Investigan una estafa millonaria con multas contravencionales en Jujuy

Hay al menos cuatro personas imputadas, entre ellas, el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo, uno de los que persiguió a Milagro Sala, que renunció tras ser imputado. Se fraguaban actas contravencionales, se pagaban coimas en el Ministerio de Seguridad y se desconoce el destino dado a unos $500 millones.

El conocimiento público del presunto desvío de más de 500 millones de pesos de recaudación del Juzgado Contravencional N° 1 y la existencia de actas contravencionales apócrifas para justificar multas millonarias desató un escándalo en Jujuy y provocó la renuncia del ahora ex juez contravencional Matías Ustarez Carrillo, otrora hombre fuerte que aplicó el Código Contravencional jujeño para perseguir a opositores al gobierno de Gerardo Morales, particularmente a la dirigente social Milagro Sala.

La investigación judicial, iniciada en 2024 pero que se hizo pública hace una semana, envuelve a la gestión del exgobernador Gerardo Morales y la actual administración del gobernador Carlos Sadir.

La investigación se lleva adelante en tres causas. Una tiene dos imputados, Ezequiel Yevara y Matías Yevara, quien se encuentra detenido desde el año pasado, acusado de asociación ilícita. También está acusada una funcionaria de ese Juzgado Contravencional, Noelia Ramos, y se sabe que hay otras personas imputadas.

La segunda causa surgió tras la apertura de celulares, en este caso la imputación es por “malversación de fondos, defraudación al estado”, por el desvío de fondos que debían ir al Estado jujeño.

La tercera causa tiene como imputado al ex juez contravencional Matías Ustarez Carrillo, por incumplimiento de deberes de funcionario. La semana pasada Ustarez presentó su renuncia, que le fue aceptada por el gobierno. En su lugar fue designada Gabriela Albornoz, ex diputada provincial, funcionaria de la gestión de Sadir.

El secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, dijo que "el gobernador pidió poner a disposición todo el material, justamente, para que se investigue. Si hay responsables de la gestión anterior o si se debe ampliar la investigación a otro juzgado o a otros funcionarios dentro del Juzgado Nº 1, se hará. Se ha puesto todo a disposición. No vamos a encubrir a nadie", insistió.

Se espera que hoy, tras la feria judicial, haya novedades sobre este caso de corrupción en la gestión radical.

Los juzgados contravencionales son tres en Jujuy, dependen del Ministerio de Seguridad de la provincia. Desde 2016, la gestión de Gerardo Morales separó del Poder Judicial a esos juzgados y pasaron a administrarse en la cartera. Por sus características, estos juzgados tienen gran poder recaudatorio.

El fiscal Diego Funes, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, lleva la investigación que se inició por un presunto cobro de coimas de un efectivo policial de Seguridad Vial a un conductor que no contaba con la documentación vehicular.

En abril de este año, la abogada Alejandra Cejas asumió la defensa del único detenido por la causa de defraudación en el Juzgado contravencional N°1. La causa por asociación ilícita estaría próxima a ser elevada a juicio.

Las defensas solicitan que los procesos se unifiquen. El abogado Roberto Aleman, de la defensa de uno de los Yevara, dijo que les sorprendió "la imputación de Ustarez porque no estaba participando en ninguna de las causas hace un mes". "Nos llamó la atención a las defensas porque no correspondía que exclusivamente esté solo imputado el exjuez, sino que participe de las otras causas porque hay un vínculo”, explicó el abogado.

También señaló que “esto reabre otro reclamo más profundo y amplio, como es la intervención del Poder Judicial, un pedido que hizo hace dos años el doctor Alberto Nallar. Esto se agrava porque las contravenciones están en la nueva Constitución, prevé un tratamiento express y se viola el derecho de defensa”, consideró.

El abogado Patricio Sarzuri, que defiende a la secretaria del Juzgado Contravencional 1, Noelia Ramos, apuntó al Ministerio de Seguridad: "deberá explicar los fondos que ingresaban", sostuvo. Dijo que desconoce de "dónde sale el monto de los 500 millones”.

Sin control, actas armadas
Los Juzgados Contravencionales llevan 8 años de recaudación de fondos millonarios por multas por contravenciones, y no fueron controlados ni por el Tribunal de Cuentas en su momento ni por el nuevo organismo, la Auditoría General de la Provincia.

“Acá parece que encubren a funcionarios del gobierno”, dijo Alejandra Cejas. Contó que aún no pudo acceder a todo el expediente y no concoe todas las pruebas. La abogada destacó que denunció irregularidades en el proceso, planteo que también hizo Sarzuri. "Mi cliente no es empleado público, la defraudación solamente la puede hacer la gente que trabaja en la administración pública. Entiendo que quieren que alguien se haga cargo de esto y no la gente del gobierno”, sostuvo Cejas.

Esta abogada señaló que no hubo rendición de cuentas tras el cobro por “actas contravencionales” realizadas desde 2016.

