Ultraderecha. Bullrich desatada: ¿qué hay detrás de la detención de un hombre por sus “vínculos comunistas”?

La noticia se dio a conocer horas después de que Javier Milei hiciera, en la mañana del miércoles, una de sus habituales arengas anticomunistas frente a decenas de adolescentes que asistían a su primer día de clases. Pero el hecho ocurrió horas antes. No hay que descartar, en consecuencia, que parte de su discurso en el colegio privado y confesional Cardenal Copello se haya inspirado en lo que su ministra Patricia Bullrich le infomó sobre el “peligroso delincuente” que acababa de ser detenido por “intimidación pública”.

Milei sabía que, esa misma tarde, el Ministerio de Seguridad difundiría la noticia de la detención de un hombre que, supuestamente, había amenazado atentar contra su persona. Pero, tal vez asesorado por la propia Bullrich, decidió no hacer mención del tema durante el acto de apertura del ciclo lectivo del Copello. Prefirió mejor hablar de su “anarcocapitalismo”, hacer chistes sexistas, “adoctrinar” al alumnado cautivo con sus ideas desigualitarias y hasta bromear frente a estudiantes desmayados a metros suyos culpando a los “zurdos” de provocar esas descompensaciones.

Finalmente, la “noticia” fue publicada en la web Argentina.gob.ar, donde los ministerios nacionales difunden información que consideran relevante. El comunicado oficial no tardó en aparecer en diversos medios de comunicación. Sospechosamente, Bullrich no replicó el caso en sus redes, ésas en las que día a día se postea encima mostrando los “logros” de su gestión. ¿Será que buscó resguardarse y no quedar, una vez más, tan en ridículo?

El texto difundido en el sitio oficial dice que la Policía Federal “arrestó a un joven sospechado de planificar un atentado contra la integridad física del presidente la Nación, según sus palabras, mediante un disparo en la cabeza”. La detención estuvo a cargo de la “División Delitos Constituciones” (sic) de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Y para darle más “seriedad” al asunto, el comunicado habla de una causa judicial abierta en el Juzgado Federa 10 a cargo del juez Julián Ercolini.

Mucho ruido y pocas nueces

Más allá del bullicio de las sirenas policiales, lo que hay de fondo en este caso es otro ejemplo de las políticas de persecución y criminalización ideológica que han decidido llevar al extremo desde la Casa Rosada. Políticas que el Presidente le achaca al exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero que él imita casi a la perfección.

El comunicado difundido por el ministerio de Bullrich carece de información precisa. Por el contrario, pese a tener sólo cinco párrafos, abunda en consideraciones que muestran el tenor de la operación política-policial. Por un lado se mantiene en el anonimato al detenido de 29 años, cosa poco común en la Federal y sus mandantes; pero por otro se dan supuestos “detalles” de su personalidad que nada tienen que ver con algún posible delito.

Dicen que “a raíz de una denuncia realizada por un hombre” comenzaron con “diversas tareas de campo” para ubicar al sospechoso. Que las “investigaciones” llevaron a los federales a la conclusión de que el hombre, a quien llaman “el agresor”, demostraba en sus redes sociales “tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética” y, además, “contaba con vínculos con grupos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público”. Parece un guión de Peter Capusotto y sus videos, pero es un texto oficial.

Los detectives de la Federal dicen que el denunciante (a quien tampoco se le conoce el nombre) “protagonizó una discusión de índole política con el acusado a través de la red social Instagram. Según éste, en un momento determinado de la disputa, el involucrado amenazó con disparar en la cabeza al denunciante y al presidente Javier Milei. Además, advirtió que pretendía atentar contra las personas que asistan a marchas a favor del primer mandatario”. Con esas “pruebas”, agregan, el juez Ercolini no dudó en mandar a detener al hombre e imputarlo por “Intimidación pública”.

Así, la “División Delitos Constituciones” (sic) de la fuerza nacional fue hasta el barrio de Chacarita, donde supuestamente vive el acusado, y “consiguió dar con el buscado en la vía pública” en “horas de la madrugada”. Ahí lo detuvieron y fueron a su casa para, tal como había ordenado Ercolini, allanarla y obtener “pruebas”. El resultado fue magro, ya que sólo le secuestraron el teléfono celular.

El acusado finalmente fue liberado a las horas de haber sido detenido. Como es de rigor, la Federal se quedó con su teléfono, lo que seguramente les servirá para extraer información de contactos, imágenes y archivos que sirvan para, eventualmente, buscar nuevas presas de la política criminalizadora de las disidencias.

