Salta: Siete de nueve los jueces de Corte tienen vínculos políticos previos

estudio revela una fuerte politización del Poder Judicial en varias provincias. En Salta, siete de los nueve jueces de Corte presentan vínculos directos con el poder.

Gonzalo Guzmán Coraita advirtió sobre el preocupante nivel de politización en la Corte de Justicia de Salta. En base a una encuesta publicada por el portal El Ruido, explicó que “en Salta, el 66% de los jueces de Corte tienen un vínculo directo con la política antes de asumir el cargo”. Es decir, siete de los nueve integrantes actuales del máximo tribunal de la provincia.

“El resultado muestra un alto porcentaje de politización de la Justicia”, afirmó en diálogo con FM Profesional, y advirtió que esta situación afecta la credibilidad del Poder Judicial como institución.

Casos paradigmáticos y vínculos con el oficialismo
Guzmán Coraita detalló algunos de los antecedentes más visibles entre los jueces de Corte salteños. Mencionó, por ejemplo, a Fabián Vittar, exdiputado provincial del Partido Renovador de Salta, fuerza aliada al entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, y a Héctor Sansón, exsecretario general de la Gobernación durante esa misma gestión.

También señaló el caso de Ernesto Catalano, al que calificó como “paradigmático”: “Fue apoderado del Partido Justicialista en 2007. Participó activamente en la campaña electoral y luego, finalizada esa elección, fue nombrado como juez de Corte. No tiene mérito académico ni una trayectoria jurídica relevante. Su principal antecedente es haber sido apoderado partidario y secretario legislativo del Senado”, sostuvo.

Otros nombres mencionados fueron José Gabriel Chibán, exfuncionario municipal durante la intendencia de Miguel Isa, y Pablo López Viñals, con una carrera judicial previa, pero con “un vínculo innegable con la familia Urtubey”, según explicó el abogado.

Uno de los casos más representativos y al que catalogó de “paradigmático”, según explicó, es el de Guillermo Catalano, expresidente de la Corte de Justicia de Salta: “Fue apoderado del Partido Justicialista en 2007. Tuvo una activa participación como apoderado de esa fuerza política. Y luego de la elección en la que pierde Walter Wayar aparece nombrado como juez de Corte, esgrimiendo como antecedentes haber sido apoderado partidario y secretario legislativo de la Cámara de Senadores”.

Designaciones discrecionales y participación ciudadana vaciada
Guzmán Coraita también cuestionó el proceso de designación de los jueces de Corte en la provincia. “En Salta hay una injerencia clara del Poder Ejecutivo, con una legislatura dominada por el oficialismo que permite avanzar sin obstáculos. El gobernador postula y el Senado aprueba a libro cerrado”, señaló.

Si bien existe una instancia de observaciones ciudadanas, el abogado puso en duda su efectividad. “He visto con mis propios ojos planillas pasar entre empleados judiciales pidiendo adhesiones para que fulano sea nombrado juez. Son adhesiones voluntarias entre comillas. Y los que las firman son empleados del Poder Judicial, que muchas veces se ven entre la espada y la pared”, afirmó.

A diferencia del procedimiento nacional, en Salta “no hay audiencias públicas ni transmisión abierta como sí ocurre con los nombramientos de jueces en el Congreso de la Nación”, agregó.

Otras provincias, con cuadros aún más graves
Aunque Salta presenta un panorama grave, Guzmán Coraita explicó que hay provincias donde la situación es incluso peor. “Hay provincias que tienen el 100% de sus cortes integradas por personas que fueron funcionarios o dirigentes políticos importantes. Son los casos de La Rioja, San Juan y San Luis. También Entre Ríos aparece como un caso paradigmático”, sostuvo.

En este contexto, advirtió que “esto no hace más que menoscabar institucionalmente a la Justicia”. Y remarcó: “No hablo de un juez en particular, sino de la institución de la Justicia en términos generales. Golpea a una institución que debería tener el prestigio necesario para darle tranquilidad a la ciudadanía”.

Una Justicia sin respaldo social
Finalmente, Guzmán Coraita hizo referencia al bajísimo nivel de confianza que tiene el Poder Judicial en la opinión pública, tanto en Argentina como en América Latina. “Las encuestas marcan que el promedio de confianza en la Justicia en Latinoamérica es del 28%, y en Argentina es del 22%. Es realmente bajísimo”, subrayó.

“Y eso es preocupante, porque el Poder Judicial es el guardián de la Constitución. Si la gente no confía en su independencia, se debilita toda la institucionalidad democrática”, concluyó. (profesional)