En la localidad de Los Cardales, provincia de Buenos Aires, un estudio reciente que se dió a conocer muestra, nuevamente, la presencia de agrotóxicos en el casco urbano. La particularidad de este informe es que los agrotóxicos no sólo se encontraron en la periferia urbana, sino en el mismísimo centro urbano, afectando la salud de la población de conjunto.
En dicho estudio se hallaron en el ambiente moléculas de glifosato, atrazina y su metabolito (Atz-OH), tetrametrina, metolaclor e incluso clorpirifos, un insecticida altamente peligroso que está prohibido. La atrazina está prohibida en toda la Unión Europea por su peligrosidad que causa en el ambiente a partir de la fuerte contaminación que impacta en el agua y el glifosato se sabe que causa numerosas enfermedades, entre ellas cáncer.
Esta situación se genera a partir de las fumigaciones en los campos en cercanías de áreas urbanas contaminando el conjunto de las localidades como es el caso de Los Cardales por la dispersión de las partículas. El agronegocio es política de Estado en Argentina y ha sido promovido por todos los gobiernos, pero las fumigaciones que ponen en riesgo la salud de las comunidades, se ha visto facilitada por la desregulación en el gobierno de Milei, que favorece a las grandes corporaciones para la compra de estos agrotóxicos a precios más baratos a partir de la baja de los aranceles. El ministro Caputo impulsó la reducción de los aranceles de importación para herbicidas basados en Atrazina, Glifosato y 2,4-D. Según lo comunicado, los aranceles pasaronán del 35% al 12,6% en el caso de los productos elaborados y del 24% al 10,8% para la Atrazina primaria. Además, Caputo prometió agilizar los permisos del SENASA, lo que podría interpretarse como una mayor flexibilización en la ya laxa regulación sobre agrotóxicos en el país. Este anuncio llega en un contexto de creciente preocupación por los impactos de estos químicos en la salud y el ambiente.
Por su parte, el actual gobernador Axel Kicillof no ha tomado ninguna medida concreta para revertir esta situación y proteger a las familias afectadas. La falta de políticas efectivas para regular estas actividades expone a la población a graves riesgos sanitarios y deja a cada población de las localidades peleando por su cuenta, denunciando las fumigaciones ilegales e intentando conseguir que se alejen las áreas de fumigación de las zonas urbanas y de escuelas rurales.
Kicillof ni siquiera derogó la regresiva resolución 246/18 de la gestión de María Eugenia Vidal, que habilita las fumigaciones aéreas, solo prorroga su suspensión. El gobierno provincial aún no ha implementado una normativa clara y efectiva que regule el uso de agrotóxicos para intentar paliar los efectos más urgentes dejando un vacío legal.
En el decreto 499/91 que estaba vigente antes de las normativas planteadas por Vidal se prohíbe la aplicación aérea de agrotóxicos en un radio de dos kilómetros desde el centro de población. Esta distancia es insuficiente debido a la dispersión de los químicos, que pueden alcanzar áreas habitadas y afectar gravemente la salud de las personas. Es urgente que el gobierno provincial tome medidas concretas para prohibir completamente las fumigaciones aéreas y proteger a las comunidades de los efectos nocivos de los agrotóxicos. La salud de los pueblos no puede seguir siendo relegada en favor de intereses económicos.
Agrotóxicos en nuestros alimentos
Un estudio realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que se publicó en el 2024, pone en evidencia una alarmante realidad: más de 80 tipos de agrotóxicos han sido detectados en frutas, verduras y hortalizas que forman parte de la alimentación cotidiana de los argentinos. Este relevamiento, llevado a cabo en todo el territorio nacional entre los años 2020-2022, revela que una dieta promedio podría implicar el consumo de más de 13 gramos de estas sustancias químicas al año. Este hallazgo no solo pone en cuestión las prácticas agrícolas actuales, sino que también enciende una luz de alerta sobre los riesgos que estos compuestos representan para la salud de la población.
El informe revela la cantidad y diversidad de sustancias químicas presentes en frutas, verduras, hortalizas, cereales, leguminosas y especias aromáticas. Este relevamiento se realizó en el marco del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (Plan CREHA), cuyo objetivo declarado es garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos para proteger la salud de los consumidores. Sin embargo, los hallazgos distan mucho de ser tranquilizadores. Este informe forma parte de la tercera entrega de "El plato fumigado", un proyecto que busca visibilizar el impacto de los agrotóxicos, especialmente en las comunidades afectadas por su uso intensivo. Los resultados son alarmantes: se analizaron 54 alimentos agrupados en seis categorías, detectándose un total de 6.191 residuos de agrotóxicos, correspondientes a 83 principios activos diferentes. Este panorama plantea serias preocupaciones sobre los efectos en la salud de la población y la necesidad urgente de revisar las prácticas agrícolas en el país.
