En un escrito que fue presentado en la mañana de este lunes, el organismo pidió la salida del juez. Tensión entre el gobierno y sectores de la casta judicial.
Tal como se había informado, la Oficina Anticorrupción presentó en la mañana de este lunes un pedido para apartar al juez Luis Rodríguez de la causa en la que se investiga el presunto vaciamiento de la mina de Río Turbio.
En el escrito, el organismo que preside la macrista Laura Alonso, se rechaza “la decisión adoptada por V.S. (en relación al juez Rodríguez, NdR), por infundada y arbitraria”.
Además agrega que la misma “provoca un perjuicio de imposible reparación ulterior, en tanto implica el apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal que desde un inicio intervino legal y diligentemente en el proceso”.
El escrito presentado señala además que “la decisión del magistrado” de apartar a Stornelli “resulta inconsistente, contradictoria y carente de motivación real, y revela la existencia de una cuestión funcional (y acaso personal) con el representante del Ministerio Público ajena a un correcto desempeño judicial”.
En la presentación de la OA se sostiene, incluso, que podría haber intención del juez Rodríguez de “deshacerse” de Stornelli.
Evidenciando las contradicciones en la actuación del juez, en el escrito se lee “llama la atención no solo el momento en que se ha realizado el planteo por parte de la defensa sino también el cambio de criterio adoptado por V.S. luego de que en otras dos oportunidades anteriores decidió en sentido contrario sobre la misma cuestión”.
Precisamente, sobre esa base, se solicita “que la Excma. Cámara del Fuero analice la conveniencia a VS del conocimiento de estas causas y de las conexas”.
Las internas entre el gobierno y sectores de la casta judicial parecen ir en ascenso. Mientras desde el Poder Judicial se definen fallos que golpean los planes del oficialismo, éste responde con ataques puntuales sobre determinados magistrados.
Ninguno de los dos sectores encarna ninguna transformación real de una casta como la judicial que, basada en sus múltiples privilegios, opera esencialmente en función de los intereses sociales dominantes. (LID)
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