Arturo Sampay: Constitución de 1949 y derecho de huelga.

al preguntar si estaba o no el derecho de huelga en la Constitución de Sampay. La doctora Cristina Fernández, que presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, no podía ignorar un tema que hasta hoy se polemiza: la no inclusión del derecho de huelga en la nueva Constitución de 1949. “Cuando estaba Perón no había derecho a huelga, (afirmó la presidenta) en cambio, ahora sí hay derecho a huelga, pero no al chantaje y la extorsión” y dio como ejemplo la huelga de los maestros y petroleros santacruceños “que en diez días le han hecho perder al país 800 millones de dólares”. El ejemplo no fue feliz al asociar a las corporaciones petroleras con los intereses nacionales.

Haciendo justicia a Sampay, José Pablo Feinmann explica la razón de la exclusión del derecho de huelga en la Constitución de 1949: “Perón (y no en menor medida Evita) creía que era tanto lo que habían entregado a los obreros (...) que una huelga contra ellos era una especie de herejía, una puñalada por la espalda.” (Página 12, 11/12/11). No obstante, durante su gobierno se realizaron numerosas huelgas y no fueron declaradas ilegales. Se vivía la primavera de la mayor revolución nacional y social de la argentina contemporánea que posibilitó, entre otros logros, otorgarle a los trabajadores el 50% del PBI. La Carta Magna de 1949 fue la más progresista del continente, se la tomó como ejemplo del constitucionalismo social y como señala Feinmann “sirvió como modelo a la Constitución de la Unidad Popular de Salvador Allende”.

Arturo Sampay -en su “Informe para la Reforma”- escribía: “la llamada Constitucional de 1949 se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, a liberar el país del imperialismo, estatizando el manejo de los recursos financieros, de los recursos naturales y de los principales bienes de producción. (..) Apuntaba a consumar la revolución social requerida por el mundo contemporáneo.” Recordemos que la Constitución redactada por Sampay, incluye los “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura” y “La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”. En esos capítulos desarrolla una concepción revolucionaria que sigue teniendo vigencia: “Artículo 38: La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Artículo 39: El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. Artículo 40: La organización de la riqueza y su explotación, tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. (…) Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado (...)toda actividad económica se organiza conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usuariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación (…)”.

La Constitución de 1949 fue derogada por decreto en 1956 por la dictadura de Aramburu y Rojas y Arturo Sampay tuvo que exilarse en Uruguay. El 28 de julio pasado se cumplió el centenario de su nacimiento sin merecer ningún recordatorio oficial o universitario. Ante tanto olvido, es necesario remarcar que fue uno de nuestros juristas más notables, autor de numerosos libros, fundador y presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y director de su revista Realidad Económica. La Comisión de Homenaje que presido junto al Dr. Salvador María Lozada, lo recordó con un acto en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. El pasado martes 13 de diciembre, en otro aniversario del descubrimiento del petróleo, volvimos a movilizarnos hacia la ex YPF para demandar su nacionalización y denunciar cómo la privatización vació nuestras reservas petroleras: de autoabastecernos pasamos a importar gas y fueloil. Entre los países que enajenaron sus hidrocarburos, Argentina es el único que no los recuperó y sigue manteniendo el modelo privatista.