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El día que al New York Times cubrió la protesta social en Mosconi

La violenta respuesta del estado nacional y provincial ante el reclamo social asesinando a dos civiles, e hiriendo a una centena, el 17 de Junio del 2001 en la ciudad de Gral. Mosconi en una sangrienta represión ordenada por el ex juez Federal Abel Cornejo, que incluyó la manipulación de servicios de inteligencia estatal ante al opinión publica por intermedio de los medios de comunicación sobre la conformación de guerrillas en Gral. Mosconi, provincia de Salta, tuvo una particular cobertura del importante Diario Norteamericano de New York Times.

Durante la protesta de los pobladores desocupados el ex gobernador y actual Senador Nacional por Salta Juan Carlos Romero no dudaba de calificar de “delincuentes”. a los habitantes en protesta, aumentando el clima de tensión, en una clara irresponsabilidad del ex mandatario. Mientras “las agencias de inteligencia del gobierno afirman que los manifestantes constituyen el núcleo de una posible iniciación guerrillera y que están, por lo menos mínimamente, vinculados a las redes colombianas o a traficantes de drogas internacionales que tratan de generar conflictos en esta zona del noroeste argentino”. Describe Clifford Krauss periodista del New York Times en la nota.

Por su parte Ramón Mestre, el ex ministro del interior del ex Presidente Fernando de la Rúa, declaraba que los manifestantes empiezan a recurrir a «tácticas de guerrilla urbana».

Para Krauss “Varios grupos de protesta locales y de ideología Trotskista mandaron referentes a General Mosconi para ofrecer su apoyo y aprender tácticas”.

Sobre los incidentes el New York Times afirma: “Francotiradores enmascarados iniciaron el tiroteo y existen distintas versiones discutiendo si eran policías, manifestantes o gente de afuera que se mezcló con los piqueteros”. Meses después pericias balísticas realizadas en las armas de calibre de guerra utilizadas por la fuerza nacional durante la protesta y sobre los fragmentos de proyectiles de cono truncado o bala mota extraídas de los cuerpos de los pobladores asesinados confirmarían que las balas asesinas fueron disparadas por esas armas de guerra manipuladas por efectivos de Gendarmería Nacional que estaban apostados encapuchados sobre tanques de combustibles y la ruta nacional 34, los que fueron filmados y fotografiados durante la represión y que tuvo amplia difusión en medios nacionales desmoronando la estrategia del gobierno nacional y provincial sobre «tácticas de guerrilla urbana”, con integrantes de estas que disparaban encapuchados a efectivos nacionales y que el New York Times omitió, estableciendo la duda, de quien eran los encapuchados.

La Agencia de Noticias Copenoa publica el informe periodístico del New York Times escrito por el periodista Clifford Krauss en el mes de Julio del 2001, luego de estar con los manifestantes en Gral. Mosconi. Y del que tuve el gusto de conocer durante esa cobertura como corresponsal del Canal nacional America

Por CLIFFORD KRAUSS

New York Times, 6 de Julio 2001

General Mosconi, Argentina, 29 de junio 2001

Argentina en un dilema al tornarse grave la protesta de los desocupados

En sus improvisadas carpas, disfrutando una bebida a base de yerbas con unas pajitas de metal para pasar las horas, los 200 trabajadores desocupados que ocupan la plaza central de esta miserable ciudad petrolera pueden parecer inofensivos.

Sin embargo, tras un tiroteo hace dos semanas con la policía federal de frontera que resultó en la muerte de dos espectadores y en más de 40 manifestantes heridos y oficiales de policía heridos, estos trabajares desocupados son descriptos en los diarios nacionales como una amenaza para la estabilidad política y social de la Argentina. Las agencias de inteligencia del gobierno afirman que los manifestantes constituyen el núcleo de una posible iniciación guerrillera y que están, por lo menos mínimamente, vinculados a las redes colombianas o a traficantes de drogas internacionales que tratan de generar conflictos en esta zona del noroeste argentino.

El gabinete del Presidente Fernando de la Rúa está dividido entre negociar con ellos o reprimirlos, lo que generó una embarazosa disputa entre dos ministros, reforzando la impresión de que el gobierno está sin rumbo en su gestión de una recesión económica larga de tres años y de un creciente desempleo.

En esta ciudad de 20.000 habitantes, donde el 40 por ciento de los adultos son desocupados, los manifestantes no aparentan ser más que un amontonamiento de pobreza, similar a las masas empobrecidas que ocuparon los Hoovervilles de la depresión americana («ciudades de Hoover», el presidente americano en 1929). Menosprecian las afirmaciones de sus vínculos con agitadores externos como meras excusas para reprimirlos.

Reclamando trabajo, pasan sus días frente al fuego donde cocinan guisos y calientan su mate, una bebida a base de yerbas. Llevan hondas, que en el norte usan para cazar pájaros, y dicen que las usaran contra la policía si viene a desalojarlos.

