El Gobernador Romero a punto de completar su mandato y doce años ininterrumpidos de gestión ha anunciado públicamente que deja la Provincia con una reserva que supera los $ 200.000.000, además de reseñar supuestos logros de su gestión.
Nadie pone en duda que la gestión del Gobernador Romero tiene logros porque eso es característico de cualquier gestión y más vale que así sea porque para eso están los gobiernos y cuando una gestión tiene doce años acumulados necesariamente tiene que exhibir activos. Sin embargo, no son menos ciertos los pasivos que esta administración deja.
En primer lugar, la estructura social de Salta no muestra especiales modificaciones e incluso, según se desprende del propio informe gubernamental, el producto por habitante no ha crecido al ritmo del producto medio nacional, con lo que la brecha económica y social de Salta se ha agravado. En segundo lugar, la calidad
institucional de Salta tampoco ha avanzado respecto de la nacional, con una Legislatura anodina, incapaz de exigir las rendiciones de cuenta y de imponer Presupuestos que garanticen la letra de la ley en la que se basan porque dicha Ley de Presupuesto es letra muerta tan pronto se sanciona, ya que insólitamente esta Ley prevé su propia violación al permitirle al Ejecutivo efectuar transferencias de partidas.
Sorprende también que la Provincia no haya avanzado en contar con una
rutina de cálculo de la deuda pública provincial sin ambigüedades, lo que
permite que cualquiera proponga las cifras de deuda que mejor le conviene transmitiendo una imagen de muy poca seriedad del Gobierno.
Por último, el propio Gobierno reconoce la inexistencia de controles o su
poca confiabilidad, al necesitar que, disponiendo de dos auditorías
estatales dentro de la Provincia, requiera de auditorías externas, privadas y extraprovinciales para generar confianza en las cifras presupuestarias.
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