La “inteligencia” de Bullrich cada vez más al desnudo

“Absurdos obscenos de impunidad”. Así calificó Milei al accionar de Gerardo Morales en el caso de los presos por tuitear Nahuel Morandini y Roque Villegas, víctimas del régimen represor jujeño que pasaron casi dos meses detenidos por publicar chistes contra el exgobernador. Fue en su discurso del viernes 1º ante la Asamblea Legislativa, donde Milei acusó a Morales de meter gente tras las rejas “meramente por el crimen de hablar mal de la corona en un chat privado”.

Pero lo que hace el gobierno de La Libertad Avanza no tiene nada que envidiarle al dirigente radical. Al contrario, lo imita con creces. Ni hablar de Bullrich, que lleva años jugando a los espías a costa de la libertad ajena.

A mediados de 2016, la entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri anunció con bombos y platillos que se había detenido a Miguel de Paola y Walter Ovejero, dos jóvenes de 21 años que, aburridos de jugar al GTA, armaron una cuenta trucha de Twitter y, con textos en árabe, postearon amenazas de inexistentes atentados contra el Subte B y el Abasto Shopping. Bullrich le adjudicó al “ciberpatrullaje” de sus fuerzas el éxito del desbaratamiento de esa “peligrosa célula terrorista”. Pero De Paola y Ovejero terminaron libres de culpa y cargo por falta de pruebas.

Por esos tiempos también fue detenido Nicolás Lucero, de veinte años, acusado por Bullrich y la Federal de amenazar de muerte a Macri. En rigor, el joven había usado Twitter para descargar con vehemencia y sin filtro su bronca por las políticas hambreadoras de Cambiemos. Dos años después terminó absuelto, pero Bullrich ya había disfrutado de su “absurdo obsceno de impunidad”.

Y no se puede olvidar uno de los primeros bochornos que protagonizó la ministra en su nueva gestión de la mano de Milei. Fue en enero, cuando en una conferencia de prensa también anunció inflando el pecho que sus “fuerzas de seguridad” habían evitado “un atentado terrorista” y detenido a tres “peligrosos delincuentes” de origen “sirio-libanés”.

En verdad, Bullrich ordenó armarles una causa a tres personas que nada tenían que ver con alguna aventura terrorista. Uno era un comerciante de origen sirio pero que lleva años viviendo en Colombia. Otro, un peluquero de Avellaneda. Y el tercero es un sujeto de andar vidrioso, uno de cuyos delirios fue tomado como “información” por el Ministerio de Seguridad para armar una causa más delirante aún.

Al igual que en esos casos pasados, la causa abierta hace horas contra el hombre de Chacarita, al menos con las “pruebas” que esgrime el propio Gobierno, viola varios artículos de la Constitución Nacional.

Como el 14, que dice que “todos los habitantes de la Nación” gozan, entre otros, de los derechos a “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” y “asociarse con fines útiles”.
O como el 16, que afirma que todos los habitantes “son iguales ante la ley”.
O el 18, que prohíbe al Estado violar “la correspondencia epistolar y los papeles privados” de las personas.
O el 19, según el cual “las acciones privadas de los hombres” están “exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
A su vez, tanto Patricia Bullrich como sus subordinados (¿y también Ercolini?), violan la Ley 23.592, referida a los actos discriminatorios que se encuentran prohibidos y penados. El artículo 1 de la norma promulgada en 1988 sanciona a quien “arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”.

Para la ley, los “actos u omisiones discriminatorios” pueden ser por motivos de “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. Más claro, imposible.

Pero queda demostrado que lo que dicen las propias leyes del Estado burgués, siempre beneficiosas en última instancia de las clases dominantes, bien puede ser trastocado y deformado por quienes detentan el poder político, policial, judicial y, lógicamente, económico. El hombre detenido por sus ideas cercanas al comunismo no tiene ni una pisca de ese poder, como la enorme mayoría de la clase trabajadora y los sectores populares. Su clase y su opinión son los “delitos” que lo condenan.

El acusado sin nombre parece no revestir peligro, ni para Milei ni para nadie. No se puede decir lo mismo de muchos libertarianos. Vale recordar las redes tejidas por los impulsores del grupo Revolución Federal, entre cuyos amigos se encontraban quienes terminaron atentando contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner. Gente que llegó a marchar, muchas veces junto con las huestes de Bullrich, blandiendo guillotinas y bolsas mortuorias con mensajes dirigidos a referentes de derechos humanos y de izquierda. La derecha fascistizante y su doble vara.

Milei, Bullrich, Morales y sus acólitos vuelven a recordarnos que las libertades democráticas y los derechos elementales nunca dejan de chocar contra las propias bases y dispositivos de las instituciones de la “democracia” para ricos. Ante esos obstáculos, la organización y la lucha obrera y popular son indispensables para desenmascararlos y torcerle el brazo a los “absurdos obscenos de impunidad”. (LID) Por Daniel Satur