsabilidad de los asesinos materiales, y de quienes ordenaron y avalaron esa represión como autores intelectuales de los asesinatos y las cientos de violaciones y torturas contra población civil, aquel trágico 17 de junio de 2001. Responsables intelectuales directos que seguramente serán juzgados por delitos de lesa humanidad, por futuras generaciones de hombres honestos.
“Es inmensa la decepción que me origina el saber de la decisión de excluirnos, como grupos de trabajo especializado de los que formamos la ex estatal Y.P.F.”, Aclara “Pepino” Fernandéz, diciendo “la verdad, tenia esperanza cuando se anuncio la reestatización de Y.P.F por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernandéz, en que seriamos convocados para trabajar en lo hicimos toda la vida, en mi caso perforar la tierra para extraer petróleo y gas. Como técnico en perforación, y lo peor, saber que quienes tienen la prolongación de las concesiones como Tecpetrol, o Ledesma S.A., ligados a la dictadura, y que vienen teniendo ganancias siderales de dinero a cambio del empobrecimiento del pueblo desde esa época, y que son participes necesarios de la contaminación de los recursos renovables y no renovables, que afectaron y afligen a la población del norte de Argentina, sean reconocidos por el gobierno nacional”.
Para “Pepino” y los miles de ex trabajadores, muchos de ellos ya enfermos por la manipulación de productos tóxicos utilizados en la industria petrolera, la decisión del gobierno es injusta y temeraria, y nada tiene que ver con un gobierno que se proclama nacional y popular, y que cada día tiene mayores contracciones, por un lado lucha y condena los delitos de la lesa humanidad perpetrados por el estado durante la dictadura, y que por otra fortalece a empresas encubadas y formadas durante la dictadura, que tienen responsabilidad en desapariciones de trabajadores.
Mientras Y.P.F. y el gobierno de Salta, con el aval de gobierno nacional avanzan en su estrategia de alianzas y concesiones a grupos concentrados que obtuvieron millonarios beneficios económicos durante la dictadura, los desocupados, algunos en silla de ruedas, marcan el camino iniciado desde la dictadura y la época infame de 90, afianzando el mensaje a las nuevas generaciones de la importancia de continuidad en la lucha por dignidad, trabajo, salud y vivienda, con el dolor y la tristeza de saber que la sangre derramada no deberá quedar sin justicia.
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