El dirigente sindical José Oscar Isella vive un nuevo episodio de lo que considera una cadena de “discriminaciones y represalias” en su contra, luego de años de activa participación gremial en la Dirección General de Rentas.
Pese a haber iniciado su trámite jubilatorio, continúa sin percibir haberes desde abril y ahora evalúa una denuncia penal contra el ministro de Economía de Salta, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Isella, cuyo mandato gremial se extiende hasta agosto de 2026, fue despojado de su tutela sindical en un hecho que califica como “un grave precedente para los fueros gremiales en la provincia”. Tras ello, fue intimado a acogerse a la jubilación, y el 15 de abril fue impedido de ingresar a su lugar de trabajo, tras recibir una notificación que describe como violenta y arbitraria. Un mes después, el 15 de mayo, presentó formalmente su trámite jubilatorio, tal como lo establece la normativa vigente.
Ante la falta de respuestas, Isella llevó adelante una huelga de hambre frente a las oficinas de Rentas, en calle Balcarce, lo que motivó la solidaridad de dirigentes de otros gremios. Esta protesta derivó en una audiencia con el titular de la Secretaría de Trabajo, Bartolomé Batule, quien se comprometió a interceder para destrabar la situación.
Sin embargo, la liquidación correspondiente a sus haberes sigue sin emitirse por parte del Ministerio de Economía, organismo del que depende la Dirección General de Rentas.
El pasado 26 de junio, bajo el asesoramiento legal del abogado John Grover Dorado, Isella presentó una nota formal en la Secretaría de Hacienda, dirigida a Roberto Dib Ashur, en la que invoca los expedientes 22-666736/2025 y 22-667053/2025, y exige el cumplimiento del Decreto 695/2024, que ordena a la patronal mantener el vínculo laboral hasta que el empleado perciba el beneficio jubilatorio.
En la presentación, el sindicalista anticipa que, de continuar la omisión, promoverá acción penal ante el Juzgado Federal de Salta por los “perjuicios irreparables” ocasionados. Además, en un tramo del escrito, acusa al ministro de mantener una “enemistad personal” y una “persecución infundada” contra su persona, motivada exclusivamente por su defensa de los trabajadores de Rentas.
“Es evidente que, en su carácter de Ministro de Economía, ha sostenido conmigo durante los últimos dos años una actitud hostil, infundada, por el solo hecho de ejercer mi función gremial. Le reitero que promoveré la denuncia penal en su contra”, remata Isella.
La causa promete tensar aún más la relación entre los sindicatos estatales y la conducción económica de la provincia, en un escenario donde el respeto por los derechos laborales parece haberse convertido en un campo de batalla. (n.d.)
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