1800 trabajadores públicos de la provincia de Salta reclaman que se les pague la asignación especial de cabecera que fuera quitado por el ejecutivo mediante un decreto. El monto inhibido oscila el 40% de sus haberes.
Francisco López delegado de los trabajadores expreso su descontento ante la medida “discriminatoria” tomada por el Ministerio de Educación. La medida ingreso en su segunda semana y de no haber una solución los trabajadores realizarían un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. dijo a La Agencia de Noticias Copenoa. (Ampliaremos)
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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz
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