Piden una intervención judicial en el IPS y una auditoría integral externa

La Asociación de Defensa del Consumidor Protectora interpuso una acción de amparo colectivo en representación de los más de 260 mil afiliados afectados por la crisis de la obra social provincial.

Protectora, una entidad inscripta en los registros de asociaciones civiles de defensa del consumidor de la Nación y la Provincia, promovió una acción de amparo colectivo contra el Instituto Provincial de Salud (IPS) en representación de sus más de 260.000 afiliados. La acción interpuesta por la asociación civil que representa en Salta el abogado Daniel Paganetti, ingresó ayer a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con el requerimiento de tres medidas puntuales para garantizar derechos de raigambre constitucional afectados por la crisis que desembocó el pasado 25 de febrero en una nueva intervención administrativa de la obra social provincial.

Protectora pidió que se ordene una intervención judicial del Instituto, en forma cautelar y complementaria a la intervención administrativa que Ejecutivo provincial dispuso a través del decreto 108/25 por 180 días, y la realización de una auditoría financiera, contable, integral, externa e independiente por contadores designados a propuesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

La entidad civil también pidió a la Justicia que solicite formalmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo el dictado de una nueva ley provincial de saneamiento, modernización y sustentabilidad definitiva, que establezca la creación de un nuevo órgano interno auditor permanente integrado por dos representantes de los afiliados del IPS.

En la demanda, Protectora detalló los marcos normativos y jurisprudenciales que la legitiman para representar al colectivo inmerso en un contrato de consumo que tiene en juego derechos de raigambre constitucional como el de la salud. Aclaró que los afiliados afectados, que abonan regularmente las cuotas, no tienen representación alguna que les permita acceder a información de la obra social.

Tras recordar que el IPS fue creado por la ley 7127 en 2001, la asociación civil remarcó que su decreto reglamentario 3402/01 expresa, entre otros puntos, que el objeto fundamental del Instituto es “destinar los recursos de los afiliados y beneficiarios a la construcción de un sistema que permita atender las contingencias médico asistenciales y sociales a través de prestaciones de salud equitativamente, integrales, solidarias, financiera y técnicamente eficientes y razonablemente equilibradas, que contribuyan a la preservación de la salud física y psíquica de sus afiliados”. Agregó que ese decreto puntualiza que la finalidad del IPS consiste en “proveer un servicio social de interés público, con eficiencia en la aplicación de los recursos que administra”.

Afirmó que “nada de lo expuesto como objeto y finalidad del IPS se cumple” y que prueba de ello es “la grave crisis financiera y administrativa” que motivó la nueva intervención. En este punto, recalcó que la gestión encomendada al contador público nacional Emilio Savoy por 180 días, “busca recuperar el equilibrio financiero y la eficiencia en la prestación de servicios al colectivo de afiliados”. Y aclaró que es la segunda intervención administrativa, ya que la primera fue dispuesta por el Ejecutivo provincial en 2006. “Empezó por 180 días y duró más de 7 años”, reseñó.

Sobre ese antecedente, la entidad civil recordó que el 3 de julio de 2009, la Auditoría General de la Provincia publicó el informe final de una auditoría que había abarcado al estado financiero, de legalidad y de gestión en el IPS en el período comprendido desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 11 de mayo de 2006. Hizo notar que aquella auditoría, que motivó la primera intervención administrativa, expuso numerosos incumplimientos y detalló una serie de debilidades y deficiencias en el control interno, las registraciones contables, los informes financieros, el manejo de fondos y pagos, las contrataciones, las liquidaciones, los convenios PAMI y PROFE, las órdenes y acuerdos de pago. “Es increíble que durante tanto tiempo la mala administración del IPS haya podido ser sustentada por un Directorio que tiene la debida responsabilidad de evitar y prevenir en tiempo oportuno los problemas, que como vemos hoy, no son nuevos”, cuestiona la acción colectiva.

La demanda, que incluye un cuadro comparativo de los desencadenantes las dos intervenciones, subraya: “Existe una alarmante similitud entre las causas que presumiblemente llevaron a la intervención de febrero de 2025 y las gravísimas falencias documentadas por la Auditoría General de la Provincia en el período que originó la intervención de 2006. Esto sugiere la clara existencia de un patrón recurrente de problemas estructurales profundos en la gestión financiera, administrativa, operativa y sobre todo de control del IPS, que la intervención administrativa anterior no logró resolver de manera sostenible en el tiempo. Esta conclusión refuerza la necesidad imperiosa de una intervención judicial profunda, una auditoría exhaustiva y comparativa, y la implementación de un plan de saneamiento y sustentabilidad definitivo y supervisado judicialmente”, resume la acción.

Reclamos sectoriales

Desde el pasado 25 de febrero, la gestión interventora del IPS, a cargo de Emilio Savoy, redujo significativamente la deuda con prestadores, con apoyo financiero del Ministerio de Economía de la Provincia. Sin embargo, persisten reclamos de distintos sectores por retrasos y medidas administrativas que derivaron en algunos cortes prestacionales y otras decisiones gravosas para los afiliados. El Hospital Privado Central, de la Red IMAC, tras suspender la atención, anunció días atrás la reanudación de las prestaciones y tratamientos para los afiliados del IPS por “razones humanitarias” y ante “numerosos pedidos de pacientes”, manteniendo sus reclamos por las vías administrativas correspondientes.(tribuno)