La Unión Cívica Radical solicita la pronta intervención del INADI

Ante la visita, a nuestra provincia, de la Presidente del INADI, María José
Lubertino, nos vemos en la necesidad de manifestar una inmediata respuesta a la solicitud presentada por la Unión Cívica Radical de la provincia de Salta, conjuntamente con sus comités y la Juventud Radical capitalina, hace un meses atrás, ante el grave caso de discriminación política e ideológica que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta a cargo del ministro Leopoldo Van Cawlaert contra el joven Julián Ibarra, quien desde hace 68 días no puede asistir a su escuela por haber sido suspendido hasta el 30 de noviembre.
Persecución ideológica que está provocando consecuencias reocupantes sobre la salud del joven, afectando a toda una familia y conmoviendo a toda la sociedad.

Como partido fundamental de nuestra Democracia y defensor de las instituciones republicanas , la UCR, en base al artículo 1º de la ley N° 23.592 sobre actos discriminatorio donde se establece que "quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será
obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos", solicitamos la pronta intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, por lo que consideramos indispensable la actuar sin demoras sobre esta situación para proteger de los derechos fundamentales de un joven que están siendo afectados gravemente.

La República se construye con disensos y consensos, y solo defendiendo los derechos de quienes se ven afectados al ser discriminadas o perseguidos por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico, se lograra garantizar una verdadera igualdad, un trato igualitario para que todos y todas puedan gozar efectivamente de los derechos y
garantías que gozan el conjunto de la sociedad.