Los alimentos que consumimos diariamente pueden contener residuos de sustancias químicas provenientes de procesos metabólicos o de degradación. Según estudios recientes, de todos los químicos detectados en estos alimentos, un 51% están prohibidos en la Unión Europea debido a sus riesgos para la salud, mientras que el 49% son clasificados como agentes cancerígenos, capaces de inducir cáncer en el organismo humano. Estas clasificaciones se basan en estándares establecidos por la Comisión Europea y organismos internacionales como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Además, un alarmante 76% de estas sustancias son identificadas como disruptores hormonales, lo que significa que pueden imitar la acción de las hormonas naturales, generando desequilibrios en el cuerpo, siendo la disfunción tiroidea una de las más comunes. Por si fuera poco, un 19% de estos químicos son considerados potencialmente tóxicos para el sistema nervioso, ya que actúan como inhibidores de las colinesterasas, según investigaciones realizadas por el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Entre los alimentos analizados, la manzana destaca como el producto con mayor cantidad de agrotóxicos detectados, según datos proporcionados por el Senasa.
El modelo del Agronegocio
La exposición a los agrotóxicos, ya sea de manera directa mediante las fumigaciones cercanas a las viviendas o indirecta a través del consumo de alimentos contaminados, tiene consecuencias graves para la salud humana. Estas sustancias, presentes en el organismo, son capaces de actuar como agentes cancerígenos, genotóxicos, alteradores hormonales e inhibidores de enzimas esenciales como las colinesterasas, entre otros efectos nocivos. Además, aún faltan estudios sobre los impactos combinados de estas sustancias químicas.
Este escenario es el resultado de la expansión del modelo del agronegocio, promovido y profundizado por todos los gobiernos desde la década de los 90. Con la introducción de las semillas transgénicas y los llamados "fitosanitarios"—un término técnico que disfraza la realidad de los agroquímicos—, el agronegocio ha recibido múltiples beneficios que han permitido su proliferación en todo el país y en diversos cultivos. Actualmente, se emplean más de 650 millones de litros de agrotóxicos al año en el país. Estos productos se basan en aproximadamente 100 principios activos que se utilizan de manera cotidiana en el sistema agroalimentario industrial, tanto en la agricultura extensiva como en la producción intensiva de frutas y hortalizas.
La problemática de los agrotóxicos en Argentina exige una revisión urgente de los principios activos y formulaciones comerciales autorizadas, con el objetivo de prohibir aquellas sustancias que presenten riesgos como agentes cancerígenos, disruptores endocrinos o genotóxicos en la producción de alimentos. Además, es necesario modificar el Código Alimentario Argentino para incluir en el monitoreo de la calidad del agua de consumo humano la presencia de estos químicos utilizados en la agricultura industrial. Asimismo, se debe implementar en el sistema de salud pública y privada guías específicas para atender a las personas expuestas a fumigaciones en las zonas afectadas, conocidas como "Pueblos Fumigados". Como medida paliativa inmediata, se propone alejar las fumigaciones de los centros poblados, comunidades, emprendimientos agroecológicos, escuelas rurales y cursos de agua. Estas acciones son esenciales para proteger la salud de la población y el ambiente frente a los impactos de los agrotóxicos.
Para garantizar que todas las familias del país puedan acceder a alimentos saludables y libres de sustancias tóxicas y un ambiente sano, es imprescindible cuestionar las bases de este modelo productivo. Un modelo que no prioriza la producción de alimentos como un bien social, sino que se enfoca en generar mercancías que aseguren enormes márgenes de ganancia para los empresarios, sin importar las consecuencias. Esto incluye el uso indiscriminado de agrotóxicos, que no solo perjudican nuestra salud, sino también el equilibrio ambiental del planeta a partir de fumigaciones indiscriminadas con agentes altamente cancerígenos.
La solución a este problema no puede venir de las mismas estructuras que lo generan. Es necesario construir una alternativa desde las y los trabajadores, junto con pequeños productores, asambleas ambientales, profesionales comprometidos y comunidades originarias. Solo a través de esta unión es posible imaginar y desarrollar un modelo de producción agroecológica. Un modelo que no solo reemplace al agronegocio, sino que también sea capaz de beneficiar a las mayorías, ofreciendo alimentos saludables, que satisfagan nuestras necesidades nutricionales, sean económicamente accesibles y respeten el ambiente. Por Nehuen Brat (LID)
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