«No nos iremos hasta que el gobernador Romero venga a encontrarse con nosotros, pero él dice que no somos más que delincuentes» dice, mientras prepara sopa en la plaza, Rosa Elena Torres de 42 años, refiriéndose a Juan Carlos Romero, el gobernador de la provincia de Salta. «Pero él es el delincuente que mató dos de

nuestros hijos». Mostró el casco de una bala y dijo que el 17 de junio los policías de frontera dispararon contra varios centenares de manifestantes para obligarles a remover su bloqueo de la ruta federal, este corte paralizó la economía local durante tres semanas.

En la llamada «Batalla de Mosconi», dos inocentes espectadores murieron por causa de disparos, 14 manifestantes resultaron heridos y 39 fueron detenidos. Francotiradores enmascarados iniciaron el tiroteo y existen distintas versiones discutiendo si eran policías, manifestantes o gente de afuera que se mezcló con los piqueteros.

Pero lo que más desestabilizó al gobierno es que 27 policías también fueron heridos, no por hondazos sino por balas, lo que indica que por lo menos algunos de los manifestantes sí tenían pistolas.

Tras el enfrentamiento —el más violento en la historia de la nación en los últimos años— más de 300 policías de frontera fuertemente armados se posicionaron alrededor de General Mosconi, controlando los papeles y los vehículos de todos los que entran o salen de la ciudad como si esto fuera un territorio enemigo. Los manifestantes abandonaron su corte de ruta y se instalaron en la plaza central, donde pidieron la liberación de tres de sus líderes que fueron arrestados durante el enfrentamiento.

Inspirándose de los manifestantes de General Mosconi, otros trabajadores desocupados han cortado rutas de forma esporádica en los alrededores de Buenos Aires. Otro grupo de trabajadores se congregó frente al palacio presidencial el 21 de junio durante una protesta que tomó una forma violenta cuando hombres enmascarados prendieron fuego a la cercana entrada de un banco con bombas de gasolina. Los productores de tabaco de las cercanías de Salta están ahora amenazando con cortar las rutas para reclamar subsidios al gobierno.

«Este es un problema que el gobierno nacional tiene que resolver porque se les está escapando de las manos», dice Carlos Ruckauf, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El ministro del interior, Ramón Mestre, dice que los manifestantes empiezan a recurrir a «tácticas de guerrilla urbana».

Con una tasa de desocupación a nivel nacional ubicada por encima del 16 por ciento y varios gobiernos provinciales cerca de la bancarrota, círculos oficiales temen que una oleada de cortes de ruta ocasionados por los desocupados solo frene una economía debilitada. Varios grupos de protesta locales y de ideología Trotskista mandaron referentes a General Mosconi para ofrecer su apoyo y aprender tácticas.

La tensión en General Mosconi tiene sus raíces en la venta entre 1991 y 1993 de YPF , la enorme petrolera estatal. Centenares de trabajadores locales del gas y petróleo fueron despedidos con pequeñas indemnizaciones y poca o ninguna capacitación o préstamos para una difícil transición hacia otro empleo.

Trabajadores desocupados empezaron a cortar rutas locales en 1997, y su protesta se ha vuelto cada vez más violenta. El mes de noviembre pasado, una multitud quemó la municipalidad. Más preocupante, otra multitud atacó la estación de policía en la cercana ciudad de Tartagal y robó armas, incluyendo varias armas reglamentarias. «Si el gobierno nacional o provincial no emprende rápidamente un plan para convertir esta región en una zona agrícola o ganadera», dice Juan Nieva, de 49 años, un antiguo empleado de YPF que ahora ocupa la plaza, «estas explosiones sociales continuarán y más gente va a morir en las calles».

Este tipo de declaraciones y la negación del gobierno provincial a negociar ha puesto al gobierno del señor de la Rúa en la incómoda posición de no respetar a los manifestantes con concesiones o de permitir que empeore una situación inestable.

Cuando el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Pablo Cafiero, visitó General Mosconi, la ministra del Trabajo, Patricia Bullrich, lo criticó públicamente por «posicionarse políticamente a él mismo a expensas del gobierno». Ella dio la impresión de que el señor Cafiero vino a Mosconi sin la aprobación del presidente De la Rúa.

Pero el señor De la Rúa se puso de parte del señor Cafiero y un oficial de nivel intermedio fue mandado a Mosconi para diseñar un plan que ofrezca trabajos en forestación y en otras obras públicas a los desocupados.

Asesores del señor De la Rúa dicen que no interferirán en la decisiones judiciales a nivel local para liberar a los tres líderes de la protesta, que si llegan a ser demasiado permisivos con los manifestantes de General Mosconi, eso sólo generaría más violentas protestas.

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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