El 1° de enero de 2016 empezó a regir el Código Contravencional aprobado en la gestión de Eduardo Fellner. Fue el instrumento que usó Gerardo Morales bajo el lema “Unión, paz y trabajo” para disciplinar y perseguir a dirigentes sociales como Milagro Sala, y opositores a su gobierno. A Sala, el ahora ex juez Ustarez la condenó a pagar una multa por encabezar un acampe de protesta, y avanzó con proscribirla durante tres años en su condición de dirigente social. Luego ese juicio quedó anulado.

La creación de los juzgados contravencionales delegó poder a la Policía de la provincia para realizar contravenciones millonarias a quien llevara a cabo una protesta, principalmente por entorpecimiento de la vía pública.

En cada manifestación se hacían actas de infracción contravencional. Durante la pandemia se hicieron cientos de actas contravencionales y en el Jujeñazo, en junio del 2023 se hicieron cientos de actas a manifestantes.

Por su poder recaudatorio los Juzgados Contravencionales son considerados una “caja del Ejecutivo”, las multas que no se pagan pasan a la justicia penal.

El conocimiento público de la investigación sobre el destino dado a lo recaudado, habilitó que se conocieran testimonios que dan cuenta de modus operandi de la Justicia Contranvencional jujeña.

La policía retirada Cristina Vargas contó en declaraciones públicas que se cobraban coimas: “Tenés una multa de 800 mil pesos, pero vos ibas al Juzgado Contravencional y arreglabas por 500 mil pesos y te liberaban el vehículo". “Hay muchísimo dinero recaudado por los numerosos trámites que realiza toda la población, muchos eventos que también se realizan los fines de semana, sabemos que la recaudación es millonaria. Y todo eso realizaba el control, el gobierno", detalló Vargas.

Por otra parte, en febrero último la dirigente gremial docente Gabriela Cabezas denunció a Ustarez Carrillo, a Laura Erazo, al oficial principal Mamaní, y a la cabo Cisneros. Los acusó de que en un acta contravencional contra el también sindicalista docente Guillermo Duarte la incluyeron como testigo presencial a pesar de que ella ni siquiera se encontraba en la provincia el día y la hora señalada en el documento. “Cualquiera puede usar tus datos en el Contravencional, y armarte una causa", enfatizó.

Cabezas recordó que cuando estaban realizando una permanencia en una carpa, "empezaron con las actas, a meternos miedo". "A un compañero lo apretaron cuando se presentó al negociador de la policía, dijeron que eran 300 millones, y se la bajaban a 500 mil pesos y se la podía financiar con la tarjeta de crédito, y terminó pagando 150 mil pesos, plata que juntamos con compañeros”, relató.

“No arman el acta en persona, traen ya armada el acta aunque no estés en el lugar”, es grave “espero que la denuncia avance”, ratificó.

Caja paralela
La novedad de la investigación tuvo su eco en el ámbito de la política. Gastón Remy, presidente del bloque del FIT-U, cuestionó al ex juez Ustarez Carrillo. “Un funcionario que no puede explicar cómo en su repartición ocurría el cobro de multas ilegales durante 8 años y se montó una estructura para hacer caja paralela”, sostuvo.

Además, afirmó que “fue un aparato persecutorio de opositores, sindicalistas y todo aquel que hubiese levantado una voz contraria, lo consiguieron a fuerza de represión e imponiendo esos cobros indebidos y que para colmo ahora se conoce que toda esa enorme masa de recursos iba a parar a manos de quién sabe”.

El legislador destacó que debía haber “registros de las actas que cobraron, ese dinero (de la recaudación) tendría que haber ingresado a una cuenta del Juzgado y de ahí a la cuenta única que maneja el Ministerio de Hacienda. Los saldos del Juzgado deberían ser iguales a los saldos que ingresaron a Hacienda, si no es así, alguien se quedó con plata que no le correspondía”, explicó.

Sin embargo, Remy es escéptico sobre el resultado de la investigación en curso. “No creemos que exista la voluntad política de llegar al fondo de la cuestión, no creemos que la justicia a medida que armó Morales vaya a investigar y menos a juzgar a uno de sus alfiles en lo que fue el montaje de una estructura de persecución y restricción sobre las libertades democráticas”, sostuvo.

Y adelantó que su bloque solicitará la interpelación a funcionarios del Ejecutivo para que den cuenta de los fondos, y también presentará un proyecto de ley para derogar el Código Contravencional.

En ese sentido la diputada Natalia Morales puntualizó que “lo agravante de esto es que el actual gobernador Sadir sigue utilizando como una continuidad disciplinadora. Ahora queda a las claras que esa herramienta, que a todas luces es inconstitucional, es plata que les fue confiscada a jujeños, que ahora está en los bolsillos de alguien y no tuvo el destino que nos dijeron”. (